Blanqueo: mejoran proyecto para lograr rápida aprobación

El gobierno ya reconoció que deberá modificar algunos artículos del paquete anticrisis. Las diferencias dentro del propio bloque oficial y el quite de colaboración de los aliados del kirchnerismo de la izquierda obligaron a repensar la estrategia.
Lo reconoció ayer por la mañana el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Ayer el oficialismo trabajaba en tres frentes: establecer un sistema de premios y castigos para la regularización de deudas impositivas, introducir garantías -para quienes blanquearan trabajadores en negro, para los que está prevista una reducción de aportes patronales de 50% en el primer año y de 25% en el segundo- y un tratamiento especial para la repatriación de capitales. Este último tema es esencial para llegar a un acuerdo. Tan complicada como esa cuestión es la suspensión de acciones penales contra evasores que se acojan a la moratoria y cancelen sus deudas. Allí la oposición encontró el punto más débil del proyecto.

El kirchnerismo de Diputados comenzó ayer a analizar los cambios en el paquete anticrisis que Cristina de Kirchner envió al Congreso para paliar los efectos de la convulsión económica sobre las empresas. La idea del gobierno no es modificar las directivas principales de la moratoria impositiva y previsional y el capítulo que intenta acelerar la repatriación de capitales, sino introducir controles y diferenciar tanto a los empresarios que cumplieron con el fisco de los morosos, como las distintas fuentes de fondos de argentinos depositados en el exterior. Quiere garantizarse así la votación en el recinto en medio de la polémica que ya generó el proyecto.

Florencio Randazzo reconoció ayer que el Congreso «podría corregir algo» del plan anticrisis: «Hay que ir a las Cámaras para el debate y si hay que corregir algo, lo vamos a corregir», dijo el ministro haciéndose eco de la incomodidad que sobrevuela el bloque oficialista. De todas formas Randazzo esperó que el Congreso «lleve adelante el debate por el megaplán económico, porque necesitamos mantener el nivel de empleo y para ello, necesitamos esas medidas».

# Sin diferencias

Uno de los puntos más conflictivos del proyecto es que no existe legalmente en el articulado una diferenciación entre quienes pueden repatriar capitales al país y los que mantuvieron depositados en el exterior por diversas razones, entre ellas la falta de confianza en medio de las sucesivas crisis de los últimos años y quienes no pueden demostrar el origen de esos depósitos porque provienen de actos delictivos.

Por eso Randazzo explicó que si la repatriación de capitales beneficia o no a quienes no declararon su dinero para evadir impuestos, como plantea la oposición, el punto deberá ser aclarado en el Congreso.

«Hay que discutirlo. Todo depende de cómo se lo tome. El objetivo del proyecto no es beneficiar a aquellos que tienen causas penales. Es para aquellos que depositaron en el exterior sus ahorros bien ganados porque no confiaron en la Argentina. Queremos que inviertan y apuesten a la producción local», explicó el ministro.

Una postura similar mantiene el presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi: «No tengo dudas de que vamos a contar con el consenso necesario para aprobar el proyecto. Pero, pretendemos que sea un debate absolutamente racional. Queremos escuchar las preguntas y las dudas de los diputados, estamos convencidos de que son medidas tomadas en el marco de la excepcionalidad que es la crisis financiera internacional».

Para la estrategia habitual que utiliza el kirchnerismo para debatir sus leyes en el Congreso, cualquier cambio que se introduzca en el proyecto deberá ser antes aprobado por la Casa Rosada. De ahí que la discusión sobre las modificaciones que le permitan al kirchnerismo calmar la tropa propia e inclusive volver a ganar como aliados a los diputados del bloque SI (ex aristas), Claudio Lozano o a Ariel Basteiro y su bloque, dependerán exclusivamente de que sean aceptadas por el gobierno.

Como primer paso a la discusión en el recinto de la Cámara baja, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, va a exponer hoy ante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General. Junto con el titular de la AFIP, Claudio Moroni, explicarán a los diputados las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo y escucharán las primeras protestas de la oposición y las dudas de los propios kirchneristas.

Ayer, el radicalismo y la Coalición Cívica adelantaron lo que será parte de ese debate. Mientras el jujeño Gerardo Morales criticó al gobierno por querer «sólo hacer caja», la seguidora de Elisa Carrió, Fernanda Reyes adelantó que su bloque no votará el proyecto, aunque se le introduzcan modificaciones: «Las moratorias impositivas nunca resultaron efectivas a los fines de generar mayor recaudación y cumplimiento fiscal. Se trata de una medida perversa e injusta que premia a los evasores, destruye la cultura tributaria y castiga a quienes vienen invirtiendo en forma transparente y genuina en el país. Por eso, desde la CC no vamos a acompañar este salvataje de posibles lavados de capitales», dijo Reyes.

La oposición pide ahora una reforma tributaria integral «que modifique la naturaleza regresiva de nuestro sistema impositivo y que promueva a los sectores productivos de la economía, en lugar de condonar la deuda de los fondos especulativos», fue el resumen de una presentación que hoy escuchará Tomada en el Congreso.

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