Se trata de los fondos que ese día había depositado la Argentina en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY), y que el juez de Nueva York prohibió liquidar hasta que el país no cumpliera con el fallo a favor de los acreedores. La Argentina pidió ayer además a Griesa que vuelva a colocar a ese banco como el responsable de realizar la operación, y le informó al juez que el BoNY continuará siendo el agente financiero del país en las operaciones de pago de la deuda que se emitirá en las próximas horas para cumplir con los pagos a los fondos buitre y holdouts. 

Los u$s 539 millones que se pagarán el viernes (que con intereses, punitorios y otros vencimientos acumulados desde junio de 2014 llegan a los u$s 835 millones) fueron girados por el Ministerio de Economía, manejado en esos tiempos por Axel Kicillof, como respuesta a la advertencia de Thomas Griesa de declarar al país en desacato y de embargar cualquier dinero que el país girase como pago de deuda "performing" (emitida luego del default de 2001) si no cumplía antes con los acreedores que habían ya ganado el "juicio del siglo". Eran las semanas posteriores a que el país ya hubiera perdido el caso, por unanimidad, ante el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., y Griesa llamaba a negociar. Ya había nombrado al "special master" Daniel Pollack, a quien le costaba sentar en una mesa serena de diálogo a las partes. El 27 de junio de 2014 era el día del vencimiento del pago de intereses de deuda por unos u$s 539 millones, y el juez de Nueva York advertía que a cualquier liquidación de ese dinero se le aplicaría la cláusula "pari passu". Cristina de Kirchner instruyó a Kicillof para liquidar esa deuda aun ante la amenaza del juez, lo que el ministro concretó hacia el mediodía. Griesa no embargó el dinero, ni aplicó en consecuencia la "pari passu", pero dejó los fondos en una especie de limbo judicial hasta que se resolviera el caso. Un mes después de esa fecha el propio "special master" declaró al país en un nuevo "default", que Kicillof definió como "Griefault". En ese marco y con duros cuestionamientos a la estrategia argentina, el magistrado frenó el pago y declaró que era "ilegal" y que "no será realizado". 

La Argentina presionó luego directamente al BoNY para que pague y desconozca la decisión del juez, bajo la amenaza directa de acusarlo por no cumplir con los deberos firmados en el momento de cerrar el contrato con el país como agente financiero de pago de la deuda. Kicillof no sólo cumplió esta amenaza, sino que además de despedir al BoNY, lo expulsó del sistema financiero local y lo obligó a cerrar sus oficinas en Buenos Aires. 

En esos días comenzaban las negociaciones en el bufete de Pollack, donde aún la Argentina era representada por el estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton (CGS&H), mientras que desde el otro bando comenzaban a operar Theodore Olson y Robert Cohen, del fondo NML Elliott, y Stephen Poss y Robert Carroll, de Olifant. 

Explicaba el BoNY que el dinero había sido depositado en una cuenta de la entidad en el Banco Central de República Argentina (BCRA), y que no había sido transferido a los Estados Unidos a la espera de una definición. Así quedó flotando hasta hoy mismo, cuando la entidad que ahora maneja Federico Sturzenegger ordenará su transferencia y posterior liquidación. Entre junio de 2014 y ayer, el dinero continuó formando parte de las reservas del BCRA, contabilizándolas como propias. 

Michael A. Paskin, el abogado del estudio Cravath, Swaine & Moore, presentó ayer el escrito de pedido de transferencia de los fondos a nombre de la Argentina, que Griesa deberá liberar, junto con un segundo reclamo al juez para ratificar que el BoNY continuará siendo el agente financiero del país. Informa este escrito que además el banco norteamericano continuará ejerciendo el rol de pagador en la deuda que se emitirá para cumplir con el pago a los fondos buitre y para los cuatro bonos que se lanzaron ayer.