Brasil también quiere decir Nunca Más

La Comisión de la Verdad analizará 20 mil casos de tortura ocurridos entre 1964 y 1985, pero duda de que sus conclusiones puedan ser utilizadas para procesar a ex represores. La medida se adopta en el inicio de un año electoral.
En su último año de gobierno, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva intenta ponerse al día en materia de derechos humanos con una propuesta para crear una Comisión de la Verdad que, siguiendo los pasos de otras similares instituidas en la Argentina, Chile y Uruguay, investigará los archivos nacionales para establecer un relato oficial de lo ocurrido durante los veinte años de la dictadura militar (1964-1985) en Brasil, donde hay a unos 20.000 casos de torturas y desaparición de opositores al régimen.

El proyecto que el mandatario entregará hoy al Congreso para su aprobación tiene como objetivo manifiesto "promover el esclarecimiento público de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la represión política en Brasil". Sin embargo, la Comisión de la Verdad no nació libre de controversias, sino marcada por discordias entre los ministerios de Defensa y de Derechos Humanos, que retrasaron los trámites durante al menos tres meses. La principal diferencia reside en las posibles consecuencias políticas que pueda tener la difusión de los abusos cometidos durante los gobiernos de facto.

El ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, sostiene que resulta incoherente pedir que el país aborde sus actuales problemas en la materia, que incluyen el uso generalizado de la tortura por parte de la policía, sin antes haber resuelto las "cosas viejas del pasado".

Por su parte, el responsable de Defensa, Nelson Jobim, respalda la enérgica oposición del Ejército a tales investigaciones y considera que la Ley de Amnistía, dictada en 1979 durante el gobierno del general João Baptista Figueredo, es suficiente para saldar cuentas con la memoria del país.

Así, es poco probable que el gobierno y el Poder Judicial permitan que las averiguaciones de la comisión puedan ser utilizadas para iniciar procesos penales contra los responsables de la represión, de la que fue víctima incluso el propio Lula da Silva, durante sus años como líder sindical del sector metalúrgico en San Pablo.

De todas formas, el grupo de trabajo de la comisión tomará forma antes de abril, en los primeros meses del año de campaña para las elecciones presidenciales de octubre. La tareas quedarán a cargo del Ministerio de la Casa Civil, encabezado por Dilma Rousseff, la casi segura candidata del gobernante Partido de los Trabajadores para suceder a Lula da Silva. Todo parece indicar que la candidatura de Rousseff tendrá que enfrentar la de Marina Silva, la senadora y ex ministra de Medio Ambiente de Lula, que se presentará como aspirante del Partido Verde.

Según la Secretaría de Derechos Humanos de Brasil, unas 50.000 personas fueron detenidas en los primeros meses de la dictadura. De ellas, unas 20.000 fueron torturadas y cerca de 400 murieron o desaparecieron hasta la fecha. Otra investigación, elaborada por la Arquidiócesis de San Pablo, indica que 24.000 personas trabajaron en el aparato represivo y 334 en las sesiones de tortura.

Memoria de Perú busca museo

El peruano Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas, declaró que el Museo de la Memoria que se levantará en Lima va a ser "una lección permanente de solidaridad y tolerancia". Pérez de Cuéllar es uno de los integrantes de la comisión nombrada por el presidente de Perú, Alan García, para diseñar el museo. El ministro de Defensa, Rafael Rey, manifestó su oposición a esa obra por considerar que ofende a las Fuerzas Armadas, consideradas como una de las partes que provocaron la muerte de 69.000 peruanos entre 1980 y 2000, de acuerdo a las cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

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