La normativa fue aprobada en la sesión del 19 de abril del Concejo Deliberante, con el voto afirmativo de la totalidad del bloque Compromiso Federal, más el de Raúl Laborda, autor de la iniciativa. El Ejecutivo dispone hasta el 9 de mayo para vetarla o promulgarla.

El estudio realizado por Guiñazú estipula que los beneficiarios serían:

- Alumnos de las escuelas públicas de gestión estatal o privada: 56.685

- Estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis: 9.646

- Estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo: 1.992

- Docentes de las escuelas: 3.800

- Docentes universitarios (UNSL y UCC): 2.000

- No Docentes Escuelas de San Luis: 1.000

- No docentes de la UNSL: 745

- No docentes de la UCC y el resto de PRIVADAS: 30

Total: 75.898

Ese monto (75.898) se estipula sin contar a los acompañantes.

En ese punto, el edil analiza el impacto económico que significaría para Transpuntano Sapem: “Los alumnos (sin contar los alumnos que estudian en Universidades a distancia) en general totalizan 68.323 personas, por lo que si promediamos el boleto estudiantil ($ 0,75) con el abono escolar ($ 1,05) que actualmente abonan, nos da $ 0,90 que, multiplicado por los 68323 alumnos, nos arroja $ 61490,7 diarios, monto que multiplicado por 30 días nos da la suma de $ 1.844.721 mensuales o bien, $ 22.136.652 anuales” indica.

Agrega que para el caso de los docentes “de las escuelas y Universidades Nacional de San Luis y Católica de Cuyo en general totalizan 5800 personas que actualmente abonan el boleto pleno ($ 1,50) y que ahora gozarían de gratuidad, lo que importaría un costo de $ 8.700 diarios que multiplicado por 30 días, nos arroja $ 261.000 mensuales o bien, $ 3.132.000 anuales”.

Mientras que los no docentes “de las escuelas y de las Universidades Nacional de San Luis y Católica de Cuyo y privadas en general, totalizan 1775 personas que actualmente abonan el boleto pleno ($ 1,50) y que ahora gozarían de gratuidad, lo que importaría un costo de $ 2662,50 diarios que multiplicado por 30 días, nos arroja $ 79.875 mensuales o bien, $ 958.500 anuales”.

Con esos números, se obtiene un total de $ 26.227.152 anuales (sumando $ 22.136.652 + $ 3.132.000 + $ 958.500), considerando 30 días por mes a razón de un (1) viaje por alumno. (Se considera 30 días porque la ordenanza no distingue entre días hábiles, feriados o inhábiles).

Como se estipula que cada pasajero realizaría al menos 2 viajes por día, el monto asciende a un total de $ 52.454.304.

Si, en cambio, se cuentan solo 20 días por mes (por los días de actividad escolar), la cifra final es mucho menor pero también importante: $ 34.969.536.

Como conclusión, Guiñazú sostiene: “Tenemos que remover los obstáculos que impiden el acceso a la educación a los que no pueden pagar el boleto de transporte; para lo cual, en mi opinión debemos evitar injustas e ilegales generalizaciones, que ubican en la misma situación a quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, con aquellos que pueden pagar el boleto”.

Por eso, el concejal considera que “si no caemos en desviaciones demagógicas, podremos ayudar a los que menos tienen y aseguraremos la sustentabilidad económica de la empresa de transporte que hoy, nos ofrece la tarifa más baja del país; a su vez, también conseguiremos mejorar el servicio y evitaremos aportes extraordinarios (que pagaremos todos) o un tarifazo mayor que tendrán que pagar los pocos que abonarán el boleto, provocando una nueva discriminación”.