Berhongaray reclama por la reglamentación

Argumentos: en los fundamentos, el legislador radical planteó que "es sabido que nuestro país cuenta con una legislación ambiental y de los recursos naturales dispersa, asistemática y multijurisdiccional creando crisis de competencia".
El diputado provincial del Frepam, Martín Berhongaray, presentó un proyecto reclamando la inmediata reglamentación del Régimen de gestión Ambiental de aguas", laley Nº 25.668, para establecer presupuestos mínimoso de protección ambiental.

El fin es establecer los presupuestos mínimos de protección del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. También proveer a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Y obligar a recomponer el daño ambiental causado.

"La permanente superposición de funciones y jurisdicción de los organismos nacionales, entre sí y con los provinciales, genera en muchos casos situaciones de difícil solución, pues se mezcla lo técnico con lo político", indicó el legislador.

Y describió que a partir de la reforma constitucional de 1994, el Congreso Nacional se erigió en depositario de la misión de sancionar una legislación general del ambiente y de los recursos naturales que fije políticas oficiales relativas a la protección, utilización racional, preservación e información, sin necesidad de adhesión por parte de las provincias.

Eso ocurrió en 2002, con la sanción de la ley Nº 25.688 que estableció los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Creó, para las cuencas hídricas interjurisdiccionales, los comités de cuencas con la misión de colaborar con la gestión ambiental y asesorar a la autoridad de aplicación nacional , y dispuso que para utilizar las aguas de las cuencas interjurisdiccionales será vinculante la aprobación por el Comité de Cuenca correspondiente.

Sin embargo, "muchas de las buenas intenciones consagradas por la Ley nacional quedaron truncas frente a la falta del dictado de la reglamentación exigida por el art. 9° de la Ley 25.688 que acuerdó al Poder Ejecutivo Nacional un plazo de 180 días para llevarla a cabo", lamentó Berhongaray.

"Habiendo transcurrido más de 7 años desde su sanción, no sólo no se ha procedido a reglamentar la Ley, sino que tampoco el Poder Ejecutivo dictó las resoluciones necesarias para su aplicación.

Por ello, se debe destacar la palmaria necesidad de la sanción de la reglamentación peticionada a fin de precisar muchos de los postulados descriptos por la norma referida, estableciendo parámetros claros, responsables, ciertos y posibles que permitan ajustar el cuadro de condiciones para lograr el desarrollo sustentable y evitar la alteración del equilibrio ambiental", argumentó.

"Sin lugar a dudas, la aplicación estricta de la Ley 25.688 y de su reglamentación conllevará la modificación de todos los esquemas legislativos, ya que las provincias podrán legislar complementando la normativa nacional, mejorando los mínimos pero nunca disminuyéndolos. De este modo, se determinará una base inamovible, un piso mínimo que brindará coherencia, homogeneidad y seguridad jurídica a la administración de los recursos naturales en todo el ámbito nacional", apuntó.

"Obligará a retroceder en sus actitudes arbitrarias e irresponsables a muchas de las provincias que han avanzado más rápido que la Nación en la sanción de una profusa legislación ambiental y de los recursos naturales, como es el caso de Mendoza", conjeturó Berhongaray.

Y opinó que "sólo así será posible erradicar la anarquía que genera que cada provincia dicte su propia legislación en materia ambiental y conserve el dominio sobre los recursos naturales dentro de su territorio.

Huelga decir que la injustificable falta de reglamentación de la Ley Nacional no obedece a un olvido o descuido de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Indudablemente, todo lo que signifique defender con eficacia el medio ambiente afecta, en muchos casos, importantes intereses económicos y políticos".

En ese sentido, evocó el reciente veto presidencial a la denominada 'ley de glaciares' y la siempre postergada postergada limpieza del Riachuelo.

"Sin ir más lejos, desde el año 2008 todo el arco político de La Pampa viene aunando esfuerzos junto a diversas organizaciones sociales e instituciones del medio en defensa del Río Colorado en oposición al proyecto minero 'Potasio Río Colorado' que amenaza con contaminar la calidad de sus aguas", añadió.

"Dsde hace décadas La Pampa es víctima de intereses de Mendoza que no duda en romper el obligado caudal fluvio ecológico que la Suprema Corte de Justicia exige respetar en la explotación del Río Atuel. Por el contrario, en general, sólo dejan correr hacia el territorio pampeano aguas altamente salinizadas provenientes de sus drenajes. Va de suyo que en muchos casos ni siquiera les preocupa que no llegue una gota de agua del Atuel a nuestra provincia", concluyó.

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