Binner comenzó a reclamar la deuda a Cristina

Presentó una “reclamación administrativa” ante la Nación por $ 1000 millones no girados sólo en concepto de impuesto al cheque. Faltan otros 3000 millones.
Tal como anticipó Crítica de Santa Fe hace diez días, la gestión de Hermes Binner comenzó a llevar a cabo de manera formal el reclamo por las deudas de cerca de cuatro mil millones de pesos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este miércoles, se presentó la “reclamación administrativa” para que la Nación declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias –impuesto al cheque– y devuelva a la provincia los fondos retenidos “inconstitucionalmente” al finalizar la vigencia de la emergencia económica.

Sólo por ese concepto, Santa Fe reclama más de mil millones de pesos. En este caso se trató de un “trámite de cortesía” para evitar litigar ante la Corte Suprema de Justicia, aunque si en 30 días no tiene una respuesta sí recorrerá ese camino.

El impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias fue establecido durante la emergencia económica de 2001, a través de la ley 25.413, para preservar el crédito público y recuperar la competitividad de la economía argentina.

Este impuesto –indirecto y concurrente según la Constitución Nacional– establecía como fecha límite de aplicación el 31 de diciembre de 2002. No obstante, merced a sucesivas prórrogas que modificaron la estructura distributiva del impuesto, se mantuvo vigente.

LOS CAMBIOS EN LA LEY. En febrero de 2002 se suscribió un convenio federal que resolvió modificar la estructura distributiva del impuesto al cheque. A partir de la nueva normativa (Nº 25.570), el 70% del impuesto ingresaría al tesoro nacional y sería administrado por “el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que ocasione la emergencia pública”, el 30% restante se coparticiparía a las provincias.

Una vez normalizada la situación, a fines de 2005, nuevamente se modificó el destino de ese tributo. Mediante la ley 26.180, promulgada el 19 de diciembre de 2006, se dispuso que el fin del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias era “contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”. Esta normativa sigue vigente.

Actualmente, el 70% del tributo ingresa al tesoro nacional y de la suma que implica el 30% restante, que se debiera coparticipar a las provincias, el gobierno nacional se queda con un 42% más.

La provincia ya reclamó entonces que“se declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos bancarios” y “se reintegre a la provincia los recursos inconstitucionalmente detraídos desde el 19 de diciembre de 2006”.

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