Cerca de un millón de personas participó en huelgas y protestas en más de  veinte ciudades de Brasil contra los ajustes impulsados por el gobierno del presidente Michel Temer.

San Pablo, capital económica del país, amaneció sin metro y con pocos autobuses por el paro gremial.  La Central Unica de Trabajadores y otras organizaciones gremiales convocaron a un acto ayer por la tarde en la Avenida Paulista, al que asistieron  alrededor de 300 mil personas, y que culminó con un durísimo discurso del ex presidente Luis Inacio Lula da Silva. “El pueblo seguirá protestando hasta que haya un gobierno democráticamente elegido,” arengó. La manifestaciones se repitieron en  decenas de ciudades, para defender los derechos sociales. Las protestas se extendían a más de 20 capitales de todo el país, de acuerdo con el sitio informativo G1. En Belo Horizonte (estado de Minas Gerais, sudeste) los organizadores reportaron más de 100.000 manifestantes, lo mismo que en Río de Janeiro, mientras unos 30.000 se manifestaron en Fortaleza (Ceará, noreste), más de 10.000 en Salvador (Bahia, noreste) y en Goiania (Goiás, centro-oeste).

El Ministerio de Hacienda, en Brasilia, fue ocupado por unos 500 militantes del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST), que colgaron pancartas para denunciar los proyectos de reforma del régimen de las jubilaciones y de la ley laboral. Por otro lado, unas 5.000 personas, según la policía, participaron en la protesta contra el gobierno en la Explanada de los Ministerios de Brasilia. Temer sostuvo ayer en un evento público que su gobierno busca rescatar al sistema de jubilaciones del colapso, “para salvar los beneficios de los jubilados de hoy y de los jóvenes que se jubilarán en el futuro”. “Nadie va a perder sus derechos”, aseguró. El gobernante insistió en que la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones es necesaria y urgente para evitar su inminente quiebra. Temer recordó que el gobierno federal de Brasil tuvo que socorrer financieramente a algunos estados, como Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul, en los que el colapso del sistema de jubilaciones provocó una crisis en las finanzas públicas sin precedentes.  “No queremos que Brasil de aquí a seis o siete años tenga que hacer lo que hicieron estos estados o lo que hizo Portugal, que tuvo que cortar los salarios de los trabajadores activos y de los jubilados, así como elevar la edad de jubilación”, aseguró.

Desde que reemplazó en el 2016 a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, Temer impulsa un programa de ajustes con la pretensión de recuperar la confianza de los mercados y reactivar la economía del gigante latinoamericano, en recesión desde hace más de dos años. La próxima reforma en la agenda es la del sistema de jubilaciones, que busca prolongar el tiempo de contribuciones y elevar la edad mínima requerida para obtener los beneficios completos del retiro. El otro proyecto en tramitación, la reforma laboral, determina que las negociaciones sectoriales puedan prevalecer sobre la legislación, entre otras normas de flexibilización con las cuales el gobierno espera alentar las contrataciones para revertir un nivel récord de desempleo (12,6 por ciento, casi 13 millones de personas).

Las resistencias al endurecimiento de la legislación social también se hacen sentir en el seno mismo de la base gubernamental de Temer, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales y legislativas de fines del 2018, en un clima político enrarecido por el escándalo Petrobras, que salpica a todo el arco parlamentario.