Al borde

En momentos en que una nueva oleada de delitos violentos cae sobre el país y toda la justicia está en la mira de la sociedad conmocionada, uno de los acusados por el crimen de Natalia Melmann, ocurrido hace siete años, resultó sobreseído por pruebas insuficientes. ¿Adónde estaban mirando antes?
Los últimos días han servido para observar una catarata de inseguridad que convierte esta tierra en un espacio de riesgo extremo, donde no hay refugio para nadie. Un territorio minado sin trincheras. Los ciudadanos no hacen más que buscar a quienes podrían ser responsables de la degradación, porque se niegan a creer que no haya otra salida que el destierro. Esperan encontrar a alguien que no haya hecho su trabajo con la mínima solvencia, necesaria para que el puntal de la estructura social que le tocaba soliviantar permaneciera vertical a pesar del viento.

Es decir, alguien dejó de hacer lo que debía si las calles argentinas y cada uno de sus rincones se han convertido en una jungla donde la única estrategia aplicable para sobrevivir es rezar, como dijera algún famoso. No se trata, en efecto, de una desintegración natural de la especie humana. Es necesario establecer la cadena de responsabilidades del alud.

Las miradas se dirigen desde hace semanas a la Justicia, un sector del cogobierno del Estado argentino que se supone debe ocuparse de las sanciones que devienen de la trasgresión a la ley. ¿Cuándo debe hacerlo? Siempre. Siempre que las normas hayan sido desobedecidas en mayor o menor medida por cualquiera de los miembros de la sociedad.

Sucede que la opinión pública no confía más en el Poder Judicial, ni en que esté cumpliendo con la función que le ha sido asignada. Algunos creen que la alternativa válida consiste en contar con penas más severas, y bastantes otros se dan cuenta de que la vida estaría más asegurada si al menos se aplicaran las penas que dispone la ley vigente, sin desdibujarlas con estrategias y dilaciones.

En números

Recientemente, una encuesta hecha pública por el Instituto Promocional Argentino a cargo de Mauro Palumbo indicó que, según un sondeo realizado sobre cuatrocientos casos en los dos últimos meses, el 72,5% de la población argentina tiene a la inseguridad como primera preocupación, con más peso que los problemas de trabajo o de finanzas. De esta masa de ciudadanos, un 80% ha considerado que es necesaria una baja en la edad de imputabilidad de los menores, seguramente aterrados por todos los relatos de víctimas de delitos extremos que describen a adolescentes y hasta niños desbordados que empuñan armas de alto poder, y usan un disparo con la misma liviandad que un portazo: para quejarse de algo. Un descontrol que ubica a la sociedad argentina al borde del abismo. Los números lo muestran, y en Mar del Plata la mayor parte de la población descree profundamente de la Justicia como un espacio que pueda resguardar a la población del peligro a través de una acción punitiva.

La cuestión es saber con qué recursos humanos cuenta esa Justicia para ofrecer a la población la solvencia y la sensación de protección que ahora le reclama: con ninguno. Porque la Justicia ha dejado de ser un sitio al que acceden los más calificados, como se suponía que sería en un Estado democrático. Se ha convertido en un nicho deseado por las importantes ganancias que proporciona, y al cual se llega por premios políticos, pago de favores o extorsión directa de un padrino mafioso. Así lo ha denunciado en más de una oportunidad Marcelo Zarlenga, secretario de la Cámara de Apelaciones y Garantías número 3 de este departamento judicial, harto ya de la red de corrupción que -según ha explicado- domina la designación de los funcionarios judiciales. Expuso que para ser magistrado hay dos caminos: uno es estudiar y rendir concursos y entrevistas. El otro es tener un padrino que, afirmó, es una ruta mucho más eficaz.

Una de las aristas más complejas que ha tenido la historia judicial de los últimos años han sido las sentencias desprolijas, resultado de instrucciones igualmente agrietadas, que surgieron luego de casos policiales paradigmáticos y particularmente dolorosos para la sociedad argentina. Una de esas polémicas fue la que sobrevino tras la condena a los policías que fueron responsabilizados por el asesinato de Natalia Melmann, ocurrido el 4 de febrero de 2001.

La joven de quince años había desaparecido luego de una noche de salida con amigas al boliche Amadeus, en la vecina localidad de Miramar. Había caminado por la calle, alcoholizada, con Gustavo “El Gallo” Fernández, según habían afirmado los últimos en verla viva. Otros aseguraron haber visto que era arrastrada por los cabellos al interior de un patrullero. Lo peor. El cadáver fue encontrado en el llamado Vivero Dunícula de esa ciudad, en una zona que ya había sido rastrillada cuando toda la policía más unos cuantos cientos de civiles -entre miramarenses y turistas- que colaboraban con la búsqueda atravesaban la zona de lado a lado. La joven había sido torturada y violada por al menos cinco personas, aseguraba la autopsia. Luego fue estrangulada con el cordón de su zapatilla hasta ocasionarle la muerte.

El juicio a los policías sospechosos fue extensísimo, y en su transcurso desfilaron más de 400 testigos, algunos de los cuales dieron versiones más que encontradas acerca de la verdadera autoría del crimen. Tras los entredichos fueron sometidos a careos, y en ninguna oportunidad se desdijeron ni reconocieron errores al respecto.

Un tribunal compuesto por los jueces Enrique Ferraris, Reinaldo Fortunato y Rodolfo Guimarey condenó a los tres policías acusados del crimen, Echenique, Anselmini y Suárez, a la pena de reclusión perpetua. Pero la hipótesis del cuarto policía era cada vez más fuerte, sobre todo a partir de los relatos y las afirmaciones que devenían de la autopsia. Así llegó la acusación contra Ricardo Eugenio Panadero.

Sin pruebas

La situación se vuelve compleja si agregamos que la abogada Patricia Perelló -a cargo de la defensa a partir de la apelación- aseguró que el nombre de Panadero fue seleccionado de un registro de legajos policiales por Gustavo Melmann, padre de la víctima, cuando aun nadie lo había mencionado. Luego de eso, una serie de acusaciones y pedidos de absolución se cruzaron de manera caótica para que, años después, el juez Saúl Errandonea termine dictándole un sobreseimiento de los cargos. Consideró que no existen en realidad datos que permitan vincular al denunciado con la acusación de “abuso sexual agravado, homicidio triplemente agravado por su comisión con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de ocultar otro delito, asegurar su resultado, procurar la impunidad”.

No encuentra datos porque nunca los tuvo, porque los exámenes periciales que se realizaron sobre pelos pubianos no fueron vinculantes, y resultó imposible repetirlos ya que, indebidamente, la Justicia entregó los remanentes a peritos de parte, que permitieron que las muestras se degradaran hasta que no sirvieran más.

Las permanentes impericias, las sanciones descabelladas, los permisos indebidos, y la falta absoluta de sentido común llevan a tremendos errores. Pesan más la comodidad de los despachos y los tecnicismos exacerbados que han hecho que la población deje de confiar en los jueces para aplicar sanciones a los delitos que le quitan el sueño, y camine hoy al borde del desfiladero. Porque solamente hace falta un pequeño empujón, alcanzaría con que un referente mediático pronuncie las palabras mágicas y llame a la autoprotección de los ciudadanos para su defensa, para que las calles se conviertan definitivamente en un caos donde prime el canon de la jungla. Se recorre un camino que va en ese borde.

Nadie confía en que esos jueces designados por un padrino sean las personas más adecuadas para sacarnos de un caos social donde se mata a tres policías en 24 días, se acribilla a cuatro personas en el mismo barrio, o se fusila a cualquier comerciante por las dudas. Solamente falta encender una mecha.

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