Botnia: dos años y nada que festejar

Editorial

El Gobierno debe buscar una pronta solución al conflicto con el Uruguay mediante negociaciones realistas

Se han cumplido dos años del comienzo de los cortes de rutas sobre el río Uruguay. La continuidad sistemática de ese fenómeno ha sido un hecho excepcional, tanto por la rareza como por la gravedad que lo distingue.

No es nada común, en países constitucionalmente organizados, que grupos ciudadanos se atribuyan facultades para decidir sobre el tránsito por puentes y rutas del dominio público y, menos aún, por aquellas que sirven de vínculo físico con otros Estados. No son nada comunes, claro, otros sucesos que de manera habitual se producen en el territorio argentino y que por su reiteración deberían alarmar a todos los sectores de la sociedad argentina.

La interrupción de algunas de las principales vías de comunicación entre nuestro país y Uruguay, y en particular lo que sucede con el puente San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, significa haber dejado la política exterior argentina en manos de un grupo de vecinos. Primero, éstos se arrogaron por sí mismos tan insólita facultad. Luego, el ex presidente Kirchner, en un viaje insólito a Gualeguaychú, azuzó, con el cortejo del gabinete nacional en pleno y 19 gobernadores, a perseverar en el despropósito.

Kirchner hizo lo contrario de lo que hubiera cuadrado en un jefe de Estado: procurar, con la disuasión de la palabra, el levantamiento de las medidas de fuerza dispuestas para protestar contra la planta papelera de Botnia y tomar, en caso de que se hubiera desoído el requerimiento, los recaudos a los que lo habilitaba, con la participación de la Justicia, la ley y el orden constitucional al que aquélla se ajusta. Urge que la Presidenta asuma los deberes propios del cargo y se mueva en dirección contraria. Así se corregirá el desbarajuste al que ha contribuido su marido en violación de normas y de la tradicional convivencia argentino-uruguaya.

Todos hemos pagado el precio de la improvisación y de las chambonadas callejeras. A la vuelta de dos años, nada de valor tienen para celebrar quienes se han soliviantado contra el sistema de derechos y garantías individuales que protege al conjunto de los argentinos. Por el contrario, hasta informes técnicos, procedentes de insospechables medios universitarios argentinos, han terminado por hacer saber que no existen indicios de contaminación de aguas por la planta de procedencia finlandesa.

En el ínterin, un tribunal jurisdiccional del Mercosur ha llamado la atención a la Argentina por la "falta de diligencia" de sus autoridades para poner coto a una situación de fuerza que violenta el tránsito internacional de personas, mercaderías y vehículos y otros derechos esenciales, como los de trabajo y comercio. El Banco Mundial, de forma tácita, ha actuado en igual sentido. Concebida, pues, como un recurso extremo e ilegal para lograr la frustración del principal proyecto papelero del Uruguay, la protesta se encuentra a estas alturas en medio de una absurda situación. Lo único serio es mantener abierta una negociación internacional que permita establecer las bases de un contralor permanente y confiable de la calidad de las aguas y de la atmósfera.

La responsabilidad de los gobiernos debe ejercerse en relación directa con los preceptos de la letra y espíritu del orden constitucional. Hay coyunturas en que ello supone sobreponerse a la escasa popularidad que pueda tener una política acorde con los deberes del gobernante. Pero estamos, en este caso en particular, sólo ante un muestrario de reveses del sentido común tan elocuentes y asombrosos, que la apelación demagógica a cuestiones de fácil predicamento emocional se encuentra lejos de prosperar en las filas mayoritarias de la opinión pública argentina. Se conocen encuestas en las que más del cincuenta por ciento de los argentinos manifiestan su contrariedad con este corte de rutas.

Hacen agua, en el penoso asunto, la política del gobierno nacional y la de la provincia involucrada en la cuestión. ¿Dónde están los fiscales que denuncien delitos de obvia acción pública, como los que se han cometido a lo largo de dos años? ¿Dónde los jueces decididos a actuar de oficio para restablecer el orden quebrantado y proteger los derechos de terceros?

Sin posibilidades ya de expresarse en el terreno de lo ideal, acaso la reacción efectiva hacia la afirmación de la legalidad empiece con la maduración del movimiento incipiente de oposición a los cortes de rutas que se ha hecho sentir en Entre Ríos. El nuevo secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, tiene la obligación de hacer lo que su antecesora, Romina Picolotti, no hizo: buscar rápidamente una solución a esta absurda situación. Mientras tanto, los daños que se sigan infiriendo a los intereses de la República deberán anotarse en la larga lista de deudas e incumplimientos de gobernantes y funcionarios desconocedores del papel que deberían de haber cumplido.

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