El IPV burló una vez más una conciliación

Se trata del caso de dos familias pobres que se disputan una vivienda por un error del sistema.
Una mezcla de impotencia, desazón y engaño es lo que sintieron ayer las autoridades judiciales y dos familias que se disputan una humilde vivienda del barrio Virgen del Rosario de esta ciudad durante la audiencia de conciliación convocada por la jueza de Proceso Ejecutivo, Margarita Pueyrredón. Cuando todo hacía suponer que en este acto se iba a destrabar el conflicto, la audiencia debió suspenderse por la llamativa ausencia de los representantes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El organismo no sólo se había comprometido a llevar una respuesta concreta, atento a lo ordenando por la Justicia, sino que anunció públicamente su firme voluntad de entregar una vivienda a una de las afectadas por este problema. Lo hizo a través de una nota publicada por El Tribuno en su edición del 14 del corriente.

Pero Ana María Alvarez -la ocupante del inmueble- e Hilda Victoria Salinas -la legítima dueña del lote-vieron sepultadas, una vez más, sus esperanzas por la acción de la mano impiadosa del sistema en esta maratónica disputa que vienen sosteniendo ambas desde hace ocho años. La misma sensación de impotencia sintieron las defensoras oficiales Rosanna Sángari (de Salinas) y Natalia Buira (de Alvarez), al comprobar que toda la acción que vienen desplegando en favor de sus defendidas cayó en saco roto. Lo propio ocurrió con la jueza Pueyrredón quien, con buen criterio, había convocado a las audiencias para evitar tener que disponer el desalojo de la señora Alvarez, consciente de los derecho que le asisten a Salinas.

"Lo que hizo el IPV es una falta de consideración a las personas involucradas en esta problemática y una falta de respeto a la Justicia", expresó Sángari. En tanto, Buira sentenció que "el Estado es el primero que debe dar el ejemplo cuando es convocado por la Justicia frente a cualquier circunstancia. ¿Con este comportamiento qué queda para los de más?".

Esta dramática historia comenzó en 2001, cuando el desaparecido organismo del Estado, Familia Propietaria, autorizó a Alvarez a que ocupara una precaria vivienda ubicada en la sección "T", manzana 158 "A", parcela 6, del barrio Virgen del Rosario, con el compromiso de que a corto plazo se la escriturarían. Lo que nadie le dijo es que el lote estaba en litigio, ya que la anterior propietaria, Gladys Díaz, lo había puesto como garantía de una moto que adquirió en la firma Yuhmak SA, y que nunca pagó. El inmueble fue ejecutado y al poco tiempo salió en remate. Hilda Salinas, una mujer de 72 años, se presentó a la subasta y lo adquirió por 2.100 pesos, y con ello pensó que por fin haría realidad el sueño de la casa propia. Sin embargo, su ilusión se esfumó cuando fue a habitarla y se encontró con la novedad de que estaba ocupada por Ana María Alvarez, madre de tres hijos, uno de ellos discapacitado. Así se inició la disputa entre dos familias pobres, necesitadas de un techo que, de hecho o por derecho, les pertenece.

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