En el blanqueo de capitales ahora preguntarán el origen de la plata

El oficialismo tiene los votos muy justos. Por eso introduce algunos cambios.
Frente a las dificultades para sumar aliados al polémico proyecto de moratoria impositiva y blanqueo de capitales que promueve el Gobierno, los diputados kirchneristas analizan la introducción de retoques que les permitan asegurarse los votos necesarios para aprobarlo la semana próxima. Entre ellos, la eliminación de un artículo que exime declarar el origen del capital que se reingresa. Además estudian incentivos, de manera de compensar a los contribuyentes que estén al día.

Con los números ajustados y las amenazas de rebeldía dentro de su propia tropa, la bancada que comanda el santafesino Agustín Rossi se encerró anoche a discutir un mecanismo que refuerce los controles sobre la repatriación de activos.

De esta manera, busca impedir que se utilice esa vía para facilitar el lavado de dinero. Pero anoche las diferencias no lograron zanjarse y el debate interno, al cierre de esta edición, sigue abierto.

Aunque fuentes de la Casa Rosada revelaron que existe predisposición para aceptar esas modificaciones, los diputados no habían recibido aún luz verde para aplicarlas.

Otros cambios en estudio se relacionan con incentivos a los contribuyentes que están al día, para compensar el perdón que el paquete económico concede a los morosos.

En una agitada reunión previa de la mesa del bloque se analizó como concesión para sumar adhesiones la eliminación del artículo que exime a quienes reingresen capital de la obligación de declarar el origen y la fecha de adquisición de esos bienes.

Como ese es el reclamo central del macrismo, algunos caudillos kirchneristas se entusiasmaron con una eventual negociación con esa bancada, habitualmente ubicada en las antípodas de la posturas del Gobierno.

También, varios kirchneristas puros pretenden que se introduzca esa modificación, aunque el único que lo hizo público fue el chubutense Juan Mario País, delfín del gobernador Mario Das Neves.

El diputado patagónico fue el único oficialista que manifestó su postura en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Trabajo que comenzó a analizar el tema por la tarde, con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFIP, Claudio Moroni.

El resto del elenco kirchnerista se dedicó a observar silenciosamente como los dos funcionarios trataban de defenderse en el duro pimpón que les plantearon los distintos bloques de oposición.

Un abanico de socios habituales del oficialismo, entre ellos los radicales K y sectores de centroizquierda, pidieron también reservadamente una serie de cambios al texto enviado por el Poder Ejecutivo, pero en presencia de Tomada y Moroni se mantuvieron en silencio.

El ministro definió el paquete como "una medida para mantener el nivel de actividad económica y de empleo frente a las amenazas de la crisis internacional".

En tanto que Moroni aceptó en nombre del Gobierno la posibilidad de introducir al texto "correcciones" que apunten a "aclarar dudas", aunque desestimó modificaciones de fondo. "Los controles están establecidos en la ley de lavado", sostuvo.

Representantes de la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el peronismo disidente y el SI plantearon un abanico de contradicciones que detectaron en el proyecto, que incluye además incentivos para blanquear empleados "en negro".

Por su lado, Claudio Lozano (CTA) le exigió a Moroni que envíe al Congreso el listado de empresas que serían eximidas de sanciones monetarias y judiciales si se aprueba el paquete del Gobierno. La intención del oficialismo es obtener mañana despacho favorable de comisión, para sancionar el proyecto el próximo miércoles.

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