Los intendentes y legisladores del PJ comenzaron a discutir en La Plata los alcances del proyecto de presupuesto para el próximo año. Uno de los temas que preocupa es la decisión de María Eugenia Vidal de condicionarles el fondo educativo.

Un artículo del presupuesto establece que el 85% de lo que reciben los intendentes deben ir a obras de infraestructura en las escuelas en el marco de un plan de obra que determina el gobierno. "Con esto nos convierten en meros empleados del gobierno provincial", se quejaron en el PJ.

 

El fondo educativo fue creado en 2005 y establece una asignación específica de recursos a las provincias que a su vez coparticipan a los municipios. Los gobiernos provinciales tienen facultades de administrar ese fondo que para este año giró en unos 4.700 millones de pesos.

 

La discusión de fondo es el uso que los intendentes dan a esas remesas. Fuentes del oficialismo explican que muchos intendentes lo utilizan para pagar salarios. "El dinero termina siendo derivado a gastos corrientes", aseguran.

El artículo 45 del presupuesto establece que los municipios deberán destinar como mínimo el 85% de los recursos del fondo educativo a la infraestructura. Para lo cual deberán acordar con el ministerio de Educación el plan de obras a ejecutar. Pero además, el gobierno de Vidal tendrá potestad de suspender las transferencias de los fondos en caso de supuestos incumplimientos.

 

Este año, la coparticipación a los municipios se realizará mediante un índice que surge de un censo realizado durante el año pasado por el ex ministro, Alejandro Finocchiaro. Ese trabajo establece la cantidad de alumnos que tiene cada distrito.

 

Acompañada por Fernando Espinoza, Verónica Magario (La Matanza) fue la única intendenta del Conurbano que estuvo en la reunión. El resto fueron alcaldes que llegaron del interior bonaerense. "Este presupuesto, de esta manera no se puede votar", dijo Magario y agregó que les preocupa que Vidal lleva 136 mil millones de deuda acumulada y que vuelva a pedir más endeudamiento.

 

El diputado Gustavo Arrieta asegura que entre este condicionamiento y la baja en Ingresos Brutos -que tendrá impacto en las economías municipales- los intendentes verán afectados sus fondos para gestionar. "Estamos hablando de entre 10 mil y 15 mil millones de pesos en los cuales se verían afectados directamente los municipios y que hacen a la sustentabilidad del servicio de seguridad, donde los municipios hacen su aporte en combustible", dijo.