Los bonos de Binner

La provincia ofreció pagar con bonos a cuatro años a los bancarios transferidos. El ministro Bonfatti confirmó que al personal policial se le pagará de la misma forma la deuda histórica.
Binner se había comprometido a evitar los bonos provinciales y por eso apoya un proyecto de ley con el respaldo de la Casa Rosada que modifica las restricciones que hoy impone la ley de responsabilidad fiscal en materia de gasto público y endeudamiento.

El miércoles de la semana pasada el fiscal de Estado de Santa Fe, Dr. Jorge Barraguirre junto al Coordinador General Jurídico de la Fiscalía Dr. Juan Pablo Cifré recibieron al Dr. Eduardo Cóceres y al Dr. Nicolás Mayorás (en representación del estudio jurídico del Dr. Iván Cullen) que son quienes representan a la mayoría de las demandas de los bancarios transferidos que han presentado recursos administrativos o causas judiciales.

Ese día cuando los apoderados esperaban escuchar la fecha de comienzo de pago de los convenios firmados, el fiscal de estado les dijo que la provincia está en déficit y la única forma de pago que podían ofrecerles es un bono emitido a cuatro años con un interés del 8% anual, con posibilidades de negociarlo en la Bolsa de Valores de Rosario y que a futuro estudiarían la posibilidad de poder pagar impuestos provinciales con esos bonos.

En diálogo con Sin Mordaza el Dr. Eduardo Cóceres manifestó su malestar con el ofrecimiento del gobierno: "La noticia nos cayó como un balde de agua fría porque el propio ministro Sciara nos decía todas las semanas que estaban por salir los fondos para abonar y ahora no nos pueden salir con esto", entonces el letrado hace memoria y recuerda:"cuando estaban en campaña se reunieron con nosotros, se comprometieron a pagar y cuando asumieron la provincia no estaba en déficit. Bonfatti no nos recibió, Superti se hace el desentendido y después de todas las promesas de Sciara y un silencio de tres meses lo mandan a Barraguirre a decirnos esto, es lamentable...", manifestó Cóceres. Consultado sobre si habló de alguna otra alternativa para abonar dijo:"nos dieron a entender que hay bonos o nada", concluyó. Al mismo tiempo el apoderado legal confirmó que los juicios iniciados continúan su trámite ya que muchos trabajadores no firmaron el acuerdo.

Según el fiscal de Estado de Santa Fe un 60 por ciento de los trabajadores llegó a un acuerdo con la provincia donde el estado provincial se comprometía a abonar en 48 cuotas 30 millones de pesos donde se los recategorizaba y también les otorgaba una indemnización por todos los años en los cuales no tuvieron ningún encuadre laboral.

Hay un importante número de trabajadores que no están dispuestos a aceptar sólo la propuesta económica porque consideran que el Estado también les debe reconocer el Convenio Colectivo de los Bancarios, es decir, recuperar los beneficios que como empleados de un banco tendrían y que sus salarios se enganchen a ese sector de la actividad crediticia y por eso continúan las causas en la justicia. En total, hubo unos 1.800 bancarios transferidos cuando se privatizó el Banco Provincial, pero los reclamos son de alrededor de 750 personas, en sede administrativa.

El ministro de Gobierno de la provincia Antonio Bonfatti confirmó ayer que el Ejecutivo santafesino estudia las diferentes posibilidades para pagar a efectivos policiales y bancarios transferidos la deuda que se mantiene con esos sectores destacó que "se trabajan distintas alternativas" teniendo en cuenta que "la provincia no tiene liquidez en este momento" para hacer frente a esas cifras con dinero en efectivo. En cuanto a la forma de pago, Bonfatti mencionó que se están "barajando alternativas", entre ellas, la entrega de bonos. Al respecto informó que "si llegan a ser bonos, que es una alternativa, tendrán capital más interés y se llegará a un acuerdo" antes de ser entregados, con el objeto de conformar a todos los sectores. Según Bonfatti "no es una cosa firme" contradiciendo la postura presentada en Fiscalía de Estado.

Otro tema que también concentra miles de expedientes y una millonaria demanda son los juicios de policías santafesinos, unos 7.000 casos en total. Una primera parte de ellos ya comenzaron a pagarse pero todavía están pendientes muchos reclamos que representan unos 60 millones de pesos. El dinero que se debe abonar a los efectivos policiales se remonta a una deuda contraída luego de promulgada la ley 9.561 que establecía determinadas sumas fijas en concepto de ítems remunerativos y no remunerativos en los salarios, se determinó suspenderla por decreto.

Es importante recordar que hace un mes el gobernador Hermes Binner se comprometió a no emitir bonos provinciales y a impulsar la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto ingresado el 27 de agosto en la Cámara de Diputados que liberará a la Nación y a las provincias de las restricciones que hoy impone la ley de responsabilidad fiscal en materia de gasto público y endeudamiento.

La iniciativa, que elaboró la diputada oficialista Patricia Fadel (Mendoza) y también firmó la diputada socialista Silvia Augsburger, fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el apuro responde a la difícil situación fiscal que atraviesan varias provincias. El proyecto libera a la Nación y a las provincias, por este año y el próximo, de las restricciones en materia fiscal y de endeudamiento que establece la ley de responsabilidad fiscal sancionada en 2004 que establece límites precisos en lo referido al gasto, ingresos y endeudamiento y además, obliga a la Nación y a las provincias a preservar equilibrio fiscal en el presupuesto.

El proyecto de ley propone suspender temporalmente el Control del gasto público (la actual ley dispone que la suba del gasto público primario no podrá superar la tasa de aumento nominal del PBI), el equilibrio financiero no será obligatorio en los presupuestos de la Nación y de las provincias y con respecto a las deudas la actual ley prohíbe a las provincias y a la Nación destinar deuda y el producido de ventas de activos fijos a gastos corrientes. Ahora esa restricción se suspendería. Sobre el límite para el endeudamiento: la ley de responsabilidad fiscal dispone que los servicios de la deuda pública no deben superar el 15% sobre los recursos corrientes. Con este proyecto, se podrá superar ese límite.

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