Belén: los vecinos se organizan para conseguir el techo propio

Hasta ayer, no habían tenido noticias desde el IPV. Irán con propuestas concretas a exigir soluciones.
Aunque hasta ayer no habían tenido noticias ni explicaciones de parte de las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), los vecinos que quedaron excluidos de la entrega de viviendas que, con la máxima reserva y sin acto público, se realizó el jueves pasado, se organizan con propuestas concretas para exigir soluciones. Las 44 familias que mantuvieron a fines de diciembre y por casi 10 días una suerte de ‘custodia' de los barrios que iban a ser entregados -en disconformidad con el listado de beneficiarios que confeccionó el IPV- se dividieron en dos grupos de 22 familias cada uno para gestionar soluciones a sus problemas habitacionales.

Ayer, en simultáneo, los dos grupos se reunieron en distintos puntos de la ciudad de Belén para definir los pasos a seguir.

Desde la Plaza de los Fundadores del barrio de Huaco, un grupo de vecinos consensuaba ayer a la tarde una lista con las familias que, con mayor urgencia, requieren de una vivienda. Presentarán ese listado al IPV con la intención de que ese grupo -de no más de 7- pueda ser incluido entre los beneficiarios de las casas próximas a adjudicar en el barrio El Molino.

Nadia Carrizo, en representación de ese grupo, manifestó que permanecían en asamblea permanente hasta que llegue una solución. La mujer se preocupó por aclarar: "Nadie nos instó a tomar los barrios, lo hicimos por decisión propia, por la injusticia que hubo al no permitirnos ver el listado", señaló y aseguró que las condiciones para impugnar las adjudicaciones son imposibles de cumplir: "Para impugnar, el IPV nos pide como prueba la escritura de los que fueron adjudicados. Eso les correspondería hacer a ellos", razonó.

El otro grupo de vecinos se reunió, con vistas a organizarse, en las inmediaciones del anfiteatro del barrio 250 viviendas. Allí acordaron elevar al IPV y al senador de Belén, Ricardo Castellanos, una presupuesto para la adquisición de un predio donde se podrían construir -estiman- 20 viviendas, dando solución al grueso de los vecinos que movilizan el reclamo, ya que otras tres familias dispondrían de terrenos para construir sus viviendas a través de una operatoria del IPV.

También esperan que el IPV cumpla la promesa de incluir a algunas de las 22 familias entre las beneficiarias del barrio de 50 viviendas que se va a entregar en los próximos meses.

Andrea Olivera, otra vecina que lidera el reclamo, apuntó nuevamente al organismo encargado de la construcción de viviendas en la provincia: "El IPV no contesta muchas de nuestras preguntas, por ejemplo cuáles son los criterios para elegir a los adjudicatarios. ¿Cómo puede ser que le den casa a una persona que se inscribió hace un año y tiene un solo hijo cuando hay personas con 8 hijos, con los papeles al día y que viven en habitaciones de 2 x 2? Supuestamente viene una asistente social", cuestionó.

La polémica por la distribución de las viviendas sociales estalló el 22 de diciembre, un día antes del acto de entrega de viviendas que se frustró por el malestar de vecinos que cuestionaron el listado de adjudicatarios. Siguió con una toma simbólica de los dos barrios y se reavivó el viernes pasado, cuando trascendió que se habían entregado, en reserva, las viviendas que estaban en disputa.

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