Bonfatti vetaría parcialmente la ley de emergencia en seguridad

Bonfatti vetaría parcialmente la ley de emergencia en seguridad
Mientras el gobierno estudia qué artículos de la ley de emergencia en seguridad vetará el gobernador Antonio Bonfatti, el Partido Justicialista avaló formalmente ayer a sus diputados que (junto a los del PRO) anteayer dieron sanción definitiva a esa norma...

Mientras el gobierno estudia qué artículos de la ley de emergencia en seguridad vetará el gobernador Antonio Bonfatti, el Partido Justicialista avaló formalmente ayer a sus diputados que (junto a los del PRO) anteayer dieron sanción definitiva a esa norma (en agosto habían hecho lo propio los senadores peronistas.

La idea del PJ de declarar la emergencia data de 2009 (primera presentación del proyecto) pero ahora el telón de fondo de estos tironeos entre oficialismo y oposición es la crisis institucional surgida con la detención del ex jefe de policía Hugo Tognoli por supuesta connivencia con el narcotráfico. Ayer la defensa del Tognoli pidió ante el juzgado que lo investiga su sobreseimiento (ver sección Policiales).

El peronismo busca hacerle pagar el mayor costo político posible al socialismo. Para ello difundieron y difunden la situación de la policía en el ámbito nacional y circunscriben los hechos al ámbito provincial responsabilizando a las gestiones de Hermes Binner y de Bonfatti.

El diputado Mario Lacava se hizo un picnic con solo leer los titulares de los principales diarios del país y la provincia en la sesión del jueves. Los socialistas, con menor efectismo y poca suerte hasta ahora, han buscado subsumir las sospechas sobre el ex jefe detenido y otros uniformados de su policía en el flagelo nacional del narcotráfico intentando corresponsabilizar a la Nación en la carencia de políticas para enfrentarlo.

Desde el jueves la única provincia del país con su seguridad declarada en emergencia por ley es Santa Fe.

El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, dio a entender a este diario que la norma será vetada parcialmente. "Algunos artículos parecieran interferir Ejecutivo", sostuvo, y ratificó la decisión de analizar el texto "minuciosamente artículo por artículo. Estamos abiertos al diálogo, a ideas y herramientas nuevas que aceptaremos de buen grado", aunque advirtió que "imponer no es dialogar. No sería correcto que nosotros dictáramos decretos ordenando al Poder Judicial o al Poder Legislativo a hacer tal o cual cosa".

El veto parcial de Bonfatti no permitirá que rueden masivamente cabezas policiales. Galassi aseguró a este diario que no dejarán que se afecten derechos constitucionales. Una investigación no es un sentencia y una sospecha no es un prueba hasta tanto se verifique. La presunción de inocencia hasta tanto se falle culpable a alguien es garantía constitucional, dice el gobierno.

La ley de emergencia ordena la inmediata separación del cargo de los jefes investigados, incluso por denuncias anónimas en su contra aunque todavía no se hayan probado. En esa situación, según el ministerio de Seguridad, hay 9 jefes en tal situación, incluyendo a Tognoli y su sucesor Cristian Sola.

La cabeza de Sola se ha convertido en una presea apetecida por el peronismo. Ayer la diputada María Eugenia Bielsa reclamo su inmediato apartamiento. "El problema de la provincia se encuentra en la falta de conducción política y de liderazgo de la fuerza. La policía es vertical y el mal ejemplo derrama hacia abajo con mucha velocidad. Cuando las consignas son claras, hay ejemplo en la cúpula y hay valentía en las decisiones, la fuerza policial entiende perfectamente y se readecúa a la situación. Ahora, cuando la fuerza policial se autogobierna sufrimos las consecuencias actuales. La ley indica en uno de sus artículos que quienes tengan procesos administrativos y/o judiciales no podrán estar en la fuerza. El ministro Lamberto nos reconoció que el jefe Sola y Romiti están siendo investigados por enriquecimiento ilícito. No hay forma de tener un patrimonio abultado sin connivencia con el delito", castigó la ex vicegobernadora.

Que se ordene el apartamiento de un funcionario que podría ser inocente de las acusaciones es realmente una verdadera pena anticipada que vulnera el principio de inocencia y la competencia jurisdiccional administrativa del Ejecutivo, afectando así la división de poderes del Estado. Esta Cámara no puede establecer ni delitos ni penas, y esto es lo que se está regulando en la norma", respondió por su lado la socialista Inés Bertero. También dio por sentado, con sus palabras, el veto del gobernador al menos en ese punto.

Si eso se cumple tal cual, el peronismo se apresta a extender en la provincia las sospechas que pesan sobre los jefes policiales a los funcionarios del gobierno.

Si es tal como han confidenciado a este diario, esa táctica sería una extensión del efectista golpe dado por el diputado y presidente de La Campora, Andrés Cuervo Larroque, el miércoles pasado en el Congreso.

El turno de Fein

Los concejales Norma López y Roberto Sukerman (FpV-PJ) presentaron un proyecto para que la Municipalidad suscriba a los convenios que fija la ley de emergencia en seguridad. “Estamos brindando una importantísima herramienta para que pueda afrontar esta grave crisis que atraviesa la ciudad, sin títulos especulativos y con la intención de abordar entre todos, soluciones a los graves problemas que atraviesan los rosarinos”, dijo el jefe de bloque del FPV, Sukerman. López, por su parte, señaló: “La misma ley provincial establece el mecanismo del convenio para que municipios y comunas puedan beneficiarse de las medidas establecidas en la ley de emergencia provincial”.

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