Los cinco gremialistas fueguinos detenidos durante la madrugada del último miércoles en la ciudad de Ushuaia recuperaron hoy su libertad tras haber permanecido 48 horas detenidos, acusados de agredir al vicegobernador Juan Carlos Arcando durante una protesta contra la administración provincial.

La agresión contra el vicegobernador se produjo en medio de la fuerte crisis que vive la provincia de Tierra del Fuego por una protesta de la Unión de Gremios de Estatales, que mantiene paralizada buena parte de la administración pública luego de 65 días de reclamos contra una reforma jubilatoria y otras medidas de recorte del gasto impulsadas por la gobernadora Bertone. Durante las protestas, bloquearon el ingreso a la Casa de Gobierno.

Bertone dijo que corrigieron "los excesos en las asociaciones gremiales que otorgaban licencias a 500 personas que no iba a trabajar y que le costaban a la provincia 560 millones de pesos. La Provincia tiene 17 mil millones empleados públicos y el 98% del presupuesto está asignado a los salarios".

Explicó luego que "los que impedían el ingreso son los mismo que cortaron la ruta 3 en Semana Santa, los que impidieron el acceso a la planta que nos provee de combustible y amenazaron con volarla y que amenazaron y golpearon a mis funcionarios y a mí encapuchados".

Y remarcó que "muchos de estos sindicalistas están condenados y exonerados de la administración pública por la toma violenta a la Casa de Gobierno de la anterior gobernadora Fabiana Ríos".

Sin embargo la funcionaria explicó: "Ante esto, elegimos el diálogo y no reprimir. Decidimos que la policía no tenga tanta presencia y no aceptamos la ayuda en seguridad que nos ofreció el gobierno nacional. Preferimos el diálogo para superar el conflicto".

Sobre la actitud del resto de la sociedad fueguina dijo en TN que "está estupefacta frente a esto porque es un grupo minúsculo que lleva esta situación adelante".

"Ante esta situación, elegimos el diálogo y no reprimir", señaló.

Cabe recordar que los manifestantes reclamaron durante estos casi dos meses es la derogación de un paquete de leyes que modificó el sistema jubilatorio y el aumento de la escala tributaria provincial.

La situación de conflictividad social en la provincia llegó a un punto tan extremo que la gobernadora ante la imposibilidad de ingresar a la Casa de Gobierno, tuvo que instalar su oficina en un hotel.