La decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, de avanzar hacia un aislamiento total de la Villa Azul por el aumento de contagios de COVID-19 no sólo despertó el nuevo vocablo “política de guetos para pobres” acuñada desde el mismo Gobierno nacional sino que también desató diferencias adentro del oficialismo y entre algunas organizaciones sociales.

Desde el Gobierno, Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social y referente de la agrupación Barrios de Pie, fue la cara más visible de este enfrentamiento interno al cuestionar la decisión de Kicillof en Villa Azul y sostener sin tapujos: “Me parece que es un error la forma en la que se encara. Pareciera como que se construyen guetos de pobres y se confina a la gente creyendo que con la Policía y con un cerco represivo se puede evitar una situación que tiene que ver con un sistema comunitario y no con un esquema represivo”, dijo.

En esta misma línea se mostró un hombre cercano a Santiago Cafiero como es Fernando “Chino” Navarro, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, quien vinculó la decisión de asilar Villa Azul a una decisión tomada por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en coordinación con organizaciones sociales. No sólo esto. Navarro agregó: “No van a encontrar de parte nuestra ninguna estigmatización ni mucho menos”. En diálogo con Infobae, Navarro atenuó sus cuestionamientos al entender que “en medio de una pandemia no hay una receta única para enfrenar el virus. Se hace lo que se puede y cada barrio es diferente”, dijo.

Desde otros sectores del Gobierno alineados al kirchnerismo puro se habló de una “preocupante situación de eventual persecución policial” de contagiados en la pandemia y también objetaron el esquema de bloqueo pleno al estilo gueto de barrios populares.

Por el contrario, en la gobernación bonaerense desecharon esas críticas y dijeron que seguirán adelante con la estrategia de aislamiento completo en caso de que haya brotes de COVID-19 en un barrio y avanzarán en estos días en fuertes operativos de control de contagio en las villas Los Hornos, Itatí, La Cava, Olmos y Fuerte Apache.

“No vamos a dudar en aislar a esos lugares si hace falta porque lo que se está buscando es proteger vidas”, comentó a Infobae un allegado al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

Kicillof buscó atenuar el impacto la las imágenes del bloque en Villa Azul al adelantar que si aparece un brote, ya sea en un country o un edificio, se hará una cuarentena comunitaria. “Eso no es exclusivo de los barrios populares", opinó Kicillof.

Pero como adelantó ayer este medio, la posibilidad de aplicar un aislamiento completo en los barrios cerrados o countries genera un gran interrogante para los intendentes que tienen en sus distritos esta modalidad de vivienda.

El presidente Alberto Fernández protagonizó ayer un acto en La Plata junto a Kicillof y evitó hablar del esquema de “gueto para pobres” deslizado por Menéndez. Sólo se limitó a expresar que “si somos gente digna, no podemos permitir que esa situación de desigualdad se profundice”, destacó Alberto Fernández en referencia a la proliferación de villas miseria y el accionar del Estado frente al brote de COVID-19 en esos barrios.

En paralelo a esto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, encabezó ayer una videoconferencia del Consejo Federal de Desarrollo Social con ministros del área de todas las provincias y allí se habló de un tema preocupante en todos los distritos: la necesidad de asegurar alimentos a los barrios vulnerables durante la emergencia por el COVID-19.

También allí se repasó el funcionamiento de los comités de emergencia, que fueron puestos en marcha en cada uno de los territorios y los programas de créditos para máquinas y herramientas, que forman parte del “camino de salida” con estrategias para el fortalecimiento de actividades productivas y la generación de puestos de trabajo.

Sin embargo, según comentaron a Infobae algunos de los ministros de provincias del norte argentino que participaron en esa videoconferencia también se plantearon dudas y críticas al esquema de bloqueo total como el de Villa Azul.

“El avance de los enfermos de COVID en las villas debe ser tener un abordaje diferenciado en cada lugar para no llegar al aislamiento pleno de un barrio”, dijo un ministro de Desarrollo Social de una provincia del Norte que compartió la preocupación que hay en el Gobierno por el avance del virus en los barrios del conurbano y la CABA.

Si bien cada barrio o villa miseria es particular en cada región, hubo coincidencias entre varios ministros de Desarrollo Social provinciales en que hay alternativas previas para evitar un bloqueo total a una población. Se mencionaron casos de distritos de Chaco, Santiago del Estero, Tucumán o Salta donde se aisló dentro del mismo barrio a los contagiados de coronavirus. Claro que la dimensión de muchos de esos asentamientos dista de ser el de una villa miseria del conurbano o de Buenos Aires.

Movimientos sociales

La polémica desatada en Villa Azul se extendió también en los movimientos sociales. Allí hubo diferencias claras de metodología y análisis por los mismos actores sociales que a diario caminan los barrios vulnerables del conurbano bonaerense.

Desde el Movimiento Evita, Gildo Onorato, explicó a Infobae que “necesitamos menos policía y más organización comunitaria trabajando con salud y desarrollo social”. Y aclaró que con el gobierno nacional están trabajando de otra manera en los barrios a lo que plantea la administración de Kicillof. “Si los problemas sociales o sanitarios los abordamos con las fuerzas de seguridad nos parece que retrocedemos”, añadió.

Desde Barrios de Pie, Silvia Saravia, destacó, en cambio, que “no está mal la medida de aislamiento” que se tomó en Quilmes. Recordó también que no es la primera vez que se hacen estos operativos y que para no saturar el sistema de salud. Aunque Saravia admitió: “no son medidas agradables pero es lo que hoy está a disposición del Estado”.

Actualmente existen 1.800 barrios vulnerables o asentamientos en el conurbano bonaerense. En muchos de estos los casos de contagio superaron los 100 casos y no necesariamente se llegó a aislar por completo a una localidad como ocurre en Villa Azul. Desde el Ministerio de Salud bonaerense sostienen que la decisión de bloquear un barrio tiene que ver con la densidad poblacional de un lugar y los contactos estrechos producidos por contagio de COVID-19.

Pero en las organizaciones sociales hay diferencias sobre esta metodología aunque hay coincidencias plenas en un punto. Tanto en Barrios de Pie como en otras organizaciones sociales pusieron mucho énfasis en que si se decide avanzar en un operativo sanitario como el Detectar se debe asegurar en paralelo la llegada de alimentos e insumos de higiene a la gente en el caso de aislar a toda una población.

En este sentido, más de un centenar de grupos sociales nucleados en Libres del Sur y Barrios de Pie de todo el país presentaron ayer una “carta abierta al Presidente” en la que valoraron muchas de las medidas que se han tomado desde el Gobierno. Pero remarcaron: “estamos enojados y enojadas, porque no termina de comprenderse que la continuidad educativa es muy difícil para quienes cuentan con pocos ingresos” y dijeron que “no debe permitírseles a los proveedores del Estado, de alimentos, que sigan actuando como si sus bolsillos fueran la única prioridad”. Y, por último, le plantearon al jefe de Estado que “las buenas medidas, como el IFE, deben llegar con mayor celeridad y eficacia”.