La bicicleta de los Kirchner

Tras un año electoral en el que los gastos aumentaron, y la recaudación cae todos los meses, el Estado ha empezado a retrasarse en los pagos, en las transferencias y en las compensaciones
EL 19 de agosto, la ministra de la Producción, Débora Giorgi, era la funcionaria de más alto rango del Gobierno que había ido a celebrar el Día de la Exportación con los empresarios de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Enrique Mantilla, presidente de la entidad, empezó con su discurso: "Queremos agradecer a la ministra que hoy esté acá con nosotros y también por la mejora experimentada en julio en la devolución de los reintegros a las exportaciones de mayor valor agregado". No esperó siquiera al segundo párrafo para apuntar a uno de los temas que más preocupa a quienes venden al exterior.

¿Qué había pasado para que el agradecimiento se confundiera con el saludo durante esa mañana? Los exportadores tienen un régimen especial para la liquidación del IVA. Sucede que cuando compran materias primas o insumos ?que siempre tributan este impuesto? para luego elaborar y exportar bienes con valor agregado, el Gobierno les reintegra el impuesto, como una forma de alentar la producción local.

Pues bien, en muchas actividades esta devolución es clave para la viabilidad de la empresa. El Gobierno, con la prioridad puesta en la campaña electoral que terminó a fines de junio, había retrasado los pagos a los exportadores. El dinero tenía, entonces, otras prioridades. Y los hombres estaban molestos.

Más allá del agradecimiento, Mantilla continuó: "Esperamos que éste sea el principio de un cambio sobre el resultado del primer semestre cuando se estableció una deuda de $ 1200 millones por reintegros. Sabemos que las discusiones son fuertes, pero, ministra, le aseguramos que la causa es buena".

Así como los exportadores esperan la regularización de los pagos, hay muchos sectores que están corriendo con el costo financiero de un Estado pagador que no parece que transcurre por su mejor momento.

Y, para colmo, no se trata solamente de una situación que se dé sólo en el Estado nacional, sino que los gobiernos provinciales, incluido el porteño, también hacen malabares para contener los reclamos. El monto que podría estar incumplido por el estado nacional asusta: por lo menos, en la columna de las deudas se anotan 12.000 millones de pesos.

Según los dichos de Mantilla, el sector exportador reclama una deuda de alrededor de 1200 millones de dólares. Las aerolíneas de cabotaje, que tienen un subsidio para compensar la tarifa en algunas rutas, esperan que se pongan al día con los pagos desde julio de 2008. Ya llevan 13 meses de atraso.

Los contratistas de la obra pública, hombres acostumbrados a no gritar muy fuerte en contra de los gobiernos de turno, dicen que acumulan una deuda de alrededor de 8000 millones de pesos.

Las provincias también ven cómo se han desacelerado las transferencias que llegan o que tendrían que llegar desde la Nación. Y muchos productores que tienen compensaciones en su producción, y que son liquidadas por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), también se quejan de tener que soportar el costo financiero de los atrasos del Estado.

La percepción que existe es que la Administración Central tiene atrasos.

"Con relación a las quejas recibidas sobre la demora en el pago, se considera que son reales. Los principales ítems serían los subsidios al sector económico, los destinados a inversiones viales y en vivienda y la asistencia a provincias y municipios para la atención de convenios especiales", dice un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), uno de los organismos que mejor sigue los laberintos contables del Estado.

"Respecto de las devoluciones y reintegros de impuestos, hubo problemas en los meses anteriores, los cuales no se están pagando como el año pasado, dada la baja producida en la recaudación. Sin embargo, la deuda que se produce no se computa técnicamente como «deuda exigible» porque no figura como gasto presupuestario, sino como deducción de ingresos", finaliza el trabajo.

Todo empezó en los primeros meses del año. Según datos de la consultora Análisis de Coyuntura Macroeconómica (ACM), en enero, se liquidaron 100 millones de pesos en concepto de reintegros. Un año antes, durante el primer mes de 2008, los reintegros habían sido 250 millones de pesos. "Lo que también se nota de estos números es que cayeron las exportaciones de un año a otro, no sólo es atribuible a un atraso en los pagos", dice Maximiliano Castillo, economista de ACM.

Luz de alerta

Pero la luz de alerta se encendió en febrero. La cuenta de reintegros sumó "0", es decir no se le devolvió ni siquiera un peso a nadie, mientras que, en febrero del año pasado, los exportadores recibieron 475 millones de pesos.

El mismo panorama se presentó en marzo: fue otro mes de "0". En abril, mayo y junio, la canilla se abrió algo con 327 millones de pesos en el trimestre. Y luego sí llegó julio, el mes que le valió el agradecimiento a la ministra Giorgi, con 300 millones de pesos.

"Nosotros interpretamos ese mes como algo atípico. Consideramos que los atrasos continuarán, porque en agosto se liquidaron 200 millones de pesos, la mitad de lo que se pagó en agosto del año pasado", dijo un exportador de una empresa que podría considerarse grande, que prefirió no dar su nombre.

Castillo no considera que exista un atraso en toda la administración pública nacional. "No surge claramente de los números que publica el Ministerio de Economía que exista una situación de atraso de pagos generalizado. Claro que por ahí hay cifras que ni siquiera se notan en un gasto tan grande como el que tiene la administración pública, que paga alrededor de 20.000 millones de pesos por mes, incluidos los salarios. Pero claro, por ahí, ese atraso ahoga a un sector y esos números ni siquiera se ven en el número global", dijo el economista.

Algo así es lo que les sucede a los fabricantes de maquinaria agrícola, un sector en el que conviven una gran cantidad de pymes.

Además de presentar una caída de sus ventas del orden del 60% en el primer semestre del año frente al mismo período del año pasado -afectados por la crisis del campo y por la menor demanda externa-, estas industrias arrastran un retraso importante en la devolución del IVA.

"Para nosotros, es un enorme problema. Acá hay muchas pymes que tienen que soportar el costo financiero de esperar los pagos del Estado. Entonces, hay que recurrir a los bancos para sentarse a esperar. Y el costo que les cobran los bancos a las pymes es enorme", dijo un empresario de una industria de la zona de Santa Fe a LA NACION.

Al igual que en la maquinaria agrícola, en el mundo de la construcción y de la obra pública también conviven muchas pymes, con menos espalda que las grandes contratistas. El esquema diseñado en el Ministerio de Planificación Federal para la adjudicación de los planes de vivienda prevé que sean muchas pymes locales las que se queden con las obras, como una manera de no dejar sin trabajo a las más chicas.

Habla una alta fuente del mundo de la construcción: "Antes de las elecciones, se apuraron mucho las adjudicaciones en los planes de vivienda. Los gobiernos provinciales adjudicaban por cuenta y orden del nacional. Había que contratar gente y montar un obrador para mostrar movimiento".

Se montaron decenas de escenografías similares en todo el país, que luego eran utilizadas para actos políticos de todo tipo.

Prosigue el constructor: "En la actualidad, está virtualmente paralizado. No se está construyendo nada. Hubo algunas adjudicaciones de contratos antes de las elecciones. Se pagaron anticipos para que en los pueblos se vieran obradores y movimientos, pero, después de las elecciones, se terminó el dinero y no se avanza más".

Según datos muy bien guardados y que nunca llegan a ser oficiales, de la Cámara Argentina de la Construcción, el Gobierno mantiene una deuda con el sector que podría llegar a $ 4000 millones.

Ese monto es sólo una parte de la deuda que tiene el Estado con los constructores. De acuerdo con los mismos datos, habría una porción similar de atraso en contratistas de obras viales y energéticas, con lo que el monto que se le debe al sector rondaría los 8000 millones de pesos.

A fines de agosto, mediante el uso de los "superpoderes", el Gobierno sumó y movió de lugar varias partidas presupuestarias dentro del Ministerio de Planificación Federal. De un total de 2519 millones de pesos que se movieron, los que más se llevaron fueron los programas de vivienda y de obras públicas, que sumaron 1203 millones de pesos. Los constructores se ilusionan con que algo de ese monto sea para pagar deudas, y no para afectarlo a nuevos proyectos. "Por ahora, no se sabe nada", dice una fuente de una de las empresas que espera pacientemente sus pagos. Los que sí recibirán su pago son los adjudicatarios de la ampliación de la red de alta tensión de 500 kW que se extenderá en el norte argentino. Para ellos, se reservaron 828 millones de pesos destinados al pago para el inicio de las obras de ampliación de 1200 kilómetros de red, que fue adjudicada a los consorcios Intesar (de la cordobesa Electroingeniería) y Limsa (integrada por las constructoras locales Iecsa y Cartellone).

Los constructores conviven desde hace varios meses con un temor. Sucede que en el ministerio que maneja Julio De Vido se está confeccionando un censo para tener un número final de deuda y un listado completo y actualizado de proveedores. ¿El motivo? Nadie lo admite dentro del Gobierno, pero la sola existencia de este listado hace recordar a los contratistas a épocas anteriores, en las que también se acumuló mucha deuda y en las que todo terminó con la emisión de un bono.

"Es posible que se esté pensando en un bono. Por lo que se sabe, tienen idea de que se pueda descontar en algún banco público a cambio de un interés. Hay que ver qué pasa más adelante", contó un director de una empresa que tiene obras públicas en todo el país. Los constructores porteños ya tienen un antecedente muy cercano. El gobierno de Mauricio Macri acaba de aprobar una emisión por alrededor de 700 millones de pesos, que serán destinados a descomprimir la presión que tienen de sus proveedores.

Hay otro gran rubro en el que han mermado los pagos. Se trata de las transferencias a las provincias. Además de la coparticipación federal de impuestos, que es una cuenta que automáticamente dispara dinero a las provincias, el Estado nacional realiza mensualmente transferencias directas a los gobiernos provinciales.

Durante el primer semestre, coincidentemente con la campaña electoral, las transferencias a las provincias -netas de coparticipación- aumentaron a un ritmo vertiginoso. A modo de ejemplo, por caso, en junio se giraron $ 2700 millones, un 280% de lo que se envió en el mismo mes de 2008. En julio, y con la derrota a cuestas, el gobierno nacional envió $ 1899 millones, un 56% por encima de lo que sucedió en 2008. Castillo dice que técnicamente no se puede hablar de atrasos en este rubro. "Lo que sí existe es una desaceleración en los montos", sostiene.

Ahora, las provincias tendrán dinero extra para poder lubricar sus cuentas públicas. Ocurre que con la moratoria y el blanqueo que terminó a fines de agosto, las provincias recibirán el importe que les corresponde por la coparticipación federal de impuestos. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en lo que resta de 2009, los gobiernos provinciales recibirán $ 910 millones extra. Poco y nada, si se toma en cuenta que, por coparticipación, se giran mensualmente alrededor de $ 6000 millones.

$ 927

millones

* Es lo que el Estado liquidó en lo que va del año por devolución de IVA a exportadores, un 52% menos que en 2008.

$ 8000

millones

* Es el monto que el Estado tiene de deuda con los contratistas de obra pública.

$ 910

millones

* Serán coparticipados a las provincias en base a lo recaudado por el blanqueo.

US$ 1200

millones

* Adeuda a los exportadores de mercaderías por devoluciones atrasadas del IVA.

El efecto impositivo del blanqueo

* El blanqueo de capitales y la moratoria impositiva que terminó a fines de agosto trajo un poco de respiro a las arcas públicas. La AFIP anunció con la moratoria recaudó $ 14.749 millones, mientras que por el blanqueo ingresarán a las arcas públicas alrededor de $ 1000 millones extras.

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