La norteamericana Red Chamber Co. no forma parte del contrato en cuestión, sino que quien arrendó los barcos y la planta pesquera de Puerto Madryn es una sociedad denominada: Adalia y tiene sede social en la calle Buenos Aires 473 de la ciudad de Trelew.

En representación de Adalia SA se presentó Mou Yu Shon y el acuerdo lo firmó junto al gobernador de Chubut, Martín Buzzi. Esta empresa fue creada el 22 de mayo de 2014 y en el Boletín Oficial de Chubut del 18 de julio se publicó el edicto donde se establece que los socios son: Felipe José García Melano, y Marcela Alejandra Millatureo. La sociedad fijó domicilio en Buenos Aires 473 de Trelew, indicándose que cuenta con un capital social de cien mil pesos ($100.000).

El hombre de origen asiático Mou Yu Shon, quien fue presentado como el vicepresidente para América Latina de The Red Chamber Co. estableció domicilio, a los efectos del contrato de alquiler, en la calle Buenos Aires 473 de Trelew. Allí tiene su oficina Felipe García Melano, quien según el Boletín Oficial, es accionista de Adalia SA junto a una mujer de apellido Millatureo, también domiciliada en Trelew.

García Melano, en el mes de enero, gestionó ante la Inspección General de Justicia el cambio de directorio de Alpesca, en nombre de Federico Otero, luego que este le comprara las acciones a Héctor Omar Segundo.

Conexión Barillari

Mou no llegó solo a Rawson, lo hizo acompañado del sobrino de Franco Barillari, cuya presencia no pasó desapercibida y abrió un sinnúmero de especulaciones hacia adentro del sector pesquero.

Este contrato de alquiler de los bienes y la planta de procesamiento de Puerto Madryn tiene un “ítem clave”, y es que el Gobierno se compromete a entregarle nuevos permisos de pesca para operar sobre langostino y la especie centolla. Y, allí es donde entraría en escena la familia Barillari, porque proveerían los barcos para pescar si es que la Legislatura le aprueba la creación de nuevas licencias pesqueras, lo cual está actualmente vedado por ley.

“El presente contrato entrará en vigencia una vez otorgados los permisos en su totalidad”, condiciona fija la cláusula décimo quinta del contrato firmado por Buzzi y Mou.

Empresas vinculadas al clan Barillari son recordadas en Chubut. En Comodoro Rivadavia dejaron a más de un centenar de familias en la calle, y también son recordados por el crédito que les otorgó el Banco del Chubut cuando estaba a punto de declararse en concurso de acreedores, esto fue durante la gobernación de Mario Das Neves.

Habrá zaranda

Asimismo, se determinó que “los buques y el inmueble constituyen una unidad productiva que deberá ser explotada con los trabajadores dependientes de la firma Alpesca SA”, excepto los que se acogieron al sistema de retiros voluntarios.

“Dichos empleados observarán asimismo prioridad en la realización de los cursos de capacitación a desarrollarse por la empresa con la supervisión del Sindicato de la actividad y la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut. En caso de que no se presenten los empleados de la firma Alpesca SA o que de la presentación y posterior aprobación de los cursos de capacitación, el número de trabajadores no alcance a ocupar la totalidad de los puestos de trabajo, liberará a la empresa a la contratación de trabajadores libremente hasta cubrir sus necesidades labores. La falta de presentación de los empleados o el abandono por parte de estos de los cursos de capacitación implicarán además la pérdida del derecho a cobro de los subsidios instrumentados por el Estado Provincial en vigencia”, indica otro párrafo del contrato sobre la forma de selección que se fijará para el personal.

No solo deberán participar de un curso de capacitación, sino que además aprobarlo y no faltar, caso contrario no serán admitidos en la empresa y tampoco tendrán derecho a cobrar subsidios.

“La Provincia y el Comité de Administración entregan la posesión y administración de los bienes a La Empresa, para que esta los opere y reinicie la explotación, por un plazo de tiempo de cinco (5) años, prorrogables por igual término, el cual se computará a partir del acta de entrega de la tenencia y posesión”, indica otro de los términos.

Opción a compra

“El contrato será renovado con carácter sucesivo hasta que la provincia culmine con el proceso de expropiación definitivo y adquiera la propiedad y pague los bienes expropiados, según la tasación legal fijada con autoridad de cosa juzgada o hasta que la empresa amortice efectivamente el costo de la inversión. En esta instancia La Empresa tendrá la exclusividad para adquirir dichos bienes expropiados, al mimo precio que el pagado efectivamente por la Provincia en el proceso de expropiación. Si La Empresa no hiciere uno de la opción de compra dentro de los ciento ochenta días (180) días de la efectiva titularidad de los bienes en el proceso de expropiación, el contrato tendrá vigencia hasta su vencimiento quedando librada la Provincia para ofertar bienes al mejor postor”, se indica en la cláusula quinta del contrato entre el Gobierno de Chubut y Adalia SA. Cabe reiterar que técnicamente la multinacional The Red Chamber Co, con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, no figura en ningún punto del contrato.

Alquiler compensado

“Las Partes establecen un precio locativo por el conjunto de los bienes en la suma de Pesos Trescientos mil ($300.000) mensuales, iguales y consecutivos, los que podrán ser compensados por el gasto que demande la reparación de los buques para habilitar su navegación y aquellas refacciones y modificaciones en planta estrictamente necesarias para asegurar su operatividad”, señala taxativamente otro punto. Como se recordará la mayoría de los barcos de la flota de Alpesca están en una delicada situación de mantenimiento, todos con sus certificados de navegación vencidos y algunos varados en la costa de Puerto Madryn, producto de un temporal ocurrido en abril.

“Los bienes se entregarán en el estado en que se encuentren sin que pueda alegarse desconocimiento de La Empresa. La Provincia garantiza que efectuará todas las gestiones necesarias para obtener el otorgamiento efectivo de las habilitaciones y autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, necesarias para la explotación de los bienes”, se aclara en otro tramo.

No son socios

El contrato especifica además que “en ningún caso se entenderá que existe una relación societaria, comercial y/o laboral entre La Provincia (del Chubut) y La Empresa (Adalia SA). Las partes en ningún momento inducirán a error a persona alguna sobre su carácter de personas jurídicas independientes, no sujetas a relación laboral o asociativa alguna”, insiste en clarificar.

Me das permiso

En el tramo final del contrato donde se alquilan los barcos y la planta de Alpesca, aparece una “cláusula extra” y que ya no tiene que ver con el arrendamiento de los bienes de la empresa que aún no ha sido expropiada de sus bienes, y refiere al otorgamiento de nuevas licencias de pesca. Un dato clave en todo este proceso.

“A fin de sostener un plan de trabajo sustentable en el tiempo que permita la generación inmediata y sostenida de la explotación y del empleo, La Provincia otorgará a La Empresa, previo cumplimiento de los requisitos estipulados por la normativa aplicable vigente un total de cinco permisos de pesca provinciales para embarcaciones menores de 21 metros de eslora y dos autorizaciones de captura experimental de centolla”, agrega el acuerdo. Y, el dato no es menor, porque aquí se pone un condicionante: “El presente contrato entrará en vigencia una vez otorgados los permisos en su totalidad”, es decir que el alquiler, la reparación de los barcos de Alpesca y la contratación de los trabajadores quedó condicionada a que la Provincia le entregue nuevos permisos de pesca a Adalia SA.

El contrato menciona entre paréntesis que Adalia SA está ‘con tramitación de cambio de nombre de la sociedad a RCA S.A.’, pero en ningún apartado se refiere a la norteamericana The Red Chamber Co.