Berlusconi legaliza las patrullas ciudadanas contra la delincuencia

Berlusconi legaliza las patrullas ciudadanas contra la delincuencia
El primer ministro firmó una ley con diversas medidas para apaliar la ola de agresiones sexuales. La medida más controvertida del paquete es la creación de rondas de vecinos por la inseguridad
"Las medidas, orientadas entre otras cosas contra la violencia sexual, fueron aprobadas por unanimidad", declaró el ministro de Defensa, Ignazio La Russa, tras la sesión del gabinete en Roma.

La medida más controvertida del paquete es la creación de rondas ciudadanas. Se trata de "fomentar el voluntariado por la seguridad pública" evitando al mismo tiempo "la justicia descontrolada por propia mano", explicó el ministro del Interior, Roberto Maroni.

"Las rondas ciudadanas sólo están equipadas con teléfonos móviles y radios, y deben ser organizadas y controladas por los respectivos alcaldes y prefecturas de Policía", añadió. Los ex miembros de la Policía y de los carabinieros tendrán prioridad para integrarlas.

Berlusconi justificó que "el gobierno eligió la forma del decreto de urgencia para actuar con rapidez ante los hechos del último tiempo y sus consecuencias".

El mandatario aludió así a la ola de brutales violaciones que los últimos días se produjeron en grandes ciudades del país y que acapararon una cobertura masiva de los medios. También derivaron en ataques contra colectivos inmigrantes, en particular contra rumanos.

Además de las rondas civiles, el decreto también prevé aumentar en 100 millones de euros el presupuesto del Ministerio del Interior e incrementar en 2.500 efectivos el cuerpo de Policía antes de fines de marzo.

Además extiende con carácter inmediato de dos a seis meses el tiempo máximo de detención de inmigrantes sin papeles en centros de acogida.

"La conformación de milicias civiles significa una denegación del estado de derecho", dijo monseñor Antonio Marchetti, secretario del Consejo Vaticano para la Migración. "Criminalizar la inmigración ilegal y manejarla como si fuera un delito común implica no reconocer el derecho a la emigración", añadió.

Maroni, defensor de una dura política contra los inmigrantes ilegales, desmintió hoy informaciones de medios rumanos que lo acusaban de haber empleado a inmigrantes rumanos que no estaban regularizados en Italia.

Maroni anunció pasos legales contra el diario "Cotidianul", que publicó esas informaciones, citando a la cónsul general de Rumania en Turín, Iulia Buje. El Ministerio de Exteriores en Bucarest llamó a Buje a consultas.

Según la información publicada hoy, entre 1998 y 2000, Maroni intentó en varias ocasiones como diputado que el consulado general en Milán arreglase la situación de una empleada y dos hombres que trabajaban ilegalmente para él. Buje, que entonces trabajaba en el consulado de Milán, habló personalmente con Maroni al respecto.

Comentá la nota