Brito avala indultos en el caso Viola, pero admite que se puede investigar

El fiscal federal considera que el atentado del 74 no configura un crimen de lesa humanidad. OPINION. El fiscal federal Carlos Brito emitió su dictamen.
El fiscal federal Carlos Brito rechazó planteos efectuados por María Cristina Picón, quien reclamó la reapertura de la causa por los asesinatos de su esposo, el capitán Humberto Viola, y de su pequeña hija María Cristina Viola, de apenas cinco años, y por las graves lesiones que sufrió en la cabeza su otra hija, María Fernanda Viola. El ataque fue perpetrado el 1 de diciembre de 1974, por integrantes de la organización marxista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Si bien su dictamen, que no es vinculante, niega pedidos de Picón, el fiscal remarcó que no existen impedimentos legales para avanzar en la investigación e imputar a nuevas personas, aunque no a quienes ya fueron penados. El expediente volvió al juez federal subrogante Daniel Bejas, quien deberá decidir sobre su futuro.

Brito recordó que por el ataque fueron condenados a reclusión perpetua Francisco Carrizo y Fermín Angel Núñez, mientras que se les impuso prisión perpetua a José Martín Paz, Rubén Emperador y Alberto Vivanco (el menor Rolando Oscar Figueroa fue sobreseído por inimputable). Los reos fueron beneficiados por la Ley 23.070 (julio de 1984) e indultados por Carlos Menem en octubre de 1989.

Tanto la vigencia de la ley (dispuso un cómputo especial de la condena cumplida) como de la decisión presidencial fueron avaladas por el funcionario, quien consideró imposible aplicar la categoría de crímenes de lesa humanidad (por ende, imprescriptibles), aunque admitió que no sólo pueden ser cometidos por agentes estatales.

“La estructura de esos crímenes requiere que ese acto ilícito tenga lugar en el determinado contexto, que los diferencia de los delitos comunes, de formar parte de (o se desarrollan según) una política del Estado. No hay prueba en la causa que acredite, ni siquiera mínimamente, que los delitos del caso se llevaron adelante con esa conformidad estatal”, puntualizó. Sin embargo, reconoció que actualmente se puede avanzar en otros criterios jurisprudenciales, pero en casos en que esas organizaciones hayan desplazado al Estado en ciertos territorios, lo que tampoco se dio con el accionar del ERP. Además, descarta cualquier afectación al principio de igualdad ante la ley .

“Los aberrantes delitos que damnificaron a la familia Viola no representan graves violaciones a los derechos humanos en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La actuación de la Justicia en este caso difícilmente pueda cuestionarse incluso desde los estándares internacionales”, señaló Brito, ya que libremente se condenó a cinco imputados.

Respecto a la búsqueda de responsables del atentado que no hayan sido juzgados, consideró que no hace falta declarar la inconstitucionalidad de la Ley 23.492, de Punto Final, ya que fue declarada insanablemente nula por el Congreso de la Nación. Pero aseveró que no hay pruebas suficientes para hacerlo contra los diputados que aprobaron la amnistía en mayo de 1973, el gabinete de Héctor Cámpora, ni Fidel y Raúl Castro, tal como pretenden los abogados de la accionante, Javier Vigo Leguizamón y Carlos Picón.

Comentá la nota