Boudou: se acelera la causa por enriquecimiento ilícito

Boudou: se acelera la causa por enriquecimiento ilícito

El fallo de la Cámara Federal dio por probado que The Old Fund es del vice, a pesar de que él lo negó.

La confirmación del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por la presunta comisión de dos delitos en el caso Ciccone acelerará la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Fuentes judiciales dijeron a Clarín que el juez federal Ariel Lijo enviará en los próximos días a la Corte Suprema de Justicia de la Nación los puntos de la pericia que resultará clave para esta otra causa que corre por cuerda separada.

En la Corte ya hay dos peritos designados para analizar los datos que remitirá el juzgado a cargo de Lijo, que esta semana recibió un espaldarazo importante por parte de la Cámara de Apelaciones al confirmarse casi en su totalidad la hipótesis de trabajo que se trazó en la llamada “causa Ciccone”. Allí el vicepresidente está procesado por cohecho, eufemismo de las más populares “coimas”, y negociaciones incompatibles con la función pública.

“El fallo de Cámara confirma que Boudou es The Old Fund”, dijo una fuente judicial en referencia a la firma que en 2010 sacó de la quiebra a Ciccone, con la ayuda de funcionarios estatales encabezados por Boudou cuando era ministro de Economía, según las sospechas de los investigadores del caso. Ahora esa investigación se extenderá al rol de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Casa de Moneda y la Comisión de Defensa de la Competencia, entre otros.

The Old Fund es en parte, por ejemplo, la firma uruguaya Dusbel, la misma por la que se negó a comparecer ante la Justicia uruguaya el supuesto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele (ver páginas 4 y 6), quien fue detenido el viernes para que responda a las preguntas del juez de ese país Néstor Valetti en una causa por presunto lavado de dinero. Dusbel transfirió a The Old Fund más de 600 mil dólares que resultaron vitales para sacar a Ciccone del estado de quebranto.

La confirmación de que “Boudou es The Old Fund” amplía el abanico de bienes a investigar en torno al vicepresidente y con punto de partida en sus declaraciones juradas de bienes. Eso es lo que deberán comparar los dos peritos ya sorteados por la Corte para intervenir en el asunto, según manifestaron fuentes judiciales. Es decir, lo que Boudou dice tener y lo que se sospecha que tiene.

La pericia, que puede durar meses, será el preámbulo para que Boudou explique el origen de los bienes que se le atribuyen y que no se condecirían con sus ingresos, previa intimación judicial. Es que en las causas por enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba y es el propio acusado quien debe demostrar su inocencia.

Una vez consignada la respuesta de Boudou, Lijo estará en condiciones de llamarlo a prestar declaración indagatoria en caso de inconsistencias, es decir ante la presumible existencia del delito, en este caso el de enriquecimiento ilícito. Pero para que esto ocurra pueden transcurrir varios meses y la decisión quizás se conozca después de las elecciones generales de octubre.

En su última declaración jurada de bienes, el vicepresidente admitió un patrimonio de 1,7 millón de pesos y deudas por algo más de 600 mil pesos. Fue un 3% inferior a lo declarado el año anterior. En ellas figuran su participación en sociedades que también integran otros involucrados en el caso Ciccone, como José María Núñez Carmona.

Esas relaciones fueron señaladas tanto por Lijo como por sus superiores de la Cámara Federal a la hora de evaluar su responsabilidad en los presuntos delitos cometidos con Ciccone a través de The Old Fund, la empresa que primero renegoció a cambio de 7 millones de pesos la deuda de la provincia de Formosa con la Nación -hecho investigado en otras dos causas-, luego obtuvo la impresión de las boletas del Frente Para la Victoria (FPV) en la elección de 2011 y más tarde comenzó a imprimir billetes de curso legal, el fin último del negocio.

Ante el escándalo por las revelaciones de la prensa en 2012 -a partir de la pública denuncia de la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz- el kirchnerismo decidió expropiar la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), el nombre que le pusieron a Ciccone sus nuevos dueños, con el ahora detenido “testaferro” del vicepresidente a la cabeza.

La investigación por enriquecimiento ilícito contra el vicepresidente no sólo lo alcanza a él sino también a una veintena de personas y empresas relacionadas con él, entre ellos sus padres, su ex pareja, Agustina Kämpfer, su hermano y sus socios, como Núñez Carmona.

Ahora, con la confirmación de su procesamiento en el caso Ciccone, la pesquisa en torno a su patrimonio también se extenderá a The Old Fund y, obviamente, al detenido Vandenbroele.

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