Bossio llega con una agenda que lo tendrá con anuncios de Anses para Tandil y Vela

El tandilense abrirá una licitación para la sede en la ciudad y luego irá a Vela para inaugurar una oficina que quedará a cargo de Gabriel Masson. Lo acompañarían el responsable de la Federación Argentina de Municipios, Julio Pereyra, y los ministros sciolistas Alberto Pérez y Martín Ferré.
El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, llegará hoy a la ciudad con una agenda de actividades y anuncios que se desarrollarán en Tandil pero también en Vela, donde ese organismo presentará una nueva dependencia descentralizada.

El tandilense podría compartir su recorrida con el titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra; el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Alberto Pérez, y el ministro de Producción, Martín Ferré, según pudo conocer El Eco de Tandil a manera de adelanto.

A las 10 encabezará la apertura de la licitación para la ampliación de la sede Tandil (Chacabuco 507); a las 12 encabezará la inauguración de una oficina en Vela (Mitre 547); a las 16 firmará un convenio con el rector de la Universidad Nacional del Centro (Pinto 399), Roberto Tassara, y a las 17 seguirá su agenda junto a la Unicén, con un acuerdo que incluye a la Universidad Barrial sede Villa Aguirre, en el Centro Cultural Universitario (Yrigoyen 662).

Bossio ya había anticipado en marzo pasado, junto al hoy ministro de Economía Amado Boudou y al senador Néstor Auza, que Anses abriría una delegación en María Ignacia que, finalmente, quedará a cargo del abogado Gabriel Masson, estrecho colaborador del veterinario.

Pero en particular, Bossio ratificará durante su desembarco serrano algunas de las decisiones que el organismo adoptó y fueron bien recibidas desde el sector que atiende. Representantes de 117 federaciones que nuclean a los centros de jubilados y pensionados de todo el país celebraron la decisión de poner tope, a través de una resolución, a los intereses usurarios que actualmente cobran algunas de las mutuales y cooperativas que operan en el territorio nacional.

Durante la Reunión Nacional del Organo Consultivo de Jubilados y Pensionados llevada a cabo durante la jornada en un hotel céntrico de la ciudad de Mar del Plata, los representantes de los jubilados destacaron la medida.

"Es un hecho histórico en la defensa de nuestro patrimonio" señalaron. Y recalcaron que "lo sentimos como un logro ya que fue un reclamo permanente terminar con los abusos de estas entidades. Y ahora por fin fuimos escuchados", dijeron en un comunicado.

Según establece el Reglamento Interno del Organo Consultivo, sus funciones son recibir las inquietudes de los jubilados, transmitirlas a las autoridades de Anses y buscar soluciones, fiscalizar las prestaciones que brinda el organismo, colaborar en la lucha contra el fraude y la evasión que emprende el organismo, como así también lograr una comunicación fluida entre las partes.

Los representantes tuvieron un trabajo activo de recolección de denuncias y reclamos de los beneficiarios de préstamos de diferentes mutuales de todo el país, información que fue entregada a Anses y que finalmente contribuyó en la decisión de establecer límites a la operatoria de las mutuales y cooperativas.

Se trata de la Resolución 336/2009 a través de la cual Anses fija límites para la tasa máxima que pueden cobrar las mutuales y cooperativas, que hoy llegan a más del 90 por ciento anual. La resolución reduce la tasa de interés de forma considerable, explicita la obligación de que las ventas de bienes y servicios sean realizadas a precios de mercado, y habilitan la posibilidad de precancelar las deudas bajo un criterio adecuado.

Al asumir en julio pasado, Bossio había señalado que "nuestra tarea como funcionarios públicos es estar cerca de los ciudadanos, cuidándolos de aquellos inescrupulosos que quieren tomar ventaja con acciones fraudulentas".

En octubre, Anses dio de baja a 17 mutuales y cooperativas por diferentes irregularidades cometidas contra los jubilados y pensionados. La cantidad de beneficiarios damnificados por estas irregularidades fueron 32.317, lo que generó un perjuicio a sus bolsillos de 1.150.000 pesos mensuales.

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