Berlusconi y la Logia P-2

Por M.Bonasso.

En marzo de 198, la policía italiana secuestró papeles secretos de la logia masónica, entre los que sobresalía una lista con nombres de genocidas y terroristas de Estado argentinos. Y el nombre de “Berlusconi Silvio”.

El mediodía del lunes 13 de septiembre de 1982 la policía suiza detuvo en Ginebra a un señor que tenía dos pasaportes argentinos, uno a nombre de Marco Rizzi y el otro a nombre de Luciano Gori. Los dos eran falsos. El detenido, un sesentón muy bien trajeado, era nada menos que el “Venerable Maestro” Licio Gelli, capo de la Logia Propaganda Dos (P-2), una organización criminal vinculada a la escandalosa quiebra del Banco Ambrosiano, al atentado fascista de Bolonia que costó 83 vidas inocentes y, según algunos autores como el inglés David Yallup, al presunto asesinato del papa Albino Luciani, el fugaz Juan Pablo I.

Gracias a la celeridad de los policías helvéticos, el famoso “Titiritero” no llegó a retirar los 120 millones de dólares que guardaba en una cuenta numerada de la Unión de Bancos Suizos. Una cifra impensable para el hijo de un panadero de Arezzo que militó en Italia y en España en las milicias fascistas y cuando Mussolini y Hitler fueron derrotados pasó a colaborar fervorosamente con la CIA.

El detalle de los documentos argentinos no es menor. Hasta marzo de 1976 don Licio exhibía un pasaporte diplomático expedido por el gobierno de Juan Domingo Perón y luego por su viuda María Estela Martínez de Perón. Cuando Isabelita fue derrocada, el cargo diplomático y los pasaportes de Gelli expiraron, pero su amigo y correligionario de la “Pi Due” Emilio Eduardo Massera se ocupó de que le fabricaran algunos (falsos) en el sótano de la Escuela de Mecánica de la Armada. El mismo

lugar tenebroso desde el cual partieron hacia los vuelos de la muerte cinco mil desaparecidos. Varios de ellos de origen italiano, como Gelli.

Un año antes, en marzo de 1981, cumpliendo las órdenes de un tribunal de Milán, la policía italiana había allanado la lujosa villa Wanda, propiedad de don Licio en el paese natal de Arezzo. Allí los policías secuestraron papeles secretos de la logia masónica, entre los que sobresalía una lista con 963 nombres de industriales, políticos y militares, en la que figuraban 29 argentinos. Tres de ellos protagonistas principales del genocidio y el terrorismo de Estado: José “Brujo” López Rega, Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason y el “Almirante Cero” Emilio Eduardo Massera.

En el renglón correspondiente al fascículo 0625, Grupo 17, Nominativo Dott., Código E. 19.78, número de tessera (carnet) 1816, refulgía el nombre de “Berlusconi Silvio”, inscripto como industrial de Milán. En el mismo casillero estaba anotada su fecha de iniciación, el 26 de enero de 1978, y la de su egreso, el 31 de diciembre de 1982. O sea, cuando la justicia italiana ya había calificado a la P-2 como organización criminal y se había creado una comisión parlamentaria para investigarla.

Il Cavalliere Berlusconi negó insistentemente su pertenencia a esta siniestra masonería, que alcanzó resonancia mundial tras el escándalo del Banco Ambrosiano que salpicó al propio Vaticano, cuando el llamado “banquero de Dios” Roberto Calvi apareció colgado sobre el Támesis, en el puente Blackfriars, o sea –lo que es el amor por los símbolos de la mafia– el puente de los “monjes negros”.

Berlusconi desmintió hasta que la justicia italiana demostró que había integrado la sociedad secreta.

En estos días que corren, acicateado por su clásica verborrea, el premier italiano apareció en los diarios asociado a su antiguo conmilitón de la logia, el falso enfermo Massera.

El perito italiano Piero Rochini, que entrevistó al genocida argentino en su domicilio de esta capital, aseguró que el creador de los vuelos de la muerte exhibe “síntomas psíquicos ficticios”, en un “cuadro de simulación” para eludir la acción de la Justicia. Tanto de la argentina como de la italiana, ante la que debe responder junto con otros represores por la desaparición de tres ciudadanos italianos: Angela Aietta de Gullo, Giovanni Pegoraro y su hija embarazada, Susana Pegoraro.

En este preciso contexto, el primer ministro italiano hizo el siguiente chiste que lo hizo reír a él y al coro de obsecuentes que lo acompañaba: “Como aquella del dictador argentino que, para eliminar a sus opositores, los metía con un balón en un avión y luego abría la portezuela y les decía: ‘Es un bello día, salgan a jugar’”.

De nada sirve que agregara: “Puede dar risa pero es dramático”. Tampoco que ahora, ante la protesta de la Cancillería argentina, de las Madres y Abuelas y de las propias organizaciones humanitarias italianas, intente la salida clásica de los políticos bocones: “Sus dichos fueron sacados de contexto”. No hace falta haber leído a Freud y conocer la relación entre el chiste y el inconsciente para dictaminar que Berlusconi tiene un inconsciente canalla.

Italia fue el primer país que inició un juicio contra la represión clandestina, cuando el gobierno de nuestro propio bocón Menem impedía que se sustanciaran en la Argentina. España, con el juez Baltasar Garzón a la cabeza, y Francia, que condenó en rebeldía al “Ángel de la Muerte” Alfredo Astiz por el secuestro de las monjas francesas, cobijaron hitos judiciales de una conciencia internacional a la que no le parecieron para nada chistosos los vuelos de la muerte, en los que Emilio Massera involucró a toda la oficialidad de la Armada para sellar un pacto de silencio.

Considerando casos de italianos nativos, como los de tantos descendientes de italianos, el gobierno peninsular ordenó en enero de 1983 la primera investigación judicial sobre los desaparecidos italianos en la Argentina. Estaba fresco el escándalo producido por las maniobras siniestras de la Logia Propaganda Dos (P-2) y los diarios recordaban que Licio Gelli había ostentado un cargo oficial en la embajada argentina en Roma. Gracias a los esfuerzos solidarios de muchos italianos, en diciembre de 2000 el tribunal penal de Roma condenó en ausencia a Carlos Guillermo Suárez Mason y a su colega en el genocidio, Santiago Omar Riveros.

Pero no siempre ocurrió así. La tarea de familiares, abogados y militantes de los derechos humanos sufrió algunos contrastes en Italia por la subsistencia junto a los solidarios de los que eran cómplices de la dictadura argentina. Así, el represor Jorge Antonio Olivera, autor del secuestro –entre otros– de Marie Anne Erize, logró zafar de la prisión en la que lo habían puesto los jueces italianos por pedido de la justicia francesa, entregando un acta de defunción falsa. No por casualidad los jueces lo dejaron regresar a la Argentina, y su abogado defensor, Augusto Sinagra, era miembro como Berlusconi de la –aparentemente extinguida– Logia P-2.

Éste es el contexto del que no habla Berlusconi.

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