Las vicisitudes en torno al abastecimiento de gas desde Bolivia siguen sumando interrogantes y anticipan un escenario turbulento para la Argentina en el corto y mediano plazo.

Ocurre que, tras el alerta de potenciales interrupciones en el flujo emitido por la local Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), expertos cercanos a la Secretaría de Energía y el mismo sector privado dan por hecho que, una vez consolidado el nuevo gobierno, el país vecino motorizará una renegociación del contrato de provisión del combustible.

La modificación significaría elevar los 6,4 dólares que hoy abona la estatal Integración Energética Argentina -ex ENARSA- por millón de BTU, y el mismo cambio se aplicaría para el acuerdo que Bolivia mantiene vigente con Brasil.

"Es casi cantado que habrá una renegociación y Bolivia buscará una mejora en el precio. La única forma de mantenerlo hubiese sido teniendo al país vecino en total tranquilidad. Esto que ocurre para las cuentas de Argentina no es para nada oportuno. El contrato vigente se tiene que cumplir, por supuesto. Pero así como hubo adendas, es de esperar que Bolivia juegue de esa forma", dijo a iProfesional un fuente vinculada a la Secretaría de Energía.

"Si bien todo es incertidumbre, es predecible que el nuevo gobierno busque garantizarse mayor caja a través de su principal producto de exportación. Argentina deberá sentarse y escuchar y volver a discutir. La administración que se establezca, más allá del cambio de perfil político, aprovechará la ventaja que le da tener un control estatal del recurso", añadió.

Para las finanzas domésticas, un "retoque" representaría un dolor de cabeza ya que a principios de 2019 las autoridades energéticas rubricaron una adenda que, a lo largo de este año, permitió un ahorro de más de u$s450 millones respecto del pacto anterior. Argentina completará en diciembre un desembolso de u$s1.200 millones en concepto de compra anual de gas a Bolivia.

El último cambio en el contrato de provisión resultó tan beneficioso para el macrismo que el mismo Gobierno incluso se comprometió a entregar un avión militar Pampa III -valuado en 15 millones de dólares- como recompensa por el sobrecumplimiento en la entrega del gas acordado.

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Toda esa ventaja, aseguraron a iProfesional fuentes ligadas al oficialismo y a la actividad energética privada, quedaría en el pasado a partir de la nueva gestión en Bolivia. El inconveniente anexado a este cambio reside en el escaso margen que ostenta la Argentina para ponerse firme de proliferar un eventual intento por subir los precios.

El gas argentino en un punto de inflexión

Más allá de lo que ocurre en la nación limítrofe, lo cierto es que el acotado nivel de maniobra local es consecuencia directa del contexto económico y las decisiones tomadas por el macrismo sobre todo a partir del resultado de las PASO.

La imposición del cepo cambiario, el congelamiento del precio de los combustibles y la falta de acceso al financiamiento trajeron como consecuencia un derrumbe en la expansión de las actividades gasíferas en Vaca Muerta.

Semejante freno, señalaron sendos especialistas consultados por iProfesional, consolidó un escenario de dependencia de los millones de BTU que aporta Bolivia. Hoy por hoy, más del 10% del consumo interno de la Argentina reposa en el combustible que acerca el país andino. La merma de la actividad en la Patagonia cercenó la posibilidad de interrumpir la importación en el corto plazo.

El gas boliviano es clave para el funcionamiento de las centrales térmicas que aportan, de acuerdo a guarismos de CAMESA, casi el 65% de la electricidad que se utiliza en nuestro país. Según el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), dicho combustible por sí solo tiene una participación cercana al 53% en la matriz energética nacional.

Precisamente desde el IAE, uno de sus expertos, Julián Rojo, sostuvo ante iProfesional que Bolivia cuenta con cierta ventaja de cara a una renegociación del precio del gas a partir de lo que ocurre con Vaca Muerta y el precio deprimido del BTU fijado a nivel interno, que despierta poco atractivo para la inversión.

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Al mismo tiempo, expuso, en 2021 concluyen los subsidios a la producción de gas no convencional, lo cual también acarrearía una menor actividad privada en el Sur. El experto comentó que tal como se viene dando el contexto las variables en cuestión juegan -y jugarían también a futuro- a favor del combustible andino.

"Si Bolivia observa la proyección local, tiene argumentos para ir por un precio mayor. El panorama de la Argentina es incierto ante lo que planteará el nuevo gobierno y un sector del gas y el petróleo resentidos por las medidas cambiarias y el congelamiento de los combustibles. Por otro lado, el fin de los subsidios le borra atractivo al gas porque su valor de mercado está deprimido incluso por la menor demanda", explicó.

Bajo el sistema de subsidios vigentes para el no convencional, el millón de BTU se paga a razón de 7 dólares. En cambio, el precio de mercado fuera de ese esquema merodea los 3 dólares la misma unidad.

"Una vez que se pase a valor de mercado será muy difícil incentivar la inversión. En definitiva, eso beneficiará al gas boliviano. Una alternativa sería volver al esquema de importación de gas natural licuado (GNL), pero sería negativo dado que también exigiría subsidios y la compra representaría una salida de divisas muy fuerte", precisó.

Rojo expuso la imposibilidad de reemplazar el combustible que llega desde Bolivia con lo que hoy se genera en Vaca Muerta.

"Si Bolivia decidiera cortar el gas de forma total, Vaca Muerta debería aumentar de forma automática casi el 45% de su producción como para garantizar el abastecimiento de todo el país a lo largo del año. Es algo imposible. Por otro lado, la curva de producción para la Argentina está yendo hacia abajo. De modo que ese aspecto tampoco juega a favor de la idea de autoabastecimiento", añadió.

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El transporte del gas tal como está estructurado hoy en el país también juega a favor de los intereses de YPFB. En ese sentido, Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, sostuvo ante iProfesional que Bolivia inyecta combustible desde el Norte a través de una estructura de gasoductos que brilla por su ausencia en la Patagonia.

"La logística está consolidada en el Norte. Para reemplazar ese gas que se compra habría que desarrollar un gasoducto cuyo mayor uso sería durante los cuatro meses de frío en el país. ¿Qué empresa va a poner los 1.300 millones de dólares que se necesitan para un emprendimiento así que luego se utilizará menos de un semestre por año? Ni siquiera el Estado tiene capacidad para impulsar algo así. La logística, en este caso, también juega a favor de Bolivia", sentenció.

Para luego añadir: "Hoy el gas que entrega Bolivia es más barato que otras opciones. Sería interesante que más adelante se negocie un acuerdo que permita una mayor competencia entre potenciales proveedores del combustible. A futuro, Argentina tiene los recursos para necesitar cada vez menos de ese gas. Dependerá de las decisiones que tome el próximo gobierno en nuestro país".

Rojo, del IAE, coincidió en la ausencia de infraestructura para, de evaluarse, intensificar la distribución de gas a partir de lo que se extrae en Vaca Muerta. "No hay capacidad para hacer el transporte. Por eso la inyección del gas boliviano ocurre desde el Norte a través de los gasoductos consolidados. Y también por eso mismo es que, de ocurrir un corte de lo que llegaba desde el país vecino, lo que se evalúa es importar GNL a través Chile o vía el puerto de Escobar", concluyó.

Aviso de corte

Durante la jornada del martes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos anunció a la Argentina que podría interrumpir la inyección de gas natural debido a la crisis social y política que atraviesa el país vecino.

El anuncio fue realizado por el gerente de Contratos de Exportación de YPFB, Marcelo Laura Guarachi, a través de una carta enviada a Claudia Liliana Mundo, presidenta de la firma estatal Integración Energética Argentina (IEASA).

Guarachi escribió que, por la creciente convulsión social que se presenta en Bolivia, grupos de personas tomaron el campo Carrasco y Estaciones de Bombeo y Compresión de hidrocarburos más cercana.

El campo Carrasco se encuentra ubicado en la provincia del mismo nombre del departamento de Cochabamba, en la región tropical del departamento (conocida como el "Chapare"), a 174 kilómetros al este de la ciudad de Cochabamba y a 230 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

El directivo boliviano señaló además que por el creciente conflicto "no se descarta" la toma de otras instalaciones de producción o transporte de gas natural, lo que podría afectar claramente la provisión del combustible hacia Argentina.