Las boletas de luz de diciembre llegarán con incrementos

La suba sería del 12 por ciento en promedio, pese a que EDET reclamó una suba del 19,5 por ciento. Será retroactiva a mayo, lo que deberá cancelarse en 15 cuotas.
Finalmente la audiencia pública transcurrió ayer tal como muchos sospechaban: como un mero trámite.

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Tucumán (EDET SA) reclamó un ajuste en las tarifas de electricidad del 19,5 por ciento, la Defensoría del Pueblo planteó irregularidades en la nueva metodología utilizada por el EPRET para estimar las variaciones de costos y los usuarios, además de quejarse de la inoportuna decisión de incrementar las tarifas, cuestionaron la legitimidad de la audiencia pública. Pese a los diferentes argumentos que expusieron en la sala del teatro Orestes Caviglia, el Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán mantuvo firme su determinación de conceder una suba tarifa que promediará el 12 por ciento y será retroactiva a mayo.

Ahora el organismo provincial trabajará en la emisión de la respectiva resolución autorizando la variación de costos. Esta podría salir en los primeros días de diciembre, por lo que muchos usuarios verán los costos incrementados en sus facturas en el último mes del año.

Se estima que los consumidores residenciales -una familia tipo por ejemplo- podrían recibir sus facturas con un incremento mensual que oscilaría entre los dos y los cuatro pesos, mientras que los grandes consumidores, podrían tener subas superiores a los 20 pesos.

Al ser retroactivo a mayo pasado este ajuste, el defensor del usuario del EPRET, Juan José Aguilar Krieg, pidió que estos costos sean prorrateados en 15 cuotas. "Seguramente ese será el criterio que utilizaremos en la resolución", adelantó el interventor del organismo regulador Augusto Contreras.

Los ingresos que le reportarán este ajuste tarifario a la empresa distribuidora, deberán estar justificados en un plan de inversión que en un principio era de 50 millones de pesos y que ahora deberá incrementarse en un 24 por ciento, totalizando una inversión de unos 62 millones de pesos, según explicó Contreras.

El gerente general de EDET Günther Hofmman, que fue el encargado de defender la postura empresarial en la audiencia, explicó que ya invirtieron 27 millones de pesos entre el 2007 y lo que va de este año. En este marco el empresario explicó que gracias a estas inversiones el sistema de distribución está preparado para responder a la demanda, que en el último año mostró una sensible disminución. Dijo que el sistema está preparado para soportar un incremento en el consumo producto de las altas temperaturas del verano.

Tarifa Social

Los técnicos que fueron en representación de la Defensoría del Pueblo de la provincia, plantearon la necesidad de que se reglamenten en forma definitiva los requisitos de acceso que deberán cumplir los ciudadanos para acogerse al beneficio de la Tarifa de Interés Social (TIS). Además reclamaron la necesidad llevar a cabo una amplia difusión y a la simplificación de los trámites a cumplir. En la actualidad existen unos 60 mil usuarios de un total de 370 mil, que están bajo este sistema. La reglamentación reclamada por la Defensoría, a cargo de Jorge Alberto García Mena, apunta a evitar que se vean beneficiadas personas que tienen un importante poder adquisitivo y abonan bajos costos perjudicando a quienes no están en condiciones de enfrentar estos costos. Esto se vio reflejado en muchas casas de importantes características utilizadas para las vacaciones que tienen costos considerablemente bajos.

Los representantes del Ombudsman también plantearon en la audiencia pública que "el EPRET comete irregularidades sobre la nueva metodología cuando modifica la situación matemática con las 'consideraciones y criterios adoptados', en cuanto se verificó que hay matrices de la resolución EPRET 17/08 que fueron modificadas respecto a las fijadas en el Acta de Renegociación Integral (ARI).

Quien también planteó la ilegalidad de la audiencia fue Raúl Jiménez Lascano, en representación de Defensa Usuarios de Abastecimiento y Servicios (DUDAS).

Mencionó que mediante el ARI, firmada el año pasado entre el gobierno provincial y la empresa privada, se violaron numerosas normas nacionales y provinciales. Mencionó entre otras la ley nacional 19.549 de procedimientos administrativos; la 25.561 de Emergencia Económica; y las leyes provinciales del Marco Regulatorio Eléctrico (6608) y de Procedimiento Administrativo (4504). Consideró que estas "ilegalidades" son posibles porque "traicionando el mandato popular del bien común, tanto la Legislatura como el Ejecutivo provincial, ignoraron y violaron la legislación aplicable y las normas para Contratos del Código Civil". Agregó que "si bien los funcionarios traicionaron su deber, especialmente en un EPRET desprovisto de autarquía y autonomía por una intervención del Poder Ejecutivo que tiene una duración irracional, también somos responsables los tucumanos por apatía, individualismo y miedo a intervenir". Si bien la audiencia comenzó bajo un clima de tensión, con una fuerte custodia policial que interrumpió el tránsito por calle San Martín al 200 y con equipos médicos y hasta bomberos, el debate posterior transcurrió con normalidad, más allá de las pasiones que pusieron de manifiesto los oradores intervinientes. Como conclusión, el titular del EPRET, Augusto Contreras, resaltó el nivel de los participantes y rescató el "alto comportamiento cívico" que demostraron en la audiencia.

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