La Bicameral ya tiene tres dictámenes

Expresan distintas posiciones con respecto al futuro de la empresa EDECAT y su relación con el Estado.
La Comisión Bicameral de Seguimiento, Control y Renegociación de los Contratos de Servicios Públicos ya tiene tres dictámenes respecto a la prestación de la empresa EDECAT. Uno de ellos fue firmado por la diputada Silvia Moreta y el diputado Oscar Brizuela; otro es del senador Daniel Saadi y un tercero pertenece a los asesores de la Legislatura Provincial.

El presidente de la Comisión Bicameral, Daniel Saadi, explicó que se analizarán las tres posturas para luego decidir si habrá una posición única o se concluirá en dos dictámenes: uno que represente a la mayoría y otro de minoría. La comisión convocó al ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña, para el miércoles 11 para responder sobre diversas inquietudes de los legisladores.

Uno de los puntos que genera tensión en la Comisión Bicameral es si su dictamen final deberá abordar sólo el decreto acuerdo 2080 del Ejecutivo Provincial -aquel que consideró que la empresa EDECAT incurrió en un grave incumplimiento del contrato de concesión y por ello se dispuso la ejecución de la garantía prendaria constituida sobre las acciones clase A de la empresa EDECAT- o si podrá pronunciarse sobre acciones anteriores de la misma empresa derivadas del incumplimiento del acta acuerdo que en 2006 firmó con el Ejecutivo Provincial.

Dictámenes

La diputada Silvia Moreta (PJ) realizó un exhaustivo análisis acerca del servicio energético, que incluye varios puntos. Para sintetizarlo, en las conclusiones sostiene que el Estado debe asumir la responsabilidad que le cabe en la prestación del servicio público. Agregan los legisladores firmantes que no se animan a decir de manera contundente que se debe estatizar el servicio "porque nos queda una gran cuota de incredulidad respecto a si el Gobierno puede llevar adelante la administración del servicio público".

El senador Daniel Saadi (FV) fijó su posición a partir de un dictamen elaborado por uno de sus colaboradores. En la conclusión expresa que el Estado Provincial debería determinar "en un plazo inmediato una salida jurídica y económica sobre cuál es la figura mediante la cual se va a seguir prestando el servicio de energía eléctrica, sea de naturaleza pública o privada, haciendo hincapié en que de seguir con lo dispuesto en el Decreto Acuerdo 2080, es decir la licitación de las acciones clase 'A', se obligue a quien resulte titular adjudicataria de esas acciones a formular un compromiso contractual ligado con el bienestar de la población de este pueblo, que obligue además al Estado Provincial a no desentenderse de los servicios".

El tercero de los dictámenes pertenece a los asesores de la Legislatura Provincial. En su elaboración participaron el subsecretario parlamentario de la Cámara Baja, Gustavo Aguirre, y el subsecretario administrativo de la Cámara de Senadores, Raúl Giné, entre otros.

El presidente de la comisión anticipó que el anhelo de la comisión es lograr una posición que aporte solución al conflicto por los servicios públicos. De igual modo recordó que la opinión no es vinculante.

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