Borrar con el codo

Sigue en conflicto la construcción de una torre, cuyos planos fueron oportunamente aprobados por la gestión municipal. Los vecinos están en pie de guerra porque se afectará su "derecho al paisaje". Cuatro años de demoras para una inversión local que cumple con las reglas.

La conservación del patrimonio arquitectónico es un tema que ha estado en boca de la ciudad durante los últimos cincuenta años. Todos los vecinos históricos recuerdan con nostalgia las grandes casonas de las familias terratenientes, que eran la postal acostumbrada al pasear por la costa, antes de la década del ‘50. A pesar de su innegable encanto, no ha sido posible sostener un plan urbano que armonizara todos los intereses, y permitiera adaptar las necesidades habitacionales de una ciudad moderna con la construcción de la época de oro. Las casas enormes resultaron con el tiempo difíciles de mantener edilicia e impositivamente, objeto de sucesiones eternas y deudas tributarias impagables.

Los años 50 fueron la bisagra: la conservación del patrimonio arquitectónico no parecía ser una prioridad, y sí lo era el rápido crecimiento de la nueva Mar del Plata, que albergaría muchos turistas, y un aluvión de familias migrantes de todos los sectores del país. Fue entonces que la ciudad cambió de aspecto, y desde allí en más, todas las medidas fueron parches.

Hoy los planes urbanísticos del mundo entero han cambiado, y se ve como pretensión utópica conservar la totalidad de las construcciones antiguas, cuya belleza es innegable. Se trata de edificaciones que sufrieron el paso del tiempo, e implican una carga impositiva que pocas familias estarían dispuestas a afrontar, y unos gastos de mantenimiento altísimos aun para el Estado protector.

Por esa razón –salvo excepciones-, la tendencia es conservar las fachadas y reciclar interiores, para un uso apropiado a las necesidades económicas de la ciudad del presente.

En nuestra ciudad, un caso se ha vuelto paradigmático, el que atañe a la obra ubicada en la intersección de las calles Bolívar y Güemes, propiedad de la firma constructora Mastrángelo Hermanos SRL. En el sitio se encuentra emplazada una casa de grandes dimensiones, que fuera declarada patrimonio arquitectónico de la ciudad: el Chalet Manuela Valdivia de García.

La empresa decidió no demolerla, e integrarla a una nueva propiedad. Construiría una vivienda multifamiliar, es decir un edificio de departamentos con planta baja libre, además de volver al estado original la casa histórica. La construcción fue autorizada por el intendente el 5 de octubre de 2005 a través de un decreto, ya que el plan se ajustaba a lo dispuesto por la Ordenanza 10.075, que da un marco referencial para la conservación de los bienes en esa situación.

Los trámites son muchísimos, y los obstáculos innumerables para el inversor. En este caso incluyeron un siniestro en el edificio municipal y la destrucción del expediente de Mastrángelo, que debió ser reconstruido. Baste decir que, finalmente, la Dirección de Obras Privadas de la comuna dio aprobación a los planos de construcción el 28 de abril del presente año, es decir durante la actual gestión.

Después de tantas fatigas, llegó el permiso de inicio de obra, y por lo tanto se abonaron los derechos de construcción y de utilización de la vía pública.

La oposición

Los obstáculos no fueron desastres naturales, sino que durante estos años los propietarios del edificio Diana, los vecinos de Bolívar 1245, formularon acciones ante la comuna rechazando la construcción que consideraban ilegal. Lo cierto es que estaban reclamando el derecho tácito a la vista panorámica, nunca obstaculizada porque su terreno lindero estaba ocupado por un chalet de baja altura. Esos propietarios no poseen departamentos frente al mar, sino con provisoria vista al mar por la eventualidad de la construcción ausente.

Después del rechazo municipal porque no existían razones para asistirlos, hicieron durante 2007 una presentación judicial de trámite en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de esta ciudad, y obtuvieron una medida cautelar que suspendía la autorización para construir. Esa medida fue revocada en todos sus términos por una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo el 28 de noviembre de 2008.

Pero esto no fue todo. La empresa debía seguir adelante más allá de encarar todos los escollos, y la tarea más onerosa fue sostener durante estos años una obra que aún permanece detenida. Hay, por ejemplo, un pozo de ocho metros preparado para la edificación de los correspondientes subsuelos, que requiere de medidas de seguridad para evitar un accidente. La obra debería estar a punto de entregar las unidades habitacionales previstas, pero todavía no se ha iniciado. Paga el inversor.

Entretanto, y visto lo imposible que resultaría que una brecha legal diera la razón a los propietarios del Diana por la vía judicial, comenzaron a hacer su autoconvocatoria, que terminó en desmanes tales como la destrucción del portón de chapa de la obra, y sucesivas pintadas injuriosas sobre el cerco perimetral y el cartel reglamentario de la construcción. Insisten en la ilegalidad de la autorización, pero la obra se respalda en unos planos aprobados oportunamente por la autoridad competente, y una ordenanza que habilita a construir incluyendo el patrimonio arquitectónico, dentro de ciertas condiciones que fueron contempladas. El único límite legal de la construcción son las normas vigentes en el momento de su aprobación.

Algo personal

El arquitecto Horacio Laurizzi es quien lleva adelante el proyecto de Mastrángelo Hermanos, y él mismo confirmó ante Noticias & Protagonistas que es el Intendente quien hoy mantiene detenida la obra. Pulti afirmó que los contenidos de la Ordenanza 10.075 le "disgustan", y Laurizi no comprende la actitud de quien puede aprobar unos planos, y luego negar el permiso de esa misma obra, en virtud de un reclamo que no ha encontrado razón en la justicia. "Parece que hubiera una cuestión personal", dijo.

No está lejos. Lo cierto es que si el Intendente tuvo injerencia en los "motines" de propietarios cuando era concejal opositor, está ahora en la situación comprometida de no desoír esos mismos reclamos, aunque su equipo haya aprobado la obra. Una rápida investigación demuestra que no se realizan los mismos cuestionamientos a todas las constructoras en esas circunstancias, y esto se debe simplemente a que tales casos no han tomado estado público. Por lo tanto no hay oportunidad de asumir la posición demagógica de alentar a los vecinos en un reclamo que no se ajusta a derecho.

Hay por lo menos tres obras similares que no han registrado ningún gesto que contradiga la oportuna autorización. Tal es el ejemplo del chalet Helvesia Huber de Roesli, sito en Paunero 2136, donde la empresa Cabo Azul SA construye una torre de nueve plantas con conservación de la planta baja libre, en idénticas condiciones. O el predio de Alvear 2075, cuya construcción se autorizó en 2008 a Gabriel Adolfo Reznik, además de la firma Bahía las Toscas, que tiene desde 2008 permiso para la realización de un hotel cuatro estrellas en las calles Viamonte y Alvear, con frentes a Moreno y Boulevard Marítimo, que incluirá una terraza marquesina sabre la costa misma. La gestión municipal aprueba sin decir media palabra. Pero aprueba fundamentalmente porque se trata de gestiones que no están en boca de la gente.

Lo cierto es que Mastrángelo ha presentado una denuncia penal por daños contra los vecinos del Diana, que no tardará en repercutir contra la comuna, en virtud del tiempo perdido y la incoherencia de las acciones políticas tomadas.

Tampoco será justo que paguen los contribuyentes por unas decisiones que desconocen. Sería oportuno tomar el ejemplo sentado por los jueces de Lomas de Zamora, que intimaron directamente a los intendentes de esa ciudad y de Lanús por una cuestión vinculada con el medio ambiente y la cuenca del Riachuelo.

Si los errores se pagaran con el capital propio, serían menos. Porque mientras paguen los contribuyentes, es decir todos, los intendentes serán capaces de borrar con el codo lo que habían escrito con la mano.

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