La titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablaron hoy por teléfono para desactivar un foco de conflicto que se abrió por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endureció los controles a los extranjeros con antecedentes penales y aceleró las expulsiones de inmigrantes con condenas por delitos graves. El choque había ocurrido días atrás tras la difusión de un paper interno de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal que planteaba serias críticas al DNU, lo calificaba de "inconstitucional", y llamaba a oponerse en los procesos judiciales.

En una carta enviada por la Procuración y que lleva la firma de la fiscal Mariela Labozzetta, se aclara al secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, que el organismo "no emitió recomendación ni instrucción general alguna" a los fiscales. "El trabajo realizado por la Dirección General de Derechos Humanos constituye una herramienta de discusión interna", aclara la misiva a la que tuvo acceso Clarín. Y lanza duros cuestionamientos a lo que calificó de "intromisión a la autonomía" de la Procuración. "Se trata de un inadmisible pedido de explicaciones de un roganismo de la administración de Justicia, independiente de los demás poderes", agregó Labozzeta.

La réplica surgió luego de que el propio Gonzalo Cané había alertado que el documento que había trascendido implicaba declaraciones "en abstracto sobre la constitucionalidad de las leyes y el dictado de instrucciones a la totalidad del cuerpo de fiscales". En la carta del subsecretario del Ministerio de Seguridad también alertaba que los cuestionamientos de la Dirección de Derechos Humanos implicaban "una opinión en abstracto, defecto que le resta todo valor jurídico, sino que ha prescindido a lo largo de su desarrollo del hecho de que la política migratoria de la Nación es resorte -natural y discrecional- del Poder Ejecutivo"

"El documento referido constituye una manifestación política de suma gravedad institucional y convoca a las autoridades del Ministerio Público Fiscal a mantener una reunión con esta cartera a fin de que aclaren o rectifiquen dichas expresiones por resultar manifiestamente inapropiadas", se indicó.

En diálogo con Clarín, Cané advirtió que "la carta confirma que el DNU no va en contra de la Constitución y que la Procuración no recomendó rechazarlo a los fiscales. La respuesta del Ministerio Público Fiscal nos satisface" y dio por cerrada la polémica. Colaboradores cercanos de Gils Carbó, que confirmaron el diálogo con Patricia Bullrich, también confirmaron que con la comunicación quedó desactivado el conflicto.