Boca grande

Un concejal de Mar Chiquita pidió explicaciones sobre el crecimiento de un basural a cielo abierto. Como única respuesta, el intendente Jorge Paredi lo mandó al psiquiatra, o a participar en un reality televisivo. Es el acostumbrado desborde nacional, que ya nos hace parecer un hecho natural que los representantes se excedan en sus palabras.

No es la primera vez que el intendente de Mar Chiquita es observado por la sociedad como consecuencia de su particular manera de administrar el partido, ni de hacerse cargo de las funciones públicas. Algunos de sus gestos suelen rayar en una pretendida impunidad, gracias al tácito aval que le dispensan ciertos funcionarios judiciales con su inoperancia.

Ya en 2007, el ex fiscal Pablo Poggetto tenía a su disposición una denuncia efectuada por el teniente primero Luis Coliné, entonces jefe de la subestación de policía de Santa Clara el Mar, que intentaba poner un límite a la fuga de dinero para insumos, y del gasoil asignado a las camionetas patrulleras de las subestaciones que dependen de la jefatura de policía del partido de Mar Chiquita, con sede en Coronel Vidal. Nunca se supo qué fue de aquella denuncia, ni cuáles fueron sus términos, pero involucraba el destino de partidas de dinero que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires gira mes a mes a la municipalidad de Mar Chiquita para que sean destinadas a toda la policía del partido.

Recién en 2008 se supo de su existencia, porque la instrucción muerta apareció mencionada en una nueva denuncia, que realizó esta vez quien estuvo a cargo de la subestación de policía comunal de General Pirán, Ángel Rafael Tamame: mencionaba que ninguna de las subestaciones que dependen de Mar Chiquita recibía realmente las partidas de caja chica y gasoil asignadas. Después de ser relevado de su cargo, Tamame había tomado conocimiento de una realidad que sería la punta del ovillo: a su subdependencia le correspondían 1.800 litros de combustible por mes, y no los 400 que siempre había recibido. Además, había leído un artículo periodístico que indicaba que la policía de Mar Chiquita en su conjunto había gastado $224.697 en solamente seis meses.

La caja chica que esa municipalidad recibió para todo el partido no se distribuyó en la policía de Pirán, ni en la de Vidal, ni en Santa Clara del Mar, ni en Mar Chiquita, ni en Vivoratá, que son todas las dependencias a su cargo. Pero llamativamente, la familia del intendente de Mar Chiquita resultaba ser propietaria de las estaciones de servicio que debían entregar los litros de gasoil asignados a la gente de Tamame. Es el mismo sitio donde mes a mes quedaban los 1.400 litros de diferencia entre lo otorgado y lo entregado.

Además, se suponía que Paredi debía redistribuir las partidas de dinero pagado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Ahora él es nuevamente el protagonista, pero esta vez de un escándalo marcado por un desborde verbal registrado en documentos públicos.

Todo comenzó cuando uno de los concejales del partido le solicitó informes acerca de un predio evidentemente utilizado como basural, y el intendente le respondió con una carta documento donde le recomendaba un psiquiatra. ¿No es muy desprolijo?

Trabajo punible

Sucedió durante el año anterior: el concejal Carlos Abad se había dirigido al Poder Ejecutivo del partido de Mar Chiquita solicitando conocer el acto administrativo por el cual se habría autorizado la utilización de la parcela 115 ZD de Santa Clara del Mar como basural a cielo abierto. En la misma carta pedía copias del informe de impacto ambiental que técnicamente debió haberse realizado antes de otorgar semejante autorización, ya que la norma así lo exige. Incluía también una previsión: en el caso de que no se lo hubiera permitido, estimaba necesario ver las copias de las denuncias realizadas contra las personas que, sin mediar un permiso, fueran responsables de arrojar allí los desperdicios.

Sin otro recurso, el intendente contestó con una carta documento que debería ser razón de vergüenza para la clase política argentina: desconociendo la existencia del basural evidente y comprobado, procedió a ofrecer al edil los servicios del equipo de psiquiatras municipales, además de recomendar su participación en nuevos realities, a los que irónicamente llamaba "bailando por un cargo", "buscando el horizonte", "la barca perdida", "o "la próxima será".

Evidenciando desconocimiento sobre los procedimientos legales, había utilizado un tono amenazante al detallar las represalias que tomaría contra el pedido de informes de Abad, al que había calificado de "conducta punible". Una barbaridad.

Tras casi un año de silencio, lo que siguió fue la denuncia penal del mismo concejal: ruegue la sociedad que la presentación caiga en manos de un fiscal que quiera que las cosas vayan más allá del cajón de su despacho privado. Los cargos invocados son violación a las leyes provincial y nacional, ambiental y de residuos peligrosos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el escrito se indica que la existencia de ese predio de la zona rural lindante con el cementerio municipal, que es utilizado como basural, es pública y notoria. Y que es además evidente que tal uso ha desnaturalizado el medio ambiente externo, las napas subterráneas, y desvirtuado el destino para el cual el terreno fue adquirido.

Dice Abad que, en su función de concejal, la cuestión le atañe directamente, como le incumbe la salud de la población de su partido, por lo cual se presentó en el sitio junto con otro concejal y un vecino de la zona. Más allá de eso, el intendente no realizó en once meses ninguna acción que demostrara su interés en mejorar la situación.

Registro fotográfico

En el mes de julio del presente año, Abad volvió al predio, pero esta vez con la asistencia de una escribana pública, Fabiana Fernández, que certificaría la existencia de un depósito contaminante de basura a cielo abierto. Ella rubricó el acta en un documento escrito, como también en una serie de 25 fotografías, copias fieles de la realidad que allí se observaba. Este registro sería –a criterio del denunciante- la mejor prueba para contrarrestar el desconocimiento con que el intendente Paredi pretendía confrontar la denuncia: había basura expuesta, enterrada, a medio ocultar, y encendida en pilas que eran en ese momento quemadas sin ninguna medida de prevención.

La denuncia indica que el predio es propiedad de la municipalidad de Mar Chiquita: "no puede el señor Paredi desconocer la existencia del predio, y es por eso pasible de la pena del delito que se le imputa en la presente denuncia". En los últimos días previos a la presentación, el concejal había verificado que se realizaban procedimientos de enterramiento de basura que obedecían al intento de ocultar el accionar delictivo. Por eso, solicitó además que se realizaran las acciones necesarias para remover la tierra, y los estudios de suelo correspondientes. Cabe recordar que la Ley nacional 24.051 prevé graves penas: "hasta 25 años de cárcel para quien envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

Ahora habrá que sentarse a esperar, porque la denuncia registra el ingreso en la fiscalía general el 9 de octubre de 2009. Sentarse a esperar, viendo cómo crecen las pilas de basura que reflejan las fotos, o cómo se entierran peligrosamente las parvas que crecen demasiado. Habrá que ver qué pasa ahora con las aguas de las playas de la zona cercana, o si es que Mar Chiquita tiene el mismo destino de ignominia que tuvo la mítica costa de Luna Roja con los lixiviados del basural de Mar del Plata. A ver cuánto es que puede esperar el fiscal para detener la contaminación en marcha, o si todo se resuelve en un funcionario ejecutivo que, como parece ser una costumbre de tantos personajes públicos e impunes, se limita a abrir una boca demasiado grande.

Comentá la nota