Blanquean 3 de los 2.000 remiseros que hay en negro

Son los primeros en regla. El gobierno reconoció que el sistema funciona de manera irregular.
Una empresa de remises que recién empieza a funcionar puso en libros a tres choferes y les dio de alta en la AFIP. El hecho no sería noticia, si no fuera porque son los primeros en estar en regla en un universo de 2.000 trabajadores que tiene el sector de remises y taxis en la provincia. Aunque parezca increíble, hace más de una década que el servicio de transporte de pasajeros en auto se popularizó y los conductores siguen en negro y sin ningún tipo de cobertura social. En la Subsecretaría de Trabajo reconocieron la irregularidad y advirtieron que hay responsabilidad de los empresarios, pero también en trabajadores que terminan siendo cómplices.

El trámite por los tres choferes ingresó ayer en la mañana a la AFIP y el que lo hizo es Rolando Riveros, el propietario de la firma Alto Remis, que funciona desde septiembre del año pasado. La noticia llegó rápidamente a los oídos del Sindicato Peones de Taxis, uno de los tres con representación en el sector de taxistas y remiseros y que está alineado a nivel nacional con el gremio que lidera Omar Viviani, mano derecha de Hugo Moyano en la CGT.

El delegado normalizador del gremio local, Roberto Videla, aseguró que "son los tres primeros que están en blanco en toda la provincia". Desde la Subsecretaría de Trabajo, el director de Relaciones Laborales, Roberto Correa, reconoció el diagnóstico y confirmó que es un hecho inédito, ya que "la actividad trabaja de manera irregular".

A juzgar por lo que dicen los actores, el negocio viola la ley como pocos y, para peor, parece haberse convertido en algo normal con el paso del tiempo. En la provincia se calcula que hay unos 2.000 conductores de taxis y remises y en el gremio y en la Subsecretaría de Trabajo coinciden en que están en negro. Es más, las empresas no están adheridas a lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo. El sindicato viene denunciando que los choferes trabajan a cambio de un porcentaje de la recaudación o que le alquilan a las empresas las licencias -esto último está prohibido por ley-. Es decir, no tienen ART, aportes jubilatorios, obra social y mucho menos, seguro de vida.

Para el organismo de control, la situación no es nueva. Correa aseguró que hace algunos años que vienen intentando acordar con los choferes y los empresarios un sistema que permita poner en regla a los trabajadores, porque "hoy están desprotegidos". Sin embargo, no ha existido ninguna política de multa o sanción.

El funcionario dio su argumento. Aseguró que "deberíamos multar a todos y nos arriesgamos a cierre de empresas y un conflicto generalizado que pondría en riesgo la continuidad del servicio". Además, señaló que casi no tienen colaboración de los trabajadores, porque "a no ser por un despido, no presentan ninguna denuncia y hay algunos que no reconocen el vínculo con el empleador". Ya sea por temor a perder el trabajo o porque podrían pasar a cobrar menos en la mano si les hacen los descuentos de ley. Según Correa, lo mejor es llegar a una solución por la vía del consenso.

En los últimos meses de 2009 existió un encuentro en el que los empresarios dijeron que estaban dispuestos a blanquear a los empleados, pero a cambio pidieron beneficios. Ayer, el titular de la Unión Propietarios de Empresas de Remises -que actúa en forma conjunta con la entidad que nuclea a los dueños de taxis-, Hugo Morales, aseguró que "tenemos la mejor voluntad de regularizar la situación porque el servicio ganaría prestigio y nuestras empresas valdrían mucho más". No obstante, le tiró la iniciativa al gobierno y habló de "medidas" para compensar el incremento de costos laborales.

En primer término, sostuvo que se debería "limpiar la calle" de remises y taxis truchos. En segundo, mencionó la posibilidad de una reducción de Ingresos Brutos y pidió que "a más modelo, el auto pague menos patente", para incentivar a las empresas a comprar 0 km.

El empresario discrepó con el número de conductores involucrados. Aseguró que a los 2.000 hay que deducirles los que son propietarios de las licencias -llamados permisionarios- y no dio crédito a que existan choferes que alquilan. Esto último, un hecho que hasta en el mismo gobierno comentan por lo bajo y que advierten que es muy difícil de comprobar.

La próxima cita está prevista para febrero. Correa dijo que llamarán a los empresarios y los gremios, para retomar las negociaciones.

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