El bloque del MPN quiere ver el aval de los acreedores a la expropiación

Los ceramistas salieron ayer de la Legislatura con un sabor agridulce. Fueron a escuchar que no habría obstáculos para el tratamiento parlamentario del proyecto de expropiación del Ejecutivo, pero el bloque del MPN solicitó, para evitar escollos en las comisiones, que el gobierno envíe la documentación que demuestra que los acreedores estarían dispuestos a aceptar el monto expropiatorio que aprueben los diputados.
De todas maneras, en la comisión ad hoc reunida ayer para recibir al ministro de Gobierno, Educación y Cultura, Jorge Tobares, quien dio a conocer la propuesta oficial, hubo un compromiso para que el martes próximo quede zanjada la situación.

Ese día Tobares presentará la documentación que acredita la disposición del Banco Mundial y de Sacmi, una empresa italiana, de aceptar el monto indemnizatorio que definan los diputados.

El encargado de hacer el pedido fue el jefe del bloque oficialista, José Russo, cuando todo hacía presuponer que el proyecto iba hacia su primera escala legislativa, la comisión de Asuntos Constitucionales.

Otro pedido que hizo Russo fue un acta acuerdo donde los ceramistas expliciten su disposición a recibir la fábrica. Por supuesto, lo harán. Ayer ratificaron su postura: no es la aspiración de máxima que aguardaban (expropiación y estatización sin pago), pero garantiza los puestos de trabajo, y en consecuencia, acuerdan con el tratamiento.

El jefe de bloque del MPN dijo que la documentación solicitada evitará obstáculos en las comisiones: "yo no puedo garantizar lo que va a hacer cada uno de los diputados de la Legislatura", argumentó los pedidos Russo en un tramo de la discusión, que incluyó un cuarto intermedio, luego del cual se habilitó la instancia del martes, cuando tomaría estado parlamentario el proyecto.

El ámbito donde Tobares presentó la propuesta está integrado por los obreros y diputados de todos los bloques.

Participaron Soledad Martínez (Alternativa Neuquina), Paula Sánchez (Libres del Sur), Rodolfo Canini (Une), Ariel Kogan (PJ), y Eduardo Benítez (UCR), además de Russo.

El ministro ratificó que el gobierno puede pagar unos 22 millones de pesos; dijo que se trata del "traspaso definitivo" de la fábrica a la cooperativa Fasinpat (Fábrica Sin Patrones) a través de su declaración de "utilidad pública"; añadió que los obreros proveerán al Estado materiales "al costo" para compensar el aporte; y que es una decisión política tomada "en el marco de los derechos sociales en riesgo", en el contexto de la crisis financiera.

Kogan planteó que si no se indemniza a quienes no están en Fasinpat, no acompañará el proyecto.

Pedrero le contestó diciendo que es un reclamo que los perjudicados, entre los cuales hay obreros que ahora están en la cooperativa, podrán direccionar a la familia Zanon que quebró la fábrica. Benítez dijo que si los obreros están de acuerdo con la propuesta, acompañará en la votación, al igual que el resto de los diputados.

Comentá la nota