Busca la Corte una ley que le asegure fondos

No quiere depender de la Jefatura de Gabinete o de la Magistratura
La Corte Suprema reclamará más independencia para la Justicia: la semana próxima pedirá una reunión con los presidentes de las cámaras legislativas para impulsar un proyecto de ley en el que solicita que se le reconozcan atribuciones para administrar y disponer del dinero judicial sin pasar por la Jefatura de Gabinete ni por el Consejo de la Magistratura.

"La Justicia necesita mayor autarquía presupuestaria y más independencia, en la misma dirección que la justicia de los Estados Unidos. Los ministros de la Corte tenemos una opinión unánime", afirmó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Desde hace varias semanas, los jueces del máximo tribunal pulen un anteproyecto de ley de 16 artículos, con una exposición de nutridos fundamentos, según pudo saber La Nacion.

En la Corte están molestos con el proyecto de presupuesto nacional: si bien el Poder Judicial tendrá ingresos por 4500 millones de pesos en 2010, sólo estará autorizado a gastar 3200 millones. Situaciones de este tipo, que se repiten año tras año, obligan a la Corte a solicitar múltiples autorizaciones de partidas a la Jefatura de Gabinete. Además, el Consejo de la Magistratura fracasó en su tarea de administrar el Poder Judicial y la Corte no quiere compartir la responsabilidad que le compete a ese organismo, en el que hay muchos legisladores, por el colapso que envuelve a varios fueros.

"Entre los recursos que corresponden al Poder Judicial y la autorización presupuestaria, el Poder Ejecutivo nos recorta el 35%", dice Lorenzetti.

Hay dos datos que no tienen relación directa con este asunto, pero hacen al contexto en que trasciende este proyecto. Por un lado, en estos momentos existe cierta crispación política alrededor de la ley de radiodifusión, un tema que genera un fuerte enfrentamiento de las empresas de medios con el Gobierno por la libertad de expresión. Y, por el otro, la Corte decidió inmiscuirse en el tema de las retenciones a las exportaciones (causa Sancor, de lo que se informa en Economía), un tema de alta sensibilidad política.

La Corte reclama que los poderes políticos asuman que es la cabeza del Poder Judicial y que éste debe ser independiente, incluso desde el punto de vista presupuestario.

El presupuesto judicial se integra con el 3,5% de la recaudación tributaria y no tributaria del Tesoro y, también, con la recaudación por tasa de justicia y otros ingresos propios. Ese dinero, según la ley de autarquía, pertenece al Poder Judicial desde el mismo momento en que ingresa por las ventanillas de los bancos.

Sin embargo, la Corte, y la Justicia, tiene problemas para utilizarlo:

* Si bien le correspondería utilizar $ 4514 millones, según el proyecto de presupuesto recibirá $ 3249 millones, un 28%menos, explican en la administración de la Corte. Además, el presupuesto judicial de 2009 fue algo superior a los $ 2900 millones, con lo cual habrá un aumento de $ 300 millones, que no alcanza para cubrir la inflación. También el presupuesto propio de la Corte fue reducido: cayó de $ 916 millones a 596 millones.

* El presupuesto de 2010 ni siquiera prevé que la Justicia pueda hacer uso del dinero que tiene ahorrado, unos $ 1500 millones, que también corresponde al Poder Judicial. Así, están en riesgo proyectos edilicios para construir o refaccionar tribunales y, también, erigir edificios auxiliares, como la morgue judicial.

El presupuesto nacional no cierra. Y en la Justicia sospechan que parte del pequeño excedente financiero que muestra, en rigor, fue cubierto con fondos de la Justicia. Si esto fuera así, el Gobierno estaría usando al Poder Judicial como una caja más.

Para intentar salir de esta situación, la Corte ya tiene listo un anteproyecto. Los jueces estiman que difícilmente sea aprobado, pero quieren dejar en claro que son los poderes políticos, y no la Justicia, los responsables de todos los problemas judiciales.

El proyecto, que está acompañado de un largo fundamento, establece:

* Los artículos 2 a 6 proponen modificar la ley del Consejo de la Magistratura, asignándole la presidencia del cuerpo al presidente de la Corte, como fue hasta 2006. Eso ayudaría a la Corte a poner un poco de coherencia en la gestión de un organismo que no tiene vocación de coordinar el trabajo con el alto tribunal.

* El artículo 7 propone que sea la Corte y no el Consejo la que haga contrataciones. El Consejo, en los últimos años, mostró notables deficiencias en esa tarea. Por ejemplo, este mes se olvidó de pagar el gas que calefacciona los tribunales de algunos distritos; desde hace años no planifica la construcción de edificios ni tampoco avanza con el plan de informatización de los tribunales, a pesar de que la Corte dispone del dinero para hacerlo.

* El artículo 9 propone modificar la ley de autarquía judicial: la Corte Suprema elaborará el presupuesto judicial y lo remitirá directamente al Congreso, sin enviarlo previamente al Ministerio de Economía, donde se le hacen recortes. Será la Corte, como cabeza de la Justicia, y no el Consejo, la que tendrá la atribución de elaborar el presupuesto judicial y disponer de los fondos. El Consejo sólo podrá administrar.

* Los artículos 11 y 14 autorizan a la Corte a disponer todas las reestructuraciones presupuestarias, sin tenerle que pedir autorización a la Jefatura de Gabinete.

Claves

$ 4514

Millones

* Es lo que la Corte Suprema de Justicia considera que debería ser el presupuesto de la Justicia. Pero dice que se le asignará un 28% menos.

$ 1500 Millones

* Son los fondos que la Justicia tiene ahorrados, según las estimaciones del máximo tribunal.

3,5%

De la recaudación tributaria

* Se debe asignar al presupuesto del Poder Judicial, más lo obtenido por la tasa de Justicia.

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