A falta de dos meses para que expire el plazo de adhesión al régimen de sinceramiento fiscal promovido a mediados de 2016, los argentinos declararon depósitos bancarios en Uruguay por US$ 5.749 millones, según datos divulgados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De acuerdo a estadísticas del Banco Central del Uruguay (BCU), publicadas por el semanario Búsqueda, personas que no viven en Uruguay, en su mayoría de nacionalidad argentina, tenían a fines de noviembre US$ 4.119 millones depositados en bancos y casas financieras uruguayas.

A partir de que se anunciara la ley 27.260, en la que figura el régimen de sinceramiento, esta cifra viene disminuyendo sostenidamente, ya que muchos propietarios de cuentas bancarias, en las que resguardan parte de su capital, comenzaron a repatriar fondos -de a poco y fragmentados- hacia Argentina, para volcarlo al sistema financiero local. Este movimiento les permite usar el dinero para adquirir bienes muebles e inmuebles. Si bien no hay cifras oficiales, se estima que, por esta movida, el nivel de depósitos de no residentes en el sistema financiero uruguayo cayó en más de US$ 80 millones.

En el pasado mes de septiembre, medios de prensa de ambas orillas habían informado que autoridades de la AFIP estaban negociando con sus pares de la Dirección General impositiva uruguaya (DGI) para que la entidad presidida por Alberto Abad pudiera acceder a información tributaria de forma retroactiva, con el objetivo de que el dinero de argentinos depositado en Uruguay sea transferido a otro país para eludir el blanqueo.

Si bien el tema estuvo sobre la mesa, fundamentalmente para casos puntuales en que la AFIP quiere llegar lo más a fondo posible, lo que fue a negociar a Uruguay el titular de la entidad fue el cúmulo de contribuyentes que podrá pedir información al azar a la DGI (la AFIP uruguaya), sin que haya una inspección. Aún no ha habido resolución de qué cantidad de personas o empresas podrán ser indagadas con esa modalidad.

Debe recordarse que el tratado de intercambio de información tributaria entre Argentina y Uruguay comenzó a regir hace justo cuatro años, en febrero de 2013.

“Si la AFIP está haciendo la inspección a alguien en Argentina, y quiere pedir información a Uruguay, sólo puede ir hasta esa fecha, concretamente hasta el 8 de febrero de 2013, con intervención de la justicia cuando hay información bancaria”, dijo a ClarínLeonardo Costa, profesor de Fiscalidad Internacional, socio de Brum Costa abogados. “Recién a partir de 2018, cuando ya haya un flujo de información bancaria, va a estar en vigencia la Convención Multilateral de Asistencia Fiscal, que permitirá indagar al azar a determinado número de contribuyentes”, añadió.

Conforme a cómo quedó definido el acuerdo entre ambas naciones, la AFIP hoy solamente puede solicitar a la DGI saldos de cuenta bancarias, datos de empresas (sobre balances ya cerrados) o una inspección específica y datos de empresas que estén vinculadas a un proceso penal con la salvedad de que, si la información requerida es anterior a la fecha de entrada en vigencia del tratado, la DGI deberá remitirse a la justicia de su país, que no suele brindar este tipo de información por considerar que los datos tributarios no están alcanzados en el intercambio de información judicial.

Además de ser Uruguay un importante destino de capitales argentinos que llegan como depósitos bancarios, de la misma forma lo hacen como inversiones inmobiliarias fundamentalmente en Puntal del Este y la costa Atlántica (en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones); en Montevideo, donde en el último tiempo ha crecido exponencialmente como nicho de inversión; y también en el eje Colonia-Carmelo.

Tal como informó este diario el pasado 19 de diciembre, la tasación de propiedades y el blanqueo de las mismas se estaban realizando a buen ritmo. En las últimas semanas este proceso ha continuado en una línea similar.