Claudio Bonadío ya tomó la decisión, pero por ahora no se lo cuenta ni a su almohada. Como anticipó LPO, Máximo Kirchner será llamado a indagatoria por la supuesta comisión del delito de lavado de activos, en el marco de la investigación sobre la firma Hotesur, que administra los hoteles propiedad de la familia presidencial.

Fuentes con acceso a la causa confirmaron a LPO que la contundencia de la documentación obrante en la causa sostiene la decisión del magistrado, que no desconoce el altísimo voltaje político del paso que está dispuesto a dar.

La investigación judicial se centra en los vínculos comerciales entre las empresas de Lázaro Baéz y Hotesur, firma que tiene a la presidenta Cristina Kirchner entre sus accionistas.

Tras ser ratificado en la investigación por la Sala I de la Cámara Federal, Bonadío decidió avanzar a fondo con las medidas más sensibles.

La denuncia que impulsó esta pesquisa fue realizada por Santiago Dupuy De Lome, y pese a haber recaído ante Julián Ercolini, el magistrado la remitió por “conexidad” al juzgado de Bonadio que ya investigaba a la empresa hotelera de la familia presidencial.

Las pruebas

Según el caso que está trabajando el juzgado de Bonadío, se habrían simulado operaciones monetarias para el “blanqueo de activos provenientes de transacciones ilegales”.

Entre otras maniobras, Lázaro Báez -a través de la empresa Valle Mitre, sociedad gerenciadora de los hoteles del empresario kirchnerista-, alquilaba habitaciones de los hoteles de los Kirchner que no se ocupaban. Esas contrataciones por los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces habrían llegado a la suma de 14,5 millones de pesos entre 2010 y 2011.

Además, el juez investiga a los funcionarios responsables de Aerolíneas Argentinas que habrían contratado a Hotesur para que sus tripulantes pararan, durante las escalas en El Calafate, en el hotel que pertenece a la Presidenta, en una maniobra muy visible de uso del Estado para beneficio personal.

Por ello, Bonadío avaló el pedido del fiscal Carlos Stornelli y allanó las oficinas de la empresa aérea eque conduce el camporista Mariano Recalde, donde se secuestraron convenios, contratos y otra documentación que complicaría aún más la situación procesal de Máximo y Cristina Kirchner.

La Presidenta podría ser imputada bajo la configuración de los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

Bonadio incluso solicitó la remisión del expediente de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner y las declaraciones juradas de los integrantes de la sociedad Hotesur a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En diciembre de 2014, la firma Hotesur anunció cambios en su directorio. Apartó a tres figuras relacionadas a Lázaro Báez y nombró como presidenta a Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Además, la sociedad anónima, fijó nuevo domicilio legal, en la Avenida Leandro N. Alem 530, piso 3.

Emprolijar

Conscientes del avance judicial, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini, habría ordenado al director general de la Dirección General Impositiva (DGI), Angel Rubén Toninelli, que se involucre en la situación impositiva de Máximo Kirchner y “ordene y emprolije la documentación presidencial”, según fuentes cercanas al Gobierno.

Bonadío está al tanto de estas maniobras y si lograra probarla, la causa tomaría aún mayor trascendencia por los funcionarios involucrados y el encuadramiento en el supuesto delito de tráfico de influencias.

Toninelli habría delegado en su hijo, Fernando Toninelli, para que a través de su estudio jurídico tributarista, intervenga en la “operación fiscal para ordenar la documentación de Máximo”.

En los pasillos de la DGI, deslizan que el buffet de Toninelli mantendría vínculos comerciales con los letrados tributaristas de Lázaro Báez.

SI bien el juez espera resultados de pericias y medidas de prueba, la decisión de llamar a indagatoria a Máximo Kirchner estaría tomada con el respaldo probatorio.