El juez Claudio Bonadío le mandó este viernes por la noche a la abogada María Bourdin un "resumen" de la causa de los cuadernos para que lo comunique a través de la página de Centro de Información Judicial (CIJ), un organismo que responde a la Corte Suprema.

La decisión de Bonadío impactó fuerte en tribunales, porque el "resumen" que filtro el juez da por hecho que se procesará a los involucrados, mediante el poco ortodoxo mecanismo de anticipar una decisión tan delicada mediante un comunicado de prensa y sin que los abogados defensores todavía puedan acceder a tramos críticos del expediente.

En los tribunales coinciden en que Bonadío hasta ahora se venía manejando con un cuidado que no había tenido en causas previas, para evitar nulidades que derriben la causa como pasó en el caso Skanka, en la que también actuó el fiscal Carlos Stornelli. Hasta ahora la objeción mas seria que enfrenta el expediente es el muy probable forum shopping inicial, que sigue sin recibir una explicación consistente por parte de Bonadio y Stornelli.

Pero más allá de la bronca que generó el resumen, el punto que por estas horas miran con más atención los tribunales superiores que deberán revisar lo actuado -según se desprende del texto del CIJ- es que Bonadio decidió que la investigación se corte retroactivamente en 2008. En la minuta cedida al CIJ el juez menciona a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y sostiene de manera explícita que la investigación se concentrará en los hechos ocurridos entre los años 2008 y 2015, cuando los acusados "procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".

Afirman que la actitud de Bonadio con Rocca definirá la "integridad" de la causa

A priori, el corte desata dudas sobre qué valor tendrá ahora la declaración de Claudio Uberti, conocido como el ex "embajador paralelo" en Venezuela que fue aceptado como arrepentido e integró el gobierno hasta 2007, cuando protagonizó el escándalo de la valija de Antonini Wilson.

Ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y hombre clave por aquellos años del equipo de Julio de Vido, declaró ante el fiscal Carlos Stornelli que desde la esfera más alta del poder estaban "al tanto" del traslado de los bolsos con dinero (ver declaración). En su testimonio detalló con mucha precisión los sucesivos pagos de coimas que realizó Techint a través de Luis Betnaza y también involucró en el pago de sobornos al fallecido empresario José Relats, operador a través de su hija del elegante Hotel Los Sauces del Calafate, proyecto personal de la ex presidenta.

Ambos hechos se produjeron en el 2007, por lo que la decisión del juez dejaría fuera de esta causa tanto a Betnaza como a Héctor Zabaleta, con la curiosidad que ambos confesaron la veracidad de los hechos relatados, como así también hizo el propio Paolo Rocca en una incomprensible declaración pública ante todo el establishment argentino y el propio presidente Macri en un encuentro de la Asociación Enpresaria Argentina (AEA), que hasta ahora no motivó ninguna acción del juzgado.

Extracto del resumen de la causa que Bonadío envió a la Corte Suprema donde se anticipa el corte temporal de la investigación.

Otro testimonio clave fue el de Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que mencionó a varias empresas en el circuito de las coimas y por eso podría salpicar incluso a la familia del Presidente. Habló de un sistema que empezó en 2003 de mesas de cartelización y reparto de obra pública en base al pago de coimas, del que ya en 2004 participaba Iecsa. En ese entonces, la firma no estaba a nombre de Ángelo Calcaterra sino de la familia Macri. 

Aparentemente en esa época en el directorio de las empresas de la familia del presidente estaban su hermano Gianfranco y Pablo Clusellas, actual secretario Legal y Técnico y uno de los vínculos mas importantes del Presidente con el Poder Judicial.

Hasta ahora Macri no ha aparecido interfiriendo en el avance de la investigación, al punto que dejó que quede comprometido y ahora al borde del procesamiento su primo hermano Angelo Calcaterra, uno de los vínculos humanos más importantes del presidente.

Si es verdad, que tiene la información al detalle de lo que ocurre en la causa a través de su secretario de Inteligencia, Gustavo Arribas y su histórico operador judicial, el presidente de Boca, Daniel Angelici. De hecho, como reveló LPO en exclusiva, ya lanzó advertencias a los gobernadores peronistas sobre el riesgo que enfrentan sino acompañan su programa de ajuste que deberá contener el presupuesto del año próximo.

Macri aprovecha los cuadernos para forzar a los gobernadores peronistas a acordar el ajuste

Algunos gobernadores habrían sido rozados por el testimonio José López -cuyos trascendidos encendieron la alarma en funcionarios e intendentes-. Tanto esa declaración como la de Juan Chediak, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y un empresario muy cercano a Macri, están blindadas. 

El fiscal Carlos Stornelli.

El CEO de Techint, Paolo Rocca, podría convertirse así en el principal beneficiado del corte temporal que anticipó el texto que envió Bonadio al CIJ. Se trata del único dueño de una empresa involucrada en el pago de coimas al kirchnerismo que todavía no fue citado. 

En tribunales creen que el esfuerzo que parece hacer el juez para que la causa no toque al dueño de la empresa más importante del país compromete la "integridad" de la casa y quedó muy en evidencia en una filtración al diario Clarín de esta semana, en la que directamente se anticipó que no se piensa convocar a Rocca ni al banquero Luis Ribaya, ex directivo del banco Galicia y muy cercano a De Vido.