Botones antipánico en plazas porteñas

Los diputados debatían anoche la colocación de dispositivos para accionar ante emergencias
La Legislatura porteña se aprestaba anoche a sancionar una ley que obliga al Poder Ejecutivo a colocar botones de emergencia, conocidos como antipánico, junto a las cámaras de vigilancia que operan en la vía pública, para que los ciudadanos alerten sobre delitos y accidentes de cualquier tipo.

El proyecto, impulsado por el legislador macrista Martín Borrelli, prevé que los dispositivos funcionen conectados con la central de monitoreo que recibe las imágenes captadas por las cámaras y que opera el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

La intención es que los ciudadanos puedan emplear los botones para obtener comunicación audiovisual con la central de control y activar una alarma ante un hecho irregular en la vía pública, de modo que las autoridades puedan enviar al lugar los servicios (policiales, sanitarios o de defensa civil) pertinentes.

Por supuesto que en la Legislatura nadie pretende que, por la mera instalación de los botones antipánico se solucione el grave problema de inseguridad que aqueja a los porteños.

"El botón de emergencias intenta complementar el servicio que presta la Policía Federal y la presencia de las cámaras. Brinda una herramienta más, no sólo por la inseguridad, sino también en caso de emergencias: un accidente de tránsito o un incendio", relató Borrelli, uno de los interlocutores del bloque Pro en materia de seguridad.

Según explicó el diputado, el aparato también habilitará la eventual intervención por altavoz de los operadores del centro de monitoreo para detener situaciones indeseadas. En ese sentido, recordó el caso de un muchacho que se suicidó arrojándose bajo un tren, frente a una cámara instalada en un paso a nivel de Núñez. "No pudieron intentar disuadirlo", dijo.

Actualmente, el gobierno porteño maneja poco menos de 200 cámaras distribuidas en parques y plazas, un número que planifica duplicar antes de fines de año. El sistema de cámaras fue regulado por la ley 2602, para impedir el mal uso de las imágenes captadas y no violar la intimidad de los ciudadanos. Entre otras cosas, prevé que las cámaras no capten sonidos; por eso, la iniciativa de Borrelli también introduce una modificación en la ley 2602, para habilitar la captación de sonidos al ser habilitado el botón de emergencias.

Asimismo, prevé que los dispositivos estén claramente identificados y posean estructura antivandálica.

Fuentes legislativas estimaron que la instalación, monitoreo y mantenimiento de cada aparato costaría $ 750 mensuales, que incluirían el pulsador, el sistema de comunicación, el software y el almacenamiento de la información.

Voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que deberá dar cumplimiento a la ley, señalaron que, una vez aprobada, analizarán junto con los legisladores la posibilidad presupuestaria de ponerla en práctica en el menor tiempo posible.

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