Sín Brújula

¿En qué medida la Constitución Nacional sustenta las reformas económicas y sociales que nuestro país debiera encarar? El debate adquiere vigencia si recordamos que hace 60 años se estaba por aprobar la Constitución peronista del año 49, tan distinta a la que nació del Pacto de Olivos.
El domingo escribí en este mismo espacio sobre la Constitución refundacional de Bolivia y ese ejercicio me condujo a una pregunta que me formulo cada tanto: ¿en qué medida nuestra propia Constitución, reformada en 1994, es fiel sustento de las profundas reformas económicas y sociales que nuestro país debiera encarar?

No es, como se ve, una cuestión abstracta, académica. Y adquiere vigencia histórica si recordamos que por estas fechas, hace sesenta años, se estaba por aprobar la famosa Constitución peronista del año 49, tan distinta –por no decir opuesta– a la que nació del Pacto de Olivos, en pleno auge nacional del menemismo y en el marco internacional del discurso único neoliberal.

Aunque las dos reformas tuvieron como motivación original asegurar la reelección presidencial de Juan Domingo Perón y Carlos Saúl Menem, respectivamente, ambas incorporaron cambios normativos muy importantes que reflejaban en gran medida el consenso social existente. El ánimo o el espíritu imperante en la sociedad cuando fueron promulgadas.

La de 1949, sancionada en el momento en que la distribución de la riqueza alcanzaba su punto más alto, vino a reemplazar al Estado tutelar (o gendarme) del liberalismo decimonónico por el Estado empresario, que se hacía cargo del comercio internacional, de la banca, de sectores clave de la industria y asumía el monopolio absoluto de los servicios públicos, en un nuevo marco jurídico donde la propiedad privada estaba acotada por la función social.

Un esquema que, salvando las singularidades de los personajes locales que lo llevaron a la práctica, no difería demasiado del que había aplicado –entre tantos otros– el laborista Clement Atlee en Gran Bretaña.

Lo que se conoció como Welfare State o Estado de bienestar, el capitalismo humanizado con decisiva presencia estatal, que había surgido en Estados Unidos como respuesta a la Gran Depresión y en América Latina en los gobiernos populares del mexicano Lázaro Cárdenas o el brasileño Getulio Vargas. Como remedio para una crisis no muy diferente de la actual.

No se trata de rendirle un homenaje nostálgico a la Constitución del 49, generada en los momentos cenitales del movimiento de masas, pero es válido rescatar algunos de sus postulados esenciales que están absolutamente vigentes, como el rescate para el Estado nacional de los recursos naturales. El artículo 40, que generó protestas de las grandes petroleras y hasta una airada carta del embajador de Estados Unidos, establecía que “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

Pero la reforma del 94 dio vuelta la taba en la dirección incorrecta: so pretexto de acentuar el federalismo dejó en manos de las provincias los recursos naturales. Esto debilitó al Estado Nación y permitió que verdaderos señores feudales arremetieran contra los glaciares o los bosques y negociaran directamente con las petroleras, disfrazando sus intereses particulares con las banderas federales. Era la reforma que necesitaba Menem para privatizar YPF y promulgar las distintas leyes que premian con una serie de ventajas impositivas a las empresas mineras que vienen a saquear nuestra riqueza. La provincialización de los recursos naturales fue la moneda de cambio para lograr el consenso de los gobernadores y sus legisladores.

Es significativo que el peronismo, autor de la Constitución del 49, fuera el promotor principal de la reforma del 94, pero no es un caso único en la historia latinoamericana. El PRI mexicano que apoyó la nacionalización del petróleo y la reforma agraria de Cárdenas en los cuarenta ingresó al neoliberalismo de los noventa de la mano de otro Carlos: Salinas de Gortari. También Acción Democrática de Venezuela trazó la misma parábola. Como lo ha dicho bien Eduardo Galeano: los mismos que escribieron el prólogo escribieron el epílogo.

Hay, sin embargo, que reconocerle a la Constitución reformada en el 94 un mérito indiscutible: la adhesión a los tratados internacionales en defensa de los derechos humanos y contra las torturas que fueron incorporados a nuestra legislación positiva. Pero también es justo recordar que la del 49 otorgaba rango de derechos humanos a los derechos específicos del trabajador, la mujer, la infancia y la ancianidad. Y que en esto procedía de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclamada por la ONU en 1948.

Volvemos a la pregunta inicial: ¿es necesaria hoy una nueva reforma de la Constitución que permita realizar las profundas transformaciones de todo tipo que nuestra sociedad requiere? No tengo dudas al respecto. Incluso en el terreno institucional. Sería saludable que nuestra norma fundamental asegurase, por ejemplo, un efectivo fortalecimiento del Poder Legislativo. Algunos juristas de peso, como el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, han dicho en voz alta que debería reformarse el texto constitucional para cambiar el sistema presidencialista por un régimen parlamentario. No es una mala idea, ¿pero resulta realizable?

Si uno se atiene a lo que está ocurriendo, tiende a ser pesimista. El Poder Legislativo conquistó el año pasado algunas cotas mayores de protagonismo a raíz del conflicto con el campo, pero está muy lejos aún de ser determinante en la elaboración de las leyes. No define la agenda. La iniciativa está en manos del Ejecutivo que este verano ha decidido dejarlo fuera del juego. No convocó a extraordinarias como otros años y en los pasillos de un Congreso en reposo hay versiones de que no sesionarán las cámaras hasta el próximo mes de abril.

Si esto sucede ahora, es fácil imaginar lo que podría llegar a pasar después de las elecciones si el gobierno K perdiera de manera drástica la mayoría. Ésta es otra razón de peso a favor de la reforma. Pero a menudo vemos que lo necesario no resulta posible. En el actual cuadro de situación, con la fragmentación política existente y un liderazgo nacional debilitado, es poco realista imaginar una reforma constitucional. Si no hay un plan nacional de desarrollo, ¿cómo podría haber una reforma constitucional?

No obstante, tanto el plan como la reforma resultan indispensables para saber hacia dónde nos dirigimos. Constituyen el norte que se nos escapó de la brújula.

Comentá la nota