Binner quiere cobrar deudas de la Nación

Binner quiere cobrar deudas de la Nación
Si no hay respuestas en 30 días, el gobierno provincial recurrirá a la Corte Suprema en reclamo de 4 mil millones. Ya contrató un estudio en Buenos Aires para que patrocine a Santa Fe.
Hermes Binner recibirá el miércoles a Cristina Fernández con un regalo que no hará muy feliz a la presidenta. Harto de esperar, el gobierno santafesino iniciará esta semana un recorrido administrativo –ante el Ministerio de Economía, la Afip, la Ansés y la Procuración del Tesoro– para reclamar deudas al Estado nacional por un monto de cuatro mil millones de pesos. Si en 30 días no obtienen una respuesta favorable de estos organismos, la gestión socialista acudirá a la Corte Suprema nacional, y en esa instancia la pelea amenaza ser hasta el final.

Entre los fondos adeudados, se encuentran los montos correspondientes al 15 por ciento de la coparticipación que Santa Fe deja de percibir cada año para financiar un déficit de la Ansés, que –según recalcan en el gobierno provincial– “no existe”. En ese punto, la deuda es doble. La gestión del Frente Progresista, junto a otros cuatro distritos que no se encuadran en el oficialismo, fue excluida del programa de “reconversión” del Plan Federal de Viviendas II. Ese proyecto remozado en enero pasado –que beneficiará a 18 provincias– dejó de nutrirse de fondos del tesoro y ahora pasará a financiarse con dinero de la Ansés.

Pero Santa Fe –que destina millones a las arcas del organismo dirigido por Amado Boudou– no sólo quedó al margen del nuevo plan, tampoco logró que se construyera ninguna de las 21 mil viviendas prometidas en 2007. Si la provincia sigue fuera del nuevo programa dejaría de percibir 1.760 millones de pesos para la construcción de viviendas.

La paciencia se terminó en la Casa Gris y, pese a la visita del miércoles de la presidenta a Rosario, aseguran estar dispuestos a dar la batalla judicial.

RUMBO A LA CORTE. El gobernador Binner instruyó a mediados de 2008 al fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, que preparara un detallado informe sobre los fondos coparticipables que Santa Fe no recibe y debería tener en caja. El 22 de diciembre pasado, a través del decreto Nº 3165, Binner designó al jurista Ricardo Gil Lavedra y al estudio de abogados capitalino de Gabriel Bouzat y Carlos Rosenkrantz para llevar adelante el litigio si no prospera la vía administrativa. “Todo será coordinado por la Fiscalía de Estado. Elegimos a estos abogados por su especialidad en este tema, de mucha exposición y de alta complejidad tributaria. Este caso puede ser el embrión de la revisión del federalismo fiscal”, le dijo a Crítica de Santa Fe un alto funcionario del gobierno santafesino.

“Si los jueces de la Corte Suprema de la Nación implementan el mecanismo de audiencia pública, con exposiciones orales –como ocurre en Estados Unidos y en Europa–, debemos tener a los mejores abogados para esa instancia”, aseguró el funcionario.

La Provincia entiende que la retracción puede zanjarse por la vía administrativa, pero advierte que la respuesta negativa del Estado nacional la empuja al litigio. El gobierno santafesino le pondrá un plazo de 30 días al Ministerio de Economía de la Nación, antes de llevar el reclamo a lo más alto del Poder Judicial.

Santa Fe pedirá federalizar el impuesto al cheque. También reclamará el 15 por ciento que se le sacó a las provincias con motivo de la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones en los 90. El gobierno socialista argumenta que no se puede seguir financiando a la Ansés –hoy superavitaria– que incorporó los activos de las AFJP y que financia fideicomisos por afuera del pacto federal de 1992. “Todos los reclamos suman alrededor de cuatro mil millones de pesos. Otras litigaciones son por falta de pago a la Caja de Jubilaciones”, adelantó un funcionario del Ministerio de Economía.

Además, explicaron, se reclamará que la Nación cumpla con el 34 por ciento obligatorio que debe coparticiparse a las provincias por ley. Se sumará la revisión del decreto Nº 1399 del año 2001 que creó un fondo de autarquía para la Afip. Se insistirá en la necesidad de que un porcentaje de la retención vuelva a la Provincia. Un informe contable del Ministerio de Economía de Santa Fe estimó que, desde su aplicación, se giraron a la Nación 700 millones de pesos. En 2007, solamente, fueron 136 millones y cerca de 100 hasta septiembre del año pasado.

DEUDA HABITACIONAL. El acto frustrado de Cristina el viernes pasado en Rosario por la lluvia es lo más parecido a una metáfora del presente de los planes de viviendas populares nacionales en Santa Fe: hacen agua. No se terminó una sola de las 21 mil viviendas del Plan Federal II prometidas en 2007 y aún restan finalizar más de 2900 del Plan Federal I anunciado en 2003. Además, cada uno de esos programas denotan una fuerte discriminación hacia la provincia. Por el Federal I, la Nación le debe actualmente 55 millones de pesos al gobierno provincial por dinero que puso la gestión Binner para dar fin de obra a 3.162 viviendas entregadas desde diciembre de 2007 a la fecha. A su vez, el programa de “reconversión” del Plan Federal II, que ya alcanzó a 18 distritos, dejó por ahora marginado a Santa Fe.

Esa readaptación con créditos blandos de la Ansés se da en el marco del plan de obras anticrisis anunciado en diciembre pasado por Cristina. Pero la provincia es una isla entre sus vecinos (todos con gobernadores afines al kircherismo) que sí fueron incluidos.

A cambio de esa deuda con el déficit habitacional, la presidenta sí realizaría el miércoles una apuesta fuerte para la ciudad de Rosario. “Hay gran expectativa por lo que podría ser la activación del programa Rosario Hábitat II”, admitió el secretario de Gobierno municipal, Horacio Ghirardi, que confirmó el acto del miércoles en la Villa Corrientes (La Lata), donde se finalizó uno de los programas del Rosario Hábitat I. Ese proyecto alcanzó en total a 5.238 familias en cinco años y el segundo lo hará con otras 7.500. Abarcará en ese segundo tramo, según datos del Servicio Público de la Vivienda (SPV), al 32 por ciento del total de 23 mil familias que hoy vive en villas.

Mora “absurda”

El intendente de Santa Fe, Mario Barletta, reclamó al gobierno nacional que “cumpla con sus obligaciones” de girar fondos para terminar una obra de desagüe que comenzó en 2007. Desde octubre del año pasado no llega un sólo peso y el municipio acumula una deuda de cinco millones. “Las empresas tienen un límite”, aseguró el mandatario radical, quien agregó: “También hay problemas con obras de los planes federales de viviendas”. Sobre los motivos del retraso en el envío de partidas, Barletta aseguró que “no sé si son motivos políticos o de otra naturaleza, lo que sí me interesa es que es un absurdo. No hay fondos nuevos para obras ni cumplen lo prometido”.

Empresarios advierten: “La rescisión está cerca”

La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Rosario reclama desde hace un año y medio que lleguen los fondos para activar los contratos para levantar 1.443 viviendas sociales del Plan Federal II. “El dinero no llega y la continuidad depende de cada empresa”, aseguró Federico Lufft, miembro de esa organización. Desde Pecam SA, la firma que tiene el módulo más grande (260 casas) de los siete que forman el mega plan Zona Cero, aseguraron que “cada día que pasa es más inviable y nos estamos acercando a la rescisión del contrato”. Desde septiembre de 2007, cuando se firmó el compromiso, el aumento de costos estimado es de 30% y el índice oficial que redetermina los precios sólo reconoce un 15%. La diferencia la asume cada empresa. “Además, cada contrato ocupa un lugar en la capacidad de contratación con el Estado y por mantener inactivo este plan se pierden otros”, explicó Ricardo Griot, vocero de Pecam, quien no se explica por qué no llega el anticipo del 15% para empezar a construir. Con 30 millones de pesos se activarían las 1.443 viviendas.

Comentá la nota