Una de cal...

Con un salón de sesiones copado por banderas, abrazos juveniles, sonrisas y gritos de algarabía, el movimiento estudiantil que forzó la existencia del Boleto Estudiantil Gratuito celebró, durante la semana que se fue, la concreción de un reclamo histórico que encontró lugar en las actuales condiciones políticas de la Municipalidad de Santa Rosa.

Fiel al estilo que lo ha caracterizado desde el inicio de la gestión -y que así como lo condena a que se le señale permanentemente cierta incoherencia, lo salva de una tozudez que podría ser incluso peor-, el intendente Luis Larrañaga volvió sobre sus propios pasos y se permitió un acuerdo con los sectores del peronismo que había motorizado junto al Frente Pampeano el pedido de que los estudiantes no abonaran sus viajes urbanos.

El proceso que derivó en el final feliz es también una demostración de ciertas conductas que caracterizan a unos y a otros en la comuna: oficialistas y opositores no abandonan su vanidad y se esmeran, especialmente, para que las decisiones que se hacen realidad queden directamente vinculadas a sus sectores partidarios, como si les importa más la ganancia política inmediata y de corto plazo que el beneficio o perjuicio que una medida pueda acarrear para los ciudadanos y ciudadanas.

Así y todo, la actual coyuntura política, la relación de fuerzas que, por diversas razones, se ha gestado en el Concejo, permite -como ya se escribió en este mismo espacio- el abordaje de problemáticas que de otro modo ni siquiera se hubieran visibilizado.

Al mismo tiempo, el gobierno municipal sabe que afronta una permanente comparación con la gestión anterior, del Frente Pampeano y de Francisco Torroba, lo cual, en ocasiones, lo está forzando a abrirse a otras opiniones y a concretar medidas que quizá no figuraban en sus ideas de administración, o ni siquiera aparecen en su listado de convicciones.

Larrañaga hizo pesar la visión política de algunos miembros de su gabinete, en contra de la tecnocracia economicista que ante este tipo de planteos prefiere siempre dar cuenta de lo imposible que resultaría salirse de los números que arrojan, en más o en menos, las cuentas oficiales.

El intendente, además, decidió elevar el perfil de su administración con anuncios que, por ahora, no son más que eso pero lo tienen en el centro de la escena: desde el Molino hasta el regreso del tren, pasando por nuevas obras de cloacas y agua potable, su gestión está decidida a dar pelea política -incluso proselitista- con vistas a los comicios del año que viene, situación que el FrePam no desconoce y ante la que también se plantea dar batalla.

La cuestión del Boleto Estudiantil Gratuito dejó coletazos de ese tipo: la puja de distintos sectores políticos por llevarse los laureles de la decisión (situación que, además, debieran entender los dirigentes, tampoco genera demasiados réditos electorales) quedó poco menos que neutralizada con el alto perfil que decidieron darse para sí mismos los movimientos y agrupaciones que habían intervenido en las negociaciones y habían hecho el planteo con la advertencia de que seguirían la lucha a fondo.

La verdad es que era poco menos que inaceptable que una ciudad como la capital pampeana no pudiera tener ese beneficio para el sector estudiantil, cuando en otras jurisdicciones e incluso provincias -donde una decisión de este tipo representa una seria incidencia presupuestaria- el subsidio se extiende incluso a los docentes.

...y una de arena

El Gobierno Provincial afronta un severo problema a partir de que uno de sus ministros fuertes, el responsable del área de Obras Públicas, Jorge Varela, aparece bajo la lupa tras el pedido de juicio político formulado por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola.

El funcionario encargado del control de los actos públicos adujo que el ministro es responsable de la paralización de la obra del Megaestadio, por la que el Estado y la empresa INARCO nada han hecho desde diciembre del año 2010: lo curioso fue que el propio Carola señalara públicamente que le costó cierto dolor tomar la “fulera” decisión, revelándolo en un tono ciertamente compungido, e insistiendo en que de ningún modo su tesis es que Varela sea un “ladrón” o haya cometido actos de corrupción.

Efectivamente, y aunque suene extraño ante lo que a veces parece una extendida impunidad, el reproche pasa simplemente por el hecho de que -a ojos del fiscal- el ministro no hizo lo que debió haber hecho.

Varela aduce, en primer término, que no era el ministro que dictaminó la paralización, aunque sí es el que tiene a cargo la obra desde que asumió el Ministerio, es decir desde diciembre de 2011 (ha transcurrido desde entonces tiempo suficiente como para tomar una decisión).

Otro argumento del funcionario es que hizo el intento de una salida alternativa, pero la Legislatura le negó la posibilidad: eso es verdad, pero lejos de ser un motivo que justifique la parálisis, es una situación que obliga al Ejecutivo a cumplir con su función.

Una tercera cuestión que está flotando en el ambiente es la clara responsabilidad que sobre esa obra tiene otra gestión, la del gobernador Carlos Verna, que la ideó, la concibió, la licitó, la adjudicó erróneamente y dejó que se le viniera abajo: aunque esa situación, increíblemente, no ha sido investigada en profundidad ni sus protagonistas han tenido las sanciones que merecerían, el hecho no salva a Varela y a la administración actual de pagar por sus propias irresponsabilidades.

El informe que Varela presentó en agosto a los diputados describe con ciertos detalles un proceso en el que, denuncia, el gobierno anterior hizo mal y muy mal las cosas, incluso en contradicción con lo que dispone la ley: lo injustificable es que, opinando de ese modo, el funcionario no hiciera además una denuncia penal para esclarecer las evidentes irregularidades.

Una de las preguntas que sí deja flotando la resolución de Carola es la siguiente: si pidió por estas razones el juicio político al ministro Varela, ¿por qué no pensar que ese mismo camino conducía necesariamente al gobernador Oscar Mario Jorge, al que, sin embargo, no puso bajo su lupa?

Una de las respuestas a mano, desde ya, es que el impacto institucional de ir más a fondo hubiera sido aún más sugestivo que el actual: necesariamente, el juicio político se ve sometido a intereses que van más allá de lo estrictamente técnico, en el que se mezclan intereses sectoriales, internas partidarias y hasta ambiciones personales, pero no se trata de ninguna novedad, puesto que justamente de eso trata un juicio político.

Ahora, la Sala Acusadora tendrá en sus manos las primeras decisiones, aunque el propio fiscal Carola hizo una advertencia sobre la necesidad de que los diputados se pongan a trabajar para modificar la ley que lo obliga, en estos casos, a pedir un juicio político y sacarse de encima la resolución final del tema, dejándola en manos de los legisladores: habrá que ver qué influencia tienen en la Sala esos planteos públicos del responsable de la FIA, sobre todo porque insistió especialmente en que a Varela le pide el juicio político por alguna anomalía administrativa y no por un delito: “Fue una decisión dolorosa, pero no quedaba margen”.