Blanqueo: Gobierno y empresas buscan u$s 300 millones para obras eléctricas

Lanzarán el jueves una suscripción de u$s 300 millones para terminar las usinas Belgrano y San Martín. Quienes repatrien capitales pagarán 1% y cobrarán 12,5% en dólares
A sólo dos semanas de su entrada en vigencia, el Gobierno está a punto de convertirse en el primer benefactor de la Ley de Blanqueo de Capitales. A través de un fideicomiso que se lanzará el jueves y tendrá siete días para su suscripción, saldrá a buscar al mercado u$s 300 millones para terminar las obras de las centrales eléctricas Belgrano y San Martín, en Campana y Rosario, en la que participa junto a empresas privadas.

La iniciativa encaja en las pretensiones de quienes quieran repatriar fondos: es, según sus organizadores, una de las ofertas más seguras en las condiciones actuales del mercado, con un retorno cercano a un 12,5% anual –el número final lo fijan los inversores– a 10 años y con la posibilidad de vender los certificados.

Los inversores tendrán otra yapa: pagarán un impuesto de un 1% sobre el capital, el más bajo contemplado por la Ley que entró en vigencia el 2 de marzo, dado que se trata de una obra de infraestructura.

“Las centrales están en marcha y ya se invirtieron más de u$s 1000 millones. Sólo falta el último tramo para incorporar una nueva turbina y así aumentar la producción”, explica Jorge Sáez, gerente de Mercado de Capitales del Banco de Valores (BDV), que actúa como organizadora junto a Nación Fideicomisos y el Banco Nación.

El BDV, además, es el fiduciario y se encargará de emitir valores de deuda financiera.

Cerca de u$s 200 millones se utilizarán para terminar las centrales, que producirán 1.646 megawatts de electricidad, un 10% de la oferta del país. Eso equivale, por caso, al doble de la capacidad de El Chocón.

El resto irá a cubrir préstamos puente erogados por el Banco Nación, por unos u$s 115 millones. Y está prevista una segunda serie de otros u$s 100 millones para más adelante.

Al calor de la crisis

La construcción de las centrales fue decidida al calor de la crisis energética, en 2004, en los despachos del Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido. Luego de varios intentos, logró convencer a las generadoras –hoy socias del Gobierno– de que cedieran sus acreencias con Cammesa, administradora del mercado.

Los privados, entre los que se encuentran Total, Endesa, Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y Sadesa, de los Bemberg, aceptaron el convite oficial ante el temor de no cobrar y desembolsaron unos u$s 600 millones.

El mecanismo de fideicomisos, muy utilizado en el mundo de los negocios, se hizo famoso para el gran público a través del caso Skanska. Sin embargo, quienes participan en esta iniciativa aseguran que se trata de algo “completamente distinto”.

“Se hizo a través de una licitación pública que encargó el BICE. Y no administramos obras, sino que recibimos un flujo para pagarle a quien puso el dinero”, explica Sáez.

El Banco BICE –encargado de administrar el fideicomiso de obra– encargó al BDV y sus socios lanzar el fideicomiso financiero. A cambio, cedió parte de un contrato con Cammesa, encargada de pagar la energía.

Para lanzarse, el fideicomiso tiene que conseguir los u$s 300 millones. A pesar del clima internacional, eso no inquieta a los organizadores. Aunque no hay acuerdos sellados, aseguran que cuentan con el interés de varios inversores institucionales. Y en el mercado estiman que si faltan fondos, la ANSES hará compras hasta llegar al número.

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