La gobernadora Rosana Bertone solicitó este martes mediante nota a la Legislatura, que se deje sin efecto el trámite de urgencia de los seis proyectos de ley presentados por el Ejecutivo en los primeros días de enero.

En la nota dirigida a la vicepresidenta 1ra a cargo de la presidencia del Parlamento, legisladora Myriam Martínez, se aclara que el trámite de urgencia solicitado por el Gobierno se basaba en la necesidad de dar “respuestas inmediatas a las problemáticas más sensibles por la que atraviesa el Estado provincial” y entendiendo que el mecanismo constitucional previsto en el artículo 111 de la Carta Magna fueguina daría al Ejecutivo “las herramientas necesarias para la expeditiva y ágil atención de las demandas imperantes de nuestra sociedad” señala el escrito.

Al solicitar que se deje sin efecto el trámite de urgencia, la gobernadora Rosana Bertone aclara que es su voluntad “generar espacios de debate con la presencia del cuerpo legislativo en pleno” al momento de tratarse los proyectos. 

Entre los proyectos que habían sido remitidos, estaba la modificación de la 1070 y 1071 con tratamiento de urgencia, que está relacionado con modificar el quorum en los directorios de la Obra Social y de la Caja de Jubilaciones. El Poder Ejecutivo busca habilitar que los Directorios de esos organismos puedan sesionar con la presencia de dos de sus cuatro miembros.

En lo referente a la modificación de la leyes 735 y 834 relacionado al sistema previsional del servicio penitenciario, se propone cambiar el sistema. Específicamente estipula incrementar los años de servicio que deberán cumplir los efectivos que ingresen a posteriori de la sanción de la ley para acceder a la pasividad, llevándolos a 35 para el cuadro superior y a 30 para el cuadro subalterno.

Otro de los proyectos trata la declaración de la “emergencia habitacional y de infraestructura edilicia y equipamiento comunitario”. La iniciativa contempla la contratación directa de obras por hasta 5 millones de pesos y de hasta 10 millones por licitación privada, a fin de dar “mayor dinamismo” a los procesos administrativos y respuestas “más ágiles” a la población.

Pero el más resistido por distintos legisladores, era la modificación de las pensiones RUPE. Se propone crear el “Programa Especial de Complemento Social Provincial para beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez. Realiza un mix ya que una procentaje del haber del beneficiado es pagado por la provincia y el restante por Nación. Está vinculado al Decreto Nacional N° 432/1997”, que será de aplicación a los beneficios que otorguen a partir de la aprobación de la iniciativa, no así para aquellos que hubieran sido dispuestos al amparo de la ley provincial 389 (Régimen Unico de Pensiones Especiales).