El diputado Martín Berhongaray elaboró un proyecto para pedirle informes al Ejecutivo sobre la situación de los detenidos en las comisarías pampeanas. El legislador consideró que la “creciente presencia” de personas en esos establecimientos es “una preocupante realidad que hace largo tiempo aqueja a muchas provincias argentinas y respecto de la cual se han dictado fallos trascendentes que obligan al traslado a unidades del Servicio Penitenciario”.

La situación de las comisarías y alcaidías ha sido puesta en visibilidad especialmente por los planteos de los defensores, que denunciaron el hacinamiento y otras formas de maltrato, al punto de que el Poder Judicial dictaminó al menos en el caso de la Seccional Segunda que se desalojaran las celdas hasta ponerlas en condiciones. Hubo otras presentaciones de habeas corpus.

El dirigente del Frente Pampeano se dirige al ministro de Gobierno y Justicia Leonardo Villalva para que precise las dependencias donde hay detenidos y la cantidad de alojados. También se reclama una descripción de las condiciones materiales del alojamiento en cada una de las dependencias. En particular, especifique capacidad y espacios de las celdas de aislamiento y detalles de la estructura edilicia (superficie, mobiliario, calefacción, ventilación, etc.), espacio libre disponible en cada establecimiento y condiciones de higiene de los baños.

Berhongaray indaga además en los criterios utilizados para la disposición de los detenidos dentro de los establecimientos (edad, sexo, tipo de delito presuntamente cometido, etc.); si existen dependencias para delitos de carácter especial; cuáles son los índices de reingreso; si se aplica a los detenidos alojados en establecimientos del estado provincial métodos o tratamientos de resocialización específicos.

También quiere saber si se llevan a cabo actividades de esparcimiento; si se aplica algún régimen de progresividad de la pena; la cantidad de detenidos trasladados al Servicio Penitenciario Federal a lo largo de los últimos tres años; si a los detenidos se les otorga puntaje o guarismo y, en caso afirmativo, si el mismo es comunicado al Servicio Penitenciario Federal al momento de efectivizar los traslados y si existe un "plan de acción" por parte del Estado “para revertir esta preocupante realidad”.

Berhonhgaray señaló que su iniciativa va en línea con la preocupación plasmada en un proyecto del 5 de agosto de 2011. “Es sabido que la acuciante cuestión de la inseguridad avanza por diferentes carriles y nada se logra si no se produce un armónico tratamiento de los componentes que iluminan esta cuestión”, dijo.

Aseveró que hay “una falla evidente de la política de seguridad”, que “determina que muchas comisarías y alcaidías de nuestra Provincia se encuentren convertidas virtualmente en cárceles, y que un importante número de efectivos policiales deban asumir tareas propias del personal penitenciario”.

Recordó que “las comisarías y alcaidías no cuentan con la preparación y los requerimientos que exige un programa de necesidades carcelario y si bien podrían excepcionalmente albergar el tránsito circunstancial de detenidos, los sectores de celdas y calabozos resultan ediliciamente inadecuados para alojar este tipo de internos por plazos prolongados”.

Además, refirió al “nivel de saturación en muchas de estas dependencias provinciales”, que “agrava el cuadro toda vez que incrementa el riesgo cierto, no sólo para los detenidos sino para los propios efectivos policiales encargados de custodiarlos”.

“Nadie desconoce que la superpoblación de internos y la consecuente situación de hacinamiento provocada, favorece la generación de conflictos y los enfrentamientos, muchas veces con desenlaces fatales”, advirtió Berhongaray en los fundamentos de su proyecto.

Recordó además que diversos tratados internacionales incorporados a la Carta Magna y dotados de jerarquía constitucional, “ordenan desterrar la violencia institucional que depara la sobrepoblación de internos”.

El diputado remarca que “resulta por demás claro el mandato constitucional expresado por el artículo 15° de nuestra texto provincial que refiere que ‘los establecimientos penales de la Provincia serán sanos, limpios y adecuados para facilitar la readaptación social de los presos o reclusos. Toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que la seguridad exija, hará responsable a quienes la autoricen, apliquen o consientan’”.

“Tales postulados no se cumplen cuando se alojan detenidos en establecimientos sobreocupados, con internos desprovistos de calificación, sin tratamiento serio y con altos índices de reingreso”, aseguró.

Reiteró que “resulta preocupante la situación de aquellos privados de su libertad que, en cumplimiento de convenios celebrados entre nuestra provincia y el Servicio Penitenciario Federal, terminan con traslados a dependencias de este último organismo nacional, toda vez que se desconoce el puntaje asignado previamente a cada interno en los establecimientos provinciales de detención. Ello reviste crucial importancia habida cuenta que de conformidad con lo estipulado por la Ley Nacional n° 24.660, el régimen penitenciario se encuentra caracterizado por su progresividad, registrándose diferentes períodos evolutivos que tienden como fin último a la reinserción social de las personas privadas de su libertad”.

Además destacó que “la especificidad de la labor desarrollada por aquellas personas que tienen a su cargo diversas tareas que conllevan el trato directo con personas privadas de su libertad, requiere una preparación específica y un entrenamiento constante, que debe ser especialmente considerado e implementado”.

Avisó, finalmente, que en otras jurisdicciones el Poder Judicial comenzó a prohibir el encierro de internos en comisarías por entender que no respetan los estándares constitucionales mínimos.