La Biblia junto al calefón.

La Biblia junto al calefón.
Por Néstor O. Scibona.

Cuesta encontrar, en países con instituciones sólidas, casos de presidentes que se dediquen a anunciar con lujo de detalles rebajas de precios y cuotas para la venta de calefones, cocinas, termotanques, lavarropas o heladeras.

No tiene nada de malo si se trata de reactivar el alicaído consumo de bienes durables, excepto dos o tres reparos. Uno es político: cuando Cristina Kirchner explota el rédito de comunicar sólo buenas noticias, también se expone a pagar costos, sin fusibles de por medio, si los destinatarios no cubren sus expectativas cuando llegan a los mostradores. Otro es macroeconómico: el Gobierno cree y transmite que esta vía (junto con el impulso a la obra pública y la construcción de viviendas sociales) es la Biblia para evitar que el PBI se deslice por un tobogán, como ha ocurrido en los últimos meses, cuando en realidad su efecto es secundario. Los planes oficiales aseguran clientes para los sectores involucrados, por medio del acceso a una financiación barata que escasea. Pero no es fácil determinar hoy en día cuántos consumidores se ven tentados con estas ofertas a renovar sus artefactos para el hogar y cuántos retraen sus compras ante la incertidumbre en materia de ingresos o de empleo, en medio de un clima de desconfianza interna y de una crisis económica internacional que, por ahora, llega en cámara lenta a la Argentina. Lo mismo vale para los autos particulares, los taxis y la maquinaria agrícola.

Un tercer elemento es microeconómico. Como la mayoría de los planes se diseña de apuro, con la inspiración y la batuta de Guillermo Moreno, no abunda la prolijidad. Cuentan en privado algunos de los que participaron de las últimas negociaciones que el polémico secretario de Comercio Interior actúa igual que con los acuerdos de precios para productos de primera necesidad. Primero fija el precio final al que quiere que se venda cada producto (desde autos hasta calefones), y luego impone hacia atrás los márgenes en cada uno de los eslabones de la cadena de producción, distribución y comercialización. Algunos (como los fletes) están fijados "a ojo"; otros, como la chapa, dependen de valores con descuentos que pocos saben si conseguirán porque dependen de los buenos oficios del funcionario ("llaman de parte mía y compran a tal precio").

Este rudimentario procedimiento permite alimentar los permanentes anuncios desde Olivos, aunque después aparecen problemas instrumentales. Ocurrió con las heladeras, cuyos stocks se agotaron rápidamente, y hay demoras en las entregas porque las fábricas están de vacaciones. Aquí se previó que parte de los descuentos surgirían del recupero de chatarra con el canje de viejos equipos, pero no que una heladera se produce hoy con más plástico que chapa, ni el problema ambiental del gas freón que liberan los circuitos de refrigeración cuando se desechan los antiguos motores.

Con los autos económicos se buscaron tantos objetivos (acceso al primer 0 km; rebajas de precios de lista; modelos predeterminados por marca; (des)equipamiento básico, etcétera, con un solo instrumento (financiación accesible), que los vehículos sólo podrían estar disponibles a partir de marzo, ya que hasta ahora no se fabricaban con esas características.

Sin embargo, es difícil encontrar por ahora a empresarios que se quejen. Después de todo, el marketing oficial permitió acercar a muchos potenciales compradores a concesionarias y cadenas de electrodomésticos, que hace un par de meses mostraban salones semivacíos. Los más entusiastas tal vez no consigan los mismos productos, modelos y valores que promociona CFK por TV, pero si aceptan pagar una diferencia al contado, igual terminan llevándose otro de calidad algo superior aunque a mayor precio.

Bajo el signo de la sequía

El hiperactivismo de Moreno no termina aquí. Algunos de sus allegados anticipan que su próxima creación será el calzado escolar a menos de 50 pesos el par. Tal vez sea una mínima compensación para los padres, que deberán destinar mucho más de lo que ahorren en zapatos al próximo aumento de cuotas en los colegios privados.

Mucho antes de que empiecen las clases, el nombre del secretario de Comercio seguramente estará presente en otros círculos. La brecha entre el "IPC Moreno" (de 7,2% en 2008) y la inflación verdadera (que se ubicó en torno de 20%), será uno de los puntos de discordia en la discusión salarial de paritarias que arrancará en febrero, precisamente con el gremio docente.

Otro es el llamado oficial a la "sensibilidad y responsabilidad" de empresarios y sindicalistas de actividades privadas. Se trata, en realidad, de un eufemismo para decir que el Gobierno procura desindexar el ajuste de salarios en 2009, con el propósito de no alimentar el desempleo en los sectores más castigados por la crisis externa y la desaceleración económica interna. Para este año, las estimaciones inflacionarias privadas oscilan entre 10 y 15%; o sea que, en el mejor de los casos, se ubican 50% por encima del 7% anual que calculó prudentemente el Banco Central en su programa monetario.

Bien lejos de la euforia de un año atrás, el preludio de estas negociaciones no es el mejor. Aunque el ritmo de aumento de precios se ha desacelerado en varios rubros (carnes, indumentaria o combustibles, por ejemplo), en este verano los consumidores se ven afectados por aumentos en servicios públicos (transporte, electricidad), privados (TV por cable, telefonía móvil, expensas, turismo, servicios bancarios) e impuestos municipales. Todos ellos difícilmente queden reflejados en el nuevo y misterioso IPC, pero afectan los ingresos de bolsillo e implicarán mayor presión sobre las discusiones salariales.

La mayor preocupación está en los gobiernos provinciales, cuyos gastos en personal implican entre 50 y 70% de sus presupuestos, que -al igual que el nacional- no incluyen ningún ajuste. Allí, el problema es que los ingresos coparticipables caen y lo harán aún más con la ley de emergencia agropecuaria, que implica un sacrificio fiscal de 5000 millones de pesos anuales, de los cuales unos 2000 millones corresponden a las provincias, según la consultora Economía y Regiones.

La pérdida de cosechas por la sequía, que se suma a la caída de precios internacionales, agrega otra complicación que, al menos, merecería otro tratamiento ante la opinión pública. La respuesta oficial a este drama productivo es presentada casi como una concesión al campo por parte del Gobierno, que no se privó, además, de un demorado pase de factura a la Federación Agraria. Lamentablemente, el impacto macroeconómico del doble efecto sequía-caída de precios (que Aacrea estima en 10.200 millones de dólares para esta campaña, con una merma de 5800 millones de la recaudación fiscal por retenciones), no se contrarresta vendiendo más calefones.

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