Busca el Gobierno acelerar un acuerdo por la deuda en default

Busca el Gobierno acelerar un acuerdo por la deuda en default
Para eludir al Congreso, analiza presentarles a los bonistas una oferta peor que la del canje de 2005
El Gobierno busca tomar un atajo para tratar de resolver la pesada carga de los bonistas que tienen títulos en default sin tener que pasar por el Congreso, a través de una oferta peor que la realizada en 2005. Fuentes del Ministerio de Economía destacaron a LA NACION la posibilidad de buscar "alternativas" que permitan cumplir con una de las premisas que se fijó el ministro Amado Boudou para volver antes de fin de año a los mercados voluntarios, en medio de la profunda desconfianza de los inversores financieros.

En ese sentido, un camino es tratar de reflotar la negociación con los bancos que el año pasado presentaron una propuesta para sumar a los inversores que quieren desprenderse de los títulos que dejaron de pagarse a fines de 2001. Esta versión 2009 del plan que presentaron los bancos Barclays, Deutsche y Citibank ya no incluirá la promesa de fondos frescos del año pasado. A esta restricción externa, se le sumaría la decisión propia de restarle el bono ligado al PBI, entre otros ejes.

Pero más allá de la voluntad oficial de tratar de acordar con este grupo acreedor de unos US$ 28.000 millones, el Gobierno tiene un límite fáctico para negociar por la denominada ley cerrojo, sancionada en 2005 para garantizar el éxito del canje de la deuda realizado por el equipo del ministro Roberto Lavagna. Esta norma establecía que el Gobierno no podía "reabrir el proceso de canje respecto de los bonos" que formaron parte de la reestructuración.

El artículo tercero detallaba la prohibición para el Estado nacional de "efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto de los bonos" incluidos en ese canje. Pese a esa letra tan tajante, Sergio Chodos, que maneja el fondo de garantía de sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y que fue uno de los promotores de aquella ley, cree que "si se hace una oferta peor que la de 2005, se podría eludir la ley cerrojo", según pudo saber LA NACION. Así se lo sugirió a Boudou.

Debate interno

En realidad, algunos funcionarios creen que el Gobierno no debería tener problemas para derogar la ley cerrojo y saldar esta larga asignatura pendiente. Sin embargo, otros admiten que en el actual contexto de tensión entre el oficialismo y la oposición por los superpoderes, ningún proyecto que signifique erogar fondos para los acreedores puede recibir la bendición de los legisladores.

El ministro tiene buena relación con Chodos, pero también escuchó opiniones que niegan la existencia de ese "hueco" legal. "No se puede zafar y, además, la prioridad no es arreglar el problema, sino dar señales de que se lo quiere arreglar", señaló otra calificada fuente oficial.

En términos técnicos, en Economía creen que a los denominados holdouts menos beligerantes (concepto que excluye a los fondos buitres) se les puede ofrecer un bono a 25 o 30 años por un total de US$ 5000 millones, que implicaría una baja carga adicional (US$ 500 millones) de deuda en los primeros años. Al margen de este debate interno, bancos de inversión aseguraron en los últimos días que si el Gobierno no mejora la cuestión de las estadísticas oficiales y el frente fiscal, de poco le servirá arreglar con los bonistas que siguen en default.

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