En busca de la absolución corporativa

Aunque habitualmente pródigo en las más disparatadas sentencias, Luis Juez se ha mostrado llamativamente lacónico para referirse a la delicada situación que vive Miguel Angel Ortiz Pellegrini, sospechado de litigar contra la Municipalidad de Córdoba pese a estarle vedado por su condición de legislador.
El candidato del Frente Cívico, un reconocido cazador de brujas en su imaginaria lucha contra la corrupción, apenas ha dedicado un par de reflexiones públicas sobre la conducta de uno de sus principales escuderos, manifestando que "tenía entendido" que el dirigente "no estaba litigando". Sin embargo, en declaraciones formuladas el 13 de mayo, deslizó lo que, presumiblemente, constituye una estrategia silenciosa para tratar de salvar el maltrecho prestigio del legislador por la Capital: "Hay un tribunal de ética en el Colegio de Abogados y (ante la duda) puede preguntarle al presidente del tribunal de ética", sostuvo Juez en declaraciones radiales.

Ni lerdo ni perezoso, Ortiz Pellegrini hubo de seguir tal sugerencia a pie juntillas, presentándose ante el Colegio de Abogados y requiriendo un dictamen sobre su proceder profesional en el caso de los juicios contra la Tamse. La movida ha sido realizada con cierto sigilo, con el evidente propósito de mostrar a la opinión pública una especie de certificado de inocencia expedido por sus colegas, si es que estos coinciden con sus argumentos. Pero el asunto parece mucho más complejo que una cuestión de simple deontología profesional.

¿De qué lado del mostrador está?

La democracia constitucional está concebida para situarse por encima de los intereses de las corporaciones. A diferencia de los regímenes fascistas o comunistas, que pretendían construir algo así como el bienestar del Estado sobre la consulta jerárquica a estamentos, corporaciones o "soviets" -según el caso- los sistemas políticos republicanos están estructurados sobre el principio que la soberanía del pueblo es superior a la soberanía de los intereses particulares, y que la división de poderes es la principal garantía operativa de las garantías y derechos esenciales de los ciudadanos. El Poder Legislativo es la prueba más evidente de esta concepción: sus integrantes representan partidos que, por definición, deben tener visiones generales sobre la sociedad y su bienestar, superadoras de los intereses corporativos o de clase. Sólo así las leyes, decisiones autoritativas de los parlamentos, pueden reputarse válidas para la comunidad toda.

Dado que se trata de uno de los poderes del Estado, con plena independencia del Ejecutivo y el Judicial, el Poder Legislativo funciona como un sistema con reglas propias, aplicables a sus miembros. Es así que el artículo 99 de la Constitución Provincial establece las sanciones disciplinarias que sólo la Legislatura puede imponer a sus integrantes, entre ellas, la de "corregir, excluir de su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad, y removerlo por inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su incorporación. (… ) En todos los casos debe asegurarse el derecho de defensa y debido proceso".

Vale decir que quien integra este poder del Estado goza tanto de prerrogativas (tales como privilegios e inmunidades) como de obligaciones, entre ellas, la de someterse al escrutinio de sus pares por cualquier "desorden de conducta en ejercicio de sus funciones o por indignidad". Sin embargo, parecería ser que este concepto ha sido soslayado por la dupla Ortiz Pellegrini-Luis Juez.

La historia política contemporánea parecería no haber avanzado para estos campeones de la decencia. Cuando son legisladores o candidatos (ambos tienen inmunidad de opinión) no tienen empacho en utilizar al máximo las prerrogativas constitucionales para insultar o descalificar a quienes no piensan como ellos; en esto, piensan como políticos democráticos. Sin embargo, ante la mínima amenaza de ser sancionados por los mecanismos que prevé la ley, su razonamiento se aparta de tal lógica y comienzan a actuar corporativamente, defendiendo su profesión; aquí se vuelven medievales.

La mala fe de este comportamiento es evidente. Ante una denuncia, prefieren recurrir a una corporación cuyo objeto es proteger la práctica profesional de la abogacía, no velar por el bien común o por el correcto funcionamiento del Poder Legislativo. En otras palabras: para insultar viene bien ser legislador y ampararse en la Constitución; para rendir cuentas, conviene ser abogado y consultarle al Colegio. Fiel a su estilo, Ortiz Pellegrini sigue atendiendo en varios mostradores, también en cuestiones disciplinarias.

La cuestión de fondo

Seguramente para preocupación de los abogados, Luis Juez y Ortiz Pellegrini han decidido establecer un eje defensivo en torno al Colegio que los agrupa. Ambos pretenden salir del atolladero con un dictamen acotado a las reglas de la profesión, y no tienen empacho en requerir a sus colegas que les otorguen tal decisivo cartabón. El juecismo sabe que es minoría en la Legislatura y que allí son varios los ofendidos por sus arbitrarias acusaciones y su cínico uso de corrupción. En particular, el legislador es plenamente consciente de que el devenir de la cuestión de privilegio planteada por el justicialista Daniel Passerini tiene un pronóstico reservado. Debe sacar un as de la manga rápido. Sólo sus cofrades profesionales podrían proporcionárselo.

El problema es que la consulta al Tribunal de Ética del Colegio no es en absoluto ética por parte del interesado. No debe ser simpático para sus autoridades que les transfieran semejante paquete. Ellos no constituyen una instancia que pueda dirimir sobre una cuestión jurídica-política. Lo máximo que podrían hacer es establecer si uno de sus miembros tuvo un comportamiento acorde a las pautas de la profesión. Pero ocurre que lo ético para un abogado puede no resultar ético en el ejercicio de la representación popular. Por tal motivo, la corporación no debería expedirse sobre este caso, un verdadero presente griego, so riesgo de convertirse en un tribunal especial de raigambre medieval. Es como si una acusación de mala praxis tuviera que ser juzgada por el Colegio Médico; tal cosa no podría ser sostenida seriamente. En esta línea, un hipotético veredicto no tendría validez alguna. Mal que le pese a Ortiz Pellegrini, sólo la Legislatura puede entender sobre las sospechas que pesan sobre él. Si su conducta no merece reproche alguno, eso deberán decidirlo sus pares, no sus colegas.

En resumen, el legislador tiene un problema ético y legal, que debe resolverse en el ámbito al que ahora pertenece. Milita en el Frente Cívico y, como tal, reclama para sí y sus camaradas el monopolio de la decencia y la moral en la provincia de Córdoba. Sin embargo, sus conductas constituyen la negación de cualquier virtuosismo que -se supone- debería animar a todo integrante de la "nueva política". En tal sentido, recurrir al Colegio de Abogados, introduciendo actores inocentes dentro de una grave sospecha, es volver a hacer trampa. Algo que, parecería, a Ortiz Pellegrini se le ha vuelto costumbre.

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