Llegó sonriendo y se movió confiado por el salón del Regimiento de Patricios donde tenía lugar un seminario sobre seguridad hemisférica, a cargo de las fundaciones Taeda, de Mario Montoto, y Finint, de Juan Félix Marteau. Nada parecía indicar, en su talante, que venía de procesar y embargar por medio millón de pesos a una ex presidenta de la Nación. Era, en realidad, el undécimo procesamiento que sumaba la actual senadora Cristina Kirchner, y el juez federal Claudio Bonadio era responsable de nueve de ellos. Cinco, con prisión preventiva. Pero estaba allí, como si nada.

Bonadio con Montoto, en una reunión sobre seguridad realizada en el Regimiento de Patricios

Hace tiempo que no daba entrevistas. Al contrario, desde que se destapó la causa de los cuadernos se llamó a silencio, lo que choca con el alto perfil que cultiva a través de sus estocadas legales a la ex mandataria. Bonadio fue el primero que la arrancó de su exilio patagónico en abril de 2016 para arrastrarla a tribunales e indagarla sobre presuntos negociados con el dólar futuro. El trámite terminó con La Cámpora rodeando Comodoro Py en apoyo a su jefa política y el primer acto de Cristina en la era Macri.

—La senadora Cristina Kirchner habla de “ensañamiento” y “persecución” contra ella desde la Justicia y ha apuntado contra usted y el fiscal Stornelli, ¿hay una persecución de su parte a la ex presidenta?

—Yo no hablo de eso.

—¿Tiene expectativas de recuperar la totalidad del dinero de la corrupción que se habría pagado en la megacausa de los cuadernos?

—Ya recuperamos un montón. El objeto de la colaboración con la fiscalía de Estados Unidos es, precisamente, recuperar esa inversión que (el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel) Muñoz sacó a Estados Unidos.

—También se habla de fondos que se habrían fugado a través de Uruguay, se apuntó a viajes relámpago a Carmelo, incluso de alguna propiedad de Muñoz allá...

—Sí, sí...

—¿Pero el grueso de ese dinero estaría en Estados Unidos...?

—(Asiente en silencio).

—¿Cuándo estima que estaría listo para elevar a juicio el primer tramo de la causa?

—Es imposible fijarme una fecha. Porque ahora está terminado el trabajo sucio (dibuja comillas con sus dedos) de las llamadas a indagatorias. Falta hacer algunas resoluciones, y después dependo de la Cámara Federal y las Cámaras no tienen plazo, con lo cual no lo puedo calcular.

—El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, lo cuestionó por no tener registros audiovisuales de las audiencias de los arrepentidos, por no haber grabado su testimonio...

—Eso hay que discutirlo con el Ministerio Público, porque la manda de que tiene que ser registrado... (se detiene, extrae una serie de papeles entre los cuales figura un impreso con el articulado de la norma Nº 27.304, o Ley del Arrepentido, y lo pone sobre la mesa). La ley dice (en su artículo 6º) que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo...”. Esto no quiere decir técnico electrónico. Y el siguiente (artículo) dice: “Se celebrará por escrito” y deberá “consignar con claridad y precisión lo siguiente”, y estas son las condiciones que tiene que tener la declaración (datos precisos y documentación para avalar la relevancia del aporte que justifique el beneficio), y es lo que nosotros miramos cuando homologamos.  

El saludo y abrazo del juez Bonadio con Mario Montoto.

—¿O sea que, a su entender, no sería obligatorio que haya un registro audiovisual?

—No, y aparte, el que tendría que haber hecho esto, armado esto, es el procurador general de la Nación. El que tendría que haber dado medios. Cuando se hace la Ley de Flagrancia, establece que la audiencia tiene que ser filmada, lo dice claramente. El Consejo de la Magistratura nos trajo un aparatito para filmar cada despacho donde se suponía que se haría la audiencia. Nosotros acá no estamos aplicando flagrancia porque no hay flagrancia, pero lo que quiero decir es que en uno de los despachos de una secretaria está el equipo para filmar.

—¿Hubo presiones a empresarios para guionarlos en sus confesiones de forma tal que responsabilizaran a los funcionarios del gobierno anterior?

—El fiscal lo puede guionar, pero después el tipo viene con sus abogados, delante del fiscal, delante de su defensa y me dice “yo esto lo dicté por mi propia voluntad, libremente”. Usted, a su abogado, ¿lo eligió usted o bajo presiones o sugerencia de alguien? “No, lo elegí yo...”.

—¿Esa es la garantía, entonces?

—¿Y qué querés? Si a mí el tipo no me dice “me guionaron”...

—¿Cree que la situación del fiscal Stornelli en la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio puede comprometer el desarrollo de la causa de los cuadernos?

—No hablo de eso.

Al día siguiente, este viernes, rechazaría la recusación planteada contra Stornelli por la defensa del ex secretario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, a raíz de sus supuestas implicancias en la red de espionaje ilegal. Todo un espaldarazo que eludió en la entrevista.

“La ley del arrepentido tiene algunos fallos. A diferencia de la brasileña, aquí el fiscal no puede negociar libertad o una pena como parte del acuerdo, solo puede prometerle que su delito será una tentativa y eso debilita la herramienta. Es un defecto estructural de nuestra ley”, disparó Bonadio.

Poco antes de hablar con PERFIL, el magistrado participó de un panel junto a su par de Minas Gerais, Rodrigo Pessoa, bajo el título “La identificación y el decomiso de los activos del crimen organizado”. Cómodo en su sillón, evitó nombres, aunque reconoció la autorreferencia en los ejemplos brindados. Como cuando aludió al trabajo que realizaron durante mucho tiempo “de manera reservada y ahora en forma abierta” con una task force de fiscales en Washington, a la caza de bienes del lavado en el Norte: “Con la información de los Panamá Papers y los datos provistos por Migraciones pudimos individualizar una serie de operaciones inmobiliarias en Estados Unidos”.

Una de las mayores críticas del magistrado se focalizó en la llamada Ley de Extinción de Dominio, o “ley de decomiso”, tal como la sintetizó. En agosto del año pasado, el proyecto oficialista naufragó en el Senado por diferencias respecto de quién y cuándo debía disponer la medida desde la Justicia.

“Hoy la Extinción de Dominio está con una media sanción, pero están mezclando patos con gallinas. No es algo demasiado inteligente por una serie de mezcolanzas que nuestros legisladores no miden bien”, señaló el juez.

Según Bonadio, el decomiso se puede practicar con las herramientas disponibles. “En la causa de Los Sauces (en la que también apunta contra la ex presidenta por presunta adulteración de documentos públicos, pago de coimas y lavado de dinero) intervine la sociedad usando el Código Civil y Comercial con una herramienta que es prácticamente la ley de decomiso. Algunas propiedades fueron desalojadas porque estaban sin contrato siquiera, muy desprolijo. Y esto se hizo sin ninguna ley”.

Bonadios, Stornellis, D’Alessios y Santoros

Por último, Bonadio anticipó lo que viene en el Cuadernogate: “Hay muchísimas propiedades que están a punto de ser decomisadas definitivamente porque ya, claramente, son producto de lavado. Está probado el delito precedente, el lavado y la adquisición”.