Bouwer tomó la sartén por el mango y clausurará el basural

Una ley provincial incluyó el predio de enterramiento dentro de su ejido. Ultimátum a la Muni para abril.

Parece que la cosa se dio vuelta. Y son ahora los vecinos de Bouwer los que tienen la manija para decidir qué se hará con el predio de enterramiento de basura.

¿Qué pasó para que esto sucediera? El 9 de octubre, el Boletín Oficial publicó la ley provincial que delimita el ejido de la comuna de Bouwer, y que curiosamente deja dentro del trazado todo el predio de Potrero del Estado, donde funciona el controvertido enterramiento en el que la ciudad de Córdoba y varias otras llevan sus desperdicios.

En otras palabras, según define el ambientalista Raúl Montenegro, asesor de la comuna, "lo que antes se planteaba en una negociación, hoy se lo plantea con una normativa". Y esto es así porque ahora Bouwer tiene directo poder de policía sobre su ejido.

Con la sartén por el mango y rápida de reflejos, la comuna dictó una normativa que "prohíbe depositar dentro de su ejido los residuos de todo tipo generados en otras jurisdicciones".

La normativa establece un plazo de 150 días para que "cese el funcionamiento de las plantas de tratamiento y disposición final de residuos que estuviesen funcionando en el lugar actualmente", agregando que en caso contrario "serán pasibles de clausura inmediata por parte de la comuna de Bouwer".

No te recibo. Ante la nueva situación legal, el jefe de esa comuna ubicada al sur de la ciudad, Juan Luppi, le remitió una nota a su par capitalino Daniel Giacomino para ponerlo al tanto de la situación. En realidad no hizo más que notificarle del cambio de poder de policía sobre este terreno que si bien es propiedad de la provincia y está cedido en comodato a la ciudad, cae ahora bajo la jurisdicción administrativa de Bouwer. En la nota le recordaba el plazo que la propia ciudad de Córdoba se había autoimpuesto para abandonar el enterramiento a partir de abril próximo.

Sin embargo, ningún funcionario del municipio accedió a recibir la misiva que fue llevada personalmente por el presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Dogliotti. "Los empleados se pasaban entre ellos el papel, lo leían, hablaban por teléfono, pero ninguno la quiso recibir", relató Dogliotti, señalando que la explicación final que le dieron fue que "se debería constituir domicilio en la ciudad".

Fastidiado, el jefe comunal confesó que le "duele" que no hayan querido la notificación y advirtió que no dudarán en "enviar una carta documento si es necesario".

Casi en un tono eufórico, el ambientalista Montenegro celebró la medida y agregó que Bouwer emplazó a la ciudad de Córdoba para que en un plazo de 90 días corridos "presente a la comuna el plan de cierre y remediación del actual relleno". Y en ese sentido, apuntó que "deberá ajustarse a la normativa vigente y ser aprobado por la comuna de Bouwer". Sobre esta cuestión, para Montenegro de aquí en adelante "ya no se irá a negociar con Córdoba, sino a exigir".

No obstante, no se mostró muy seguro de que efectivamente la ciudad de Córdoba logre cumplir con el compromiso anunciado el 8 de abril de este año, al apuntar que "si fuera una administración seria y solvente, debería tener un batallón de gente trabajando para cumplir con el cierre".

Por el momento, sólo se hallan en etapa preliminar las negociaciones con la comuna de Lozada, para instalar allí un predio que podría ser el nuevo destino de los enterramientos. Pero no mucho más.

Ayer el secretario de ambiente de la ciudad, Fernando Cámara, permaneció con su celular a pagado y no pudo ser consultado para determinar qué grado de avance tiene este plan de mudanza.

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