Norberto Beliera salió a responderle Agustín Siboldi, Juan Pablo Fratantoni y José Luis Zapata, abogados integrantes del equipo de energía del Estudio O´Farrell; quienes en una nota de opinión expresaron que los honorarios a pagar a los profesionales deben correr por cuenta de las empresas.

“Lejos de clarificar el debate, dan una visión sesgada de la realidad, intentando desprestigiar a los Colegios Profesionales y a las Cajas de Previsión, con el único objetivo de que las empresas abonen honorarios según su exclusiva conveniencia”, expresó Beliera.

En la nota que realizaron los abogados, expresaron que “es usual que las leyes de aranceles establezcan exigencias tales como que ningún profesional puede renunciar el cobro de los honorarios previstos en la ley ni percibir sumas menores a las que se establecen en ella”. Luego cuestionan las tablas de honorarios porque, a su entender, “el profesional debe acceder a un honorario acomodado a las tareas que cumple”.

En este sentido, el Presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires salió al ataque “¿Quién debería entonces valorar el trabajo profesional de los Proyectistas, Directores de Obra , y/o Representantes Técnicos, etc, en la ejecución de los llamados Parques Eólicos? Según dichos letrados: ni la ley, ni las entidades profesionales, ni las cajas de previsión: debería ser la empresa, es decir quien detenta el poder en la negociación. Sabemos que detrás de la pregonada libertad absoluta de contratación se esconde el poder económico de los más fuertes”.

Beliera explicó que el Estado Nacional es quien otorga validez a los títulos universitarios, mientras que las provincias son las que controlan que el ejercicio de esas actividades se haga de un modo legal y responsable. Estas dos acciones que desarrollan la Nación y las Provincias en forma  excluyente el  uno  de las otras, apuntan a un mismo objetivo: el “orden público”.

En tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la nación, ha dicho que “los Colegios Profesionales son organismos en los cuales se delega el gobierno de las profesiones con el control de su ejercicio regular y un régimen adecuado de disciplina”. “Los colegios, no son instituciones gremiales, sino que, tienen como función prioritaria, la de servir a la comunidad toda, representando al estado en los roles delegados. Esta finalidad fundamental, los aleja total y absolutamente de la concepción corporativa”, explicó el Ingeniero y agregó que “una de las facultades que las provincias han reservado para sí y que se halla contenida en la regulación del ejercicio de las profesiones, es la de establecer los aranceles mínimos y los aportes jubilatorios”.

En realidad, el centro de las objeciones de los representantes del Estudio O Farell está “en la oposición a abonar a los profesionales los honorarios que imponen los aranceles provinciales, y los consecuentes aportes jubilatorios establecidos por ley de la Legislatura Provincial. Por el contrario, reivindican los acuerdos privados, aunque ellos no se compadezcan con la norma legal; es inconstitucional lo que proponen”, objeta Beliera.

“Para obrar de barrera de contención a los factores de poder que pretenden el menoscabo del trabajo profesional, precarizando la labor en desmedro de la seguridad pública y el bien común; el Estado ha entendido que las profesiones deben estar sometidas a su control en muchos aspectos, entre ellos: que la contratación de sus servicios se realice por honorarios no inferiores a los mínimos establecidos para cada tarea; de modo que la competencia entre pares sea por su solvencia técnica, responsabilidad y consecuente prestigio, y no por un supuesto menor costo para la empresa”, finalizó el Presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.