Theresa May recibió un revés de la justicia británica, que determinó que su gobierno no tiene potestad constitucional para ejecutar el Brexit sin autorización del Parlamento. En su fallo, el Tribunal Superior de Londres acompañó la demanda de un grupo de ciudadanos, encabezado por la empresaria Gina Miller, que cuestionó al Ejecutivo británico por activar unilateralmente, sin que mediase votación parlamentaria, el Artículo 50 del Tratado de Lisboa que daría inicio al período de dos años de negociaciones para salir de la Unión Europea (UE). A pesar de la resolución judicial, la primera ministra británica comunicará hoy al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, que mantiene el calendario previsto respecto al brexit, informó ayer Downing Street. Voceros del presidente de la CE confirmaron que Juncker hablará con la mandataria británica tras el dictamen del Tribunal Superior.

El jefe de los jueces, John Thomas, aclaró al pronunciar su dictamen, que niega que el gobierno pueda recurrir a la llamada “prerrogativa real” para impulsar sus planes, que la decisión es una pura cuestión legal. “El tribunal no valora ni expresa ninguna opinión sobre los méritos de abandonar la Unión Europea: esa es una cuestión política”, subrayó el jurista. El gobierno de May anunció que apelará el fallo ante el Tribunal Supremo –máxima instancia judicial–, que se pronunciará con urgencia, mientras la primera ministra hablará hoy con el presidente de la CE para analizar el veredicto.

Por su parte, el ministro de Comercio Internacional y abanderado del Brexit, Liam Fox, manifestó en la Cámara de los Comunes que el gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal. “El país votó por salir de la Unión Europea en un referéndum aprobado por una ley del Parlamento y el gobierno está decidido a respetar el resultado del referéndum, en el que casi un 52 por ciento de los británicos apoyó abandonar el bloque europeo”, dijo.

En tanto que Gina Miller, directora de un fondo de inversión, afirmó que el fallo judicial afecta a todo el Reino Unido y al futuro de todos y pidió al Ejecutivo que tome la sabia decisión de no apelar. El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, demandó al Gobierno que presente cuanto antes los términos de la negociación con Bruselas ante el Parlamento, a fin de que los diputados puedan analizarlos y proceder a la votación ahora exigida.

El Partido Liberal Demócrata, el Verde y el Partido Nacionalista Escocés (SNP), también en la oposición, salieron a saludar el veredicto, y la líder del SNP y ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que estudiará oponerse al Gobierno en el juicio en el Supremo. Nigel Farage, líder en funciones del eurófobo Partido de la Independencia del Reino Unido UKIP (por sus siglas en inglés), alertó de una posible traición de la voluntad popular. “Temo que ahora se intentará todo para bloquear o retrasar la activación del artículo 50. Si es así, los diputados no tienen ni idea del grado de indignación pública que provocarán”, manifestó en un comunicado.

En su planteo a favor de la revisión judicial, Miller expresó su deseo de acabar con un entorno legal en el que el gobierno de May puede pasar por encima del Parlamento, y su abogado argumentó que el Legislativo debía autorizar la salida de la UE porque conlleva la pérdida de derechos adquiridos por los ciudadanos.

Los abogados del gobierno conservador argumentaron durante el juicio, que se celebró entre el 13 y el 18 de octubre, que el referéndum del 23 de junio daba a la primera ministra legitimidad para, en virtud de su prerrogativa real, ejecutar unilateralmente la voluntad del pueblo. También indicaron que, probablemente, concederían una votación parlamentaria al final del proceso negociador para ratificar el nuevo acuerdo alcanzado con el bloque europeo. May anunció durante el reciente congreso anual del Partido Conservador su intención de activar el Artículo 50 antes de fines de marzo de 2017, plan que ahora dependerá de la decisión de los tribunales. Si el Supremo refrenda el dictamen de ayer, será difícil que se cumpla el plazo, y obligaría a los Comunes a legislar para autorizar esa activación, algo que, presumiblemente, sólo hará tras llegar a un acuerdo sobre los términos del “Brexit”. A pesar de que pueda celebrarse una votación parlamentaria, algunos consideran improbable que una mayoría de diputados busque bloquear la salida de la UE, revirtiendo así la voluntad de los ciudadanos expresada en el referéndum.